La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y Compañía Minera Ares, Apumayo y SAMI expresaron su rotundo rechazo y calificaron de arbitraria e ilegal la medida tomada por la primera ministra, Mirtha Vásquez, al anunciar el retiro y cierre de 4 operaciones mineras ubicadas en Ayacucho, así como que no habrá ninguna ampliación para procesos de explotación y exploración en cabeceras de cuenta a nivel nacional.

En conferencia de prensa, alertaron que la decisión de la premier suscrita en un acta el 19 de noviembre, afectará a 6 mil trabajadores directos y 48 mil indirectos de Ayacucho y otras zonas, quienes perderán sus fuentes de ingresos, cuando el país lo que requiere es contar con mayores oportunidades de empleo. 

“Esta medida arbitraria de cierre de minas ha sido anunciada como un piloto, es decir, que se pretendería aplicar en la totalidad del sector minero, lo que impactaría en desmedro de los más de 2 millones de puestos de trabajo que genera el sector, así como el 23% de la inversión privada, el 60% de las exportaciones del país y el 25% de los impuestos recaudados por el Estado”, precisó el presidente de la SNMPE, Raúl Jacob.

Por su parte, el titular del IIMP, Víctor Gobitz manifestó que todos los ciudadanos en el país aspiran a que las decisiones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se ajusten a ley, sean reflexivas y coherentes, y en general el sector empresarial espera la rectificación de las medidas anunciadas.

En sus palabras, el presidente de la CONFIEP, Óscar Caipo afirmó que los mensajes erráticos y contradictorios del Gobierno continúan generando inestabilidad y vulnerando el Estado de derecho. “En una misma semana, el presidente y el ministro de Economía y Finanzas anuncian ser respetuosos de la propiedad privada y, luego, la primera ministra firma un acuerdo para cerrar 4 minas de manera arbitraria e ilegal”, puntualizó.

En su intervención, el representante de Compañía Minera Ares, Ignacio Bustamante rechazó categóricamente que sus operaciones contaminen el medio ambiente y afirmó que, por el contrario, cumplen los más altos estándares nacionales e internacionales.

Similar posición tuvieron Guillermo Shinno y Carlos Salinas, de Apumayo y SAMI, respectivamente, quienes indicaron que sus unidades cuentan con todos los permisos y pasan periódicamente fiscalizaciones por parte de la autoridad gubernamental.