MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 578 / NOVIEMBRE 2025 54 el desarrollo del país. Diversos estudios respaldan este potencial. Por ejemplo, se estima que un incremento del 10% en la inversión pública puede impulsar el crecimiento del PBI en 1.3% (Adame, et al., 2017), mientras que un aumento de un punto porcentual en el capital de infraestructura por trabajador incrementa el PBI per cápita entre 0.23 y 0.29 puntos porcentuales (Loaiza & Esquivel, 2018). Asimismo, una inversión de US$ 1,000 millones en infraestructura podría generar hasta 35,000 empleos directos y 5,000 indirectos (Rivas, et al., 2020). No obstante, estos beneficios solo se alcanzan si la inversión se ejecuta con eficiencia. En muchos países, incluido el Perú, las deficiencias en las capacidades institucionales, la falta de planificación estratégica, la débil ejecución de proyectos y la corrupción explican las ineficiencias en la inversión pública (Llempén, et al., 2024). De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2015) señala que un aumento de 1% del PBI en inversión pública genera apenas un crecimiento de 0.3% en contextos de baja eficiencia, mientras que ese impacto puede duplicarse en escenarios con una gestión eficaz. En este contexto, la transparencia se convierte en un elemento clave para mejorar la eficiencia del uso de recursos públicos. La rendición de cuentas –tanto horizontal entre entidades del Estado como vertical hacia la ciudadanía– fortalece los incentivos para una mejor gestión y reduce riesgos de corrupción (BID, 2018). En línea con ello, la OCDE (2014) destaca la importancia de utilizar tecnologías digitales de forma abierta e inclusiva, facilitando la participación ciudadana y el acceso a información útil y oportuna sobre decisiones públicas como proyectos, contratos y presupuestos. Asimismo, para lograr un impacto sostenido, la inversión pública debe planificarse con un enfoque de desarrollo territorial, que articule distintos niveles de gobierno y se base en el diagnóstico de brechas y potencialidades propias de cada región. Este enfoque permite orientar los recursos hacia inversiones estratégicas que reduzcan desigualdades y promuevan un crecimiento sostenible (MEF, 2023). Sin embargo, en muchas regiones del país, las limitaciones en la gestión y planificación impiden que los recursos públicos se traduzcan en mejoras concretas en la calidad de vida de la población. En este escenario, el rol de la minería adquiere especial relevancia para el desarrollo territorial, no sólo por constituir una de las principales fuentes de financiamiento de inversión pública a través del canon minero, sino también por su participación activa como parte de los actores del territorio. Las empresas mineras, además de generar recursos fiscales, impulsan iniciativas de fortalecimiento de capacidades y promueven cadenas económicas complementarias que dinamizan el entorno regional y contribuyen directamente al cierre de brechas sociales y económicas. La evidencia respalda su impacto positivo: diversos estudios muestran que los distritos con actividad minera han logrado reducir su tasa de pobreza entre 2.7 y 8.5 puntos porcentuales más que los distritos no mineros, y presentan un Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0.017 puntos más alto (Macroconsult, 2012; Zambrano, et al., Fuente: Consulta amigable – MEF (2024). Elaboración: propia. Figura 3. Priorización de portafolio de inversiones. Figura 4. Reunión de acompañamiento a la cartera de inversiones en Chota. Figura 5. Información general.
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