37 AÑO 7 - Nº 339 / NOVIEMBRE 2026 enfoque estratégico y multiactor buscando articular, por un lado, decisiones, responsabilidades y mecanismos de participación en la interrelación de las empresas mineras y los actores del territorio impactado por la minería. Esta definición constituye una síntesis conceptual que requiere apoyarse en distintos fundamentos científicos. Primero, institucional. Glückler y Gutiérrez (2025), a través de una crítica institucional de la licencia social para operar, cuestionan la perspectiva que equipara la ausencia de conflictos con aceptación social. A partir de un proyecto minero chileno, proponen examinar los contextos institucionales, los procesos de gobernanza y la construcción de consensos legítimos. Este aporte permite reconocer que las relaciones que anhelan sostenibilidad no dependen solo de las acciones empresariales, sino también de las reglas de juego, las acciones institucionales y las expectativas compartidas. Segundo, la legitimidad y la confianza. Stuart et al. (2023) explican que los juicios individuales sobre la licencia social se construyen mediante información oportuna, percepciones y procesos de valoración transparentes, mientras que las relaciones de poder pueden condicionar su expresión. Es decir, una participación aparentemente favorable no demuestra necesariamente que exista aceptación legítima englobada en confianza. Tercero, la justicia procedimental. Okada (2024), mediante un experimento con proyectos mineros hipotéticos en cuatro regiones peruanas, encuentra que escuchar y respetar las opiniones locales influye de manera positiva e incrementa la probabilidad de aceptación. El estudio evidencia que los procedimientos participativos poseen relevancia propia, más allá de los beneficios económicos ofrecidos. Figura 1. Fundamentos de la gobernanza social minera.
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