MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero MINERÍA / MAYO 2023 / EDICIÓN 548 87 La relación e interacción entre la empresa y la comunidad también se da con un enfoque legalista (enfoque basado en derechos) y cuando se considera la vulneración de derechos, las partes suelen escalar la situación al nivel del enfoque del poder y ejercicio de la fuerza. Por ejemplo, las empresas demandan el respeto a sus derechos sobre concesiones y el cumplimiento de acuerdos, no es extraño escuchar que algunos reclamar por el principio de autoridad y el respeto al Estado de Derecho, y cuando el conflicto escala, el Estado interviene con el uso de la fuerza pública, ya sea policial o el ejército cuando se declara estado de emergencia y algunas garantías constitucionales son suspendidas. Por otro lado, las comunidades demandan, también con un enfoque basado en el derecho, el respeto a derechos de propiedad, a derechos colectivos, protección del agua y ambiente sano, y el derecho a ser consultados para participar en la toma de decisiones; cuando sienten que sus derechos son vulnerados, también escala el conflicto y utilizan el enfoque basado en el poder, así utilizan plantones, marchas, huelgas y protestas para que sus derechos sean respetados. ¿Cómo juegan los actores el juego extractivo? ¿Cómo se relacionan e interactúan los actores del juego extractivo para la implementación de proyectos de inversión minera? De acuerdo con la Figura 4, la interacción entre los actores interesados es como se describe a continuación: Empresa – Gobierno Cuando una empresa desea implementar un proyecto de inversión minera en un país debe cumplir con las formalidades legales para obtener derechos sobre concesiones, así como permisos y autorizaciones con el fin de realizar las actividades necesarias para lograr la implementación y operación de sus planes. En este sentido, para el uso y explotación de recursos minerales del Estado por parte de las empresas, estas deben contribuir con el pago de impuestos, canon y regalías al Estado, quien utiliza estos fondos para cumplir con sus funciones para el desarrollo de los pueblos. Esta es una relación básicamente legal, con un enfoque legalista para hacer cumplir el marco jurídico y regulatorio de la actividad minera y cumplir con las obligaciones de Estado. Una de las obligaciones de las empresas minero extractivas es cumplir con el ordenamiento jurídico ambiental y, por lo general, se les requiere que cumplan con la elaboración y presentación de instrumentos ambientales, como por ejemplo, Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que muchas veces su elaboración es tercerizada a empresas especializadas. Cabe indicar que la elaboración de estos estudios no solo se debe realizar desde gabinete, oficinas centralizadas, también debe hacerse trabajo de campo y, en consecuencia, también hay interacción entre las empresas y las comunidades. La elaboración de los EIA está también enfocada como un cumplimiento legal y el marco regulatorio también genera las condiciones para este tipo de interacción. Cabe mencionar que algunas veces estos estudios son cuestionados por la población, que no confía es ellos y no les atribuyen credibilidad. Se deben implementar mejores procesos de generación de información para que las comunidades y su población tengan mayor participación y sus intereses, preocupaciones y aspiraciones puedan ser escuchadas y generar credibilidad por la elaboración conjunta de instrumentos ambientales. Cuando se producen situaciones de conflictividad social, las empresas acuden al gobierno para que este intervenga y logre la paz social necesaria que les permita operar sus proyectos de inversión. Gobierno – Comunidad Cuando el gobierno recibe fondos generados por la actividad minera en cumplimiento del marco regulatorio, el Estado está habilitado con
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