Por: César Kahatt, líder regional de minería para Latinoamérica y el Caribe de Marsh McLennan.

La minería se ha constituido como uno de los sectores económicos más importantes del país y entre los principales aportes al PBI nacional. No obstante, se mantiene como una de las actividades económicas con mayores riesgos, no solo por las situaciones propias de la operación como incendios, daños internos a los equipos, accidentes de trabajo, sino además por aspectos externos como riesgos de la naturaleza, la inseguridad, protestas y hoy organizaciones delictivas que atentan contra personas y los activos de las compañías mineras.

En ese sentido, la minería no es ajena a los riesgos globales y de acuerdo con el reporte de riesgos elaborado el 2024 por Marsh McLennan en colaboración con el Foro Económico Mundial, resaltan como riesgos principales en Latinoamérica: la polarización social, eventos climáticos severos, los riesgos cibernéticos y la desinformación impulsada por la inteligencia artificial y las redes sociales.

Al respecto, existen mecanismos para paliar estos diferentes riesgos a través de soluciones mediante consultoría estratégica, asesoría en riesgos y capital humano y la transferencia de riesgos a las aseguradoras.

Entre los riesgos principales a transferir, tenemos el seguro de propiedad, el cual permite proteger los activos y las pérdidas por interrupción del negocio frente a daños materiales que se puedan generar tras incendios, terremotos, lluvias intensas, rotura de equipos, derrumbes o daños a presas, entre otros. Este tipo de seguros es contratado por el 100% de empresas en el país. 

Por otro lado, está el seguro de violencia política, que sirve para protegerse frente a daños maliciosos, vandalismo o conmoción civil. Este también es muy contratado en el país, con el 90% de empresas que lo adquieren. 

Un seguro a analizar es el de Social Unrest, que indemniza a la empresa por pérdidas derivadas de la interrupción del negocio por un bloqueo de carreteras, vías férreas o puentes. A diferencia de la cobertura de violencia política, esta póliza no requiere que existan daños a los activos de las empresas mineras, solo es necesario que estén impedidas de operar por una obstrucción de acceso a la unidad productiva.

Otra cobertura importante y que poco se conoce, es aquella dirigida a empresas en el país con capitales extranjeros. El riesgo de cancelación de contratos, concesiones o licencias podría generar también un impacto económico en aquellos inversionistas con larga trayectoria. En el Perú aún son pocas las compañías que contratan esta póliza.

Finalmente, está el seguro de Responsabilidad Civil y de Medio Ambiente para protegerse frente a reclamaciones de terceros y el Cyber. Todos ellos están relacionados con los principales riesgos presentes en nuestro continente. 

Tanto el Social Unrest, los seguros ambientales y el Cyber solo son contratados por el 10% de empresas. En el caso de los seguros de expropiación, estos suelen ser menos comunes, ya que ni el 10% de compañías en el país lo adquieren.