Desde el anuncio del premier Alberto Otárola en el segundo semestre de 2023, respecto de la agilización en la emisión de las autorizaciones para destrabar los proyectos mineros, hasta la fecha, de acuerdo con lo informado por los funcionarios públicos relacionados con la materia, se vienen dando algunos avances en temas específicos.

Por ejemplo, es saludable la presentación que hiciera el ministro Oscar Vera, junto al viceministro Henry Luna, a los representantes de las principales empresas mineras que operan en el país, como una muestra de trabajo articulado con el sector privado, que es fundamental para lograr los resultados esperados en las políticas que se asuman.

Allí se informó de los avances en lo que respecta a la Ventanilla Única Digital Informativa en cuanto a exploraciones, que es el primer peldaño en el que se ha trabajado con participación del Ingemmet, Senace, Sernanp, Ministerio de Cultura, Sunarp, ANA, Serfor, Sucamec y la Superintendencia de Bienes Nacionales, bajo el liderazgo del Minem.

Más recientemente, en el último Jueves Minero, el director general de Minería, Jorge Soto explicó que el trabajo de destrabe será progresivo y en una segunda etapa se abordará los procesos para la autorización de la explotación minera y, en la tercera, lo concerniente al otorgamiento de la concesión de beneficio.

Si bien, las empresas del sector quisieran que este proceso sea más ágil, no se puede negar la buena disposición que está mostrando el Ejecutivo en aras de agilizar los proyectos mineros que, no tenemos duda, serán un aporte importante para salir de la recesión económica por la que atravesamos.

Consideramos que, en forma paralela, el gobierno debería realizar un acompañamiento para sacar adelante proyectos que solo requieren de la autorización de construcción y la anuencia de las comunidades, como es el caso de Tía María, donde existe la plena disposición de la empresa Southern Perú para invertir más de US$ 1,400 millones y ya registra importantes avances en temas sociales.

Técnicamente, la compañía ha demostrado que por el tipo de operación y la tecnología que se empleará, la afectación al valle del Tambo está prácticamente descartada y, por si eso fuera poco, ha establecido un fideicomiso ambiental para garantizar el resarcimiento ante cualquier hecho no previsto.

Esta sería una señal inequívoca de la apuesta por la inversión por parte del gobierno, para recuperar la grave pérdida de confianza que generó la administración de Pedro Castillo, con las consecuencias económicas que hoy sufren los más pobres, y que requieren de acciones concretas para enrumbarnos nuevamente por la senda del desarrollo.

El Director