Por: Fundación Romero[1]

En 1968, más del 50% de los hogares aún eran pobres, la inversión pública se había reducido en 30%, el producto bruto interno (PBI) se encaminaba a caer 0.4%. Previamente, en 1967, se había producido una severa devaluación de la moneda peruana por un reajuste en la economía. Este tuvo como finalidad dar solución al desequilibro en la balanza de pagos del país y los problemas con los ingresos fiscales, los cuales generaban desconfianza en la economía.

En septiembre, una alta y anormal demanda de divisas generó que el Banco Central de Reserva (BCR) se retirara temporalmente del mercado cambiario para desincentivar la especulación. Por ello la moneda mostró una marcada devaluación y esto pudo observarse en el tipo de cambio, pues mientras en enero un dólar equivalía a 26.82 soles de ese entonces, en septiembre llegó a costar 40.5 soles. El accionar del BCR y otras medidas permitieron reducir el tipo de cambio a S/ 38.7 por dólar. Varios meses después, en junio de 1968, el presidente Fernando Belaunde Terry nombró a Manuel Ulloa Elías como ministro de Economía, quien armó un conjunto de medidas para sanear las finanzas públicas y lograr el equilibro de la balanza de pagos. Destacaron la priorización de capitales nacionales en proyectos o actividades estratégicas, y el anuncio de una reforma tributaria. En esta se dispuso el Impuesto a la Renta Global, que permitió captar una contribución sobre todas las rentas del contribuyente, el establecimiento de un impuesto al patrimonio accionario, y la diferenciación entre la tributación de personas naturales y jurídicas. En ese contexto, surgió el escándalo respecto a la entrega del complejo petrolero de La Brea y Pariñas de la International Petroleum Company (IPC) al Estado y la supuesta desaparición de una página del contrato con esa empresa.

Figura 1. El origen del golpe de Velasco estaría en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) que Odría creó en 1950. Se fomentaba el reformismo.

Ello provocó una crisis política y malestar en la población. Para algunos sectores, representaba una oportunidad que el APRA iba a usar para ganar las elecciones generales de 1969. Las Fuerzas Armadas, con el general Juan Velasco Alvarado a la cabeza, aprovecharon esa situación para dar el infame golpe de Estado del 3 de octubre de 1968, sacando al presidente Belaunde.

El gobierno de Velasco, que también se conoce como la primera fase, duró hasta agosto de 1975, cuando fue derrocado por otro militar que incluso fue su ministro de Economía, el general Francisco Morales Bermúdez Cerruti, quien inició la segunda fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas.

Velasco actuó con respaldo total de los institutos armados. Su intención era hacer un gobierno de largo plazo para modificar la estructura productiva y social del país, aspirando a imponer una propiedad social y buscando afectar la propiedad privada. Entre sus políticas sobresalen por nefastas la reforma agraria y la creación de 175 empresas públicas, en su mayor parte estatizando empresas privadas que venían funcionando con éxito. Se nacionalizaron actividades extranjeras lo que terminó afectando la llegada de capital externo al Perú en comparación con otros países de América Latina. Su carrera estatista causó graves problemas económicos y pérdidas, de las cuales el Perú aún no se recupera por completo. El pretexto que los militares dieron para el golpe fue que supuestamente el gobierno de Belaunde había incurrido en una “pseudo solución entreguista, dada al problema de La Brea y Pariñas” y por la supuesta desaparición de la página 11 del contrato, que existía una “descomposición moral en el país” que había llegado a extre- mos. Con seis días en el poder, el 9 de octubre, el gobierno anunció la expropiación de la petrolera International Petroleum Company (IPC) y la ocupación de la Refinería de Talara. De esa manera, PetroPerú se hizo con la nacionalización y estatización de dicha empresa. Otras firmas del rubro eléctrico fueron reemplazadas por la estatal Electrolima. En el sector pesquero 84 empresas fueron afectadas y se creó Pesca Perú. Y en transporte aéreo, con Aerolíneas Peruanas se hizo AeroPerú. En minería, la Cerro de Pasco Copper Corporation pasó a ser Centromin Perú y la Marcona Mining Company se convirtió en Hierro Perú. Cabe anotar que con la estatización estas empresas se alejaron de la modernización de las tecnologías de explotación y procesamiento del mineral, por lo que muchos de los pasivos ambientales que hay en el Perú se han arrastrado desde el velascato.

Pérdidas, deuda e inflación tremendas

La aventura empresarial del Estado entre 1968 y 1979 acarreó pérdidas acumuladas de US$ 2,500 millones, un monto que proyectado a valores actuales supera los US$ 18,840 millones. El aparato público creció de tal manera que la planilla estatal había aumentado 83%. Los gastos superaban los ingresos del Estado y hubo que cubrirlos con préstamos. Por ejemplo, el gasto aumentaba 8.62%, mientras que el ingreso solo creció en 4.51%. Para financiar este gasto, la deuda pública pasó del 15% del PBI al 48%. Esto significó que la deuda por cada peruano se multiplicaba por cinco. La deuda externa pactada a tasas variables, además, se incrementó mucho. Mientras tanto, el déficit fiscal era cada vez mayor conforme avanzaba el gobierno militar.

En 1968, cuando se dio el golpe a Belaunde, la inflación era de 9.8%; en 1969 fue de 5.7% y, en 1976, luego de la salida de Velasco, la cifra fue de 44.6%. Con Morales Bermúdez, la inflación llegó increíblemente a 73.9% en 1978.

Aunque el ingreso per cápita real entre 1950 y 1968 había mostrado una tendencia creciente, con las medidas del gobierno militar, la cifra se estancó y decayó. El promedio de una década entre 1968 y 1978 fue solo de 0.7%.

Otra cosa que no puede olvidarse es que el deterioro económico en que cayeron importantes sectores de la población se inició con las medidas de ese régimen. A partir de 1974 se observa una caída en los salarios reales en el sector privado, mientras que el salario mínimo mostró una tendencia a la baja a partir de 1972. Los niveles de pobreza y pobreza extrema crecieron y revertir esa condición resultó muy difícil. Para 1970, la población en pobreza era el 35% y en pobreza extrema, 15%, según las estimaciones hechas por el economista Adolfo Figueroa. Mucha gente pasó a estar desempleada y aumentó el subempleo. Según las cifras del INEI, a partir de 1974 la tasa de desempleo pasó de 4% de la población económicamente activa (PEA) a más de 7% en 1978. Mientras que el mayor indicador de subempleo se registró en 1977 con 48% de la PEA. Muchos aún no han podido salir de ese deterioro, señala un análisis del Instituto Peruano de Economía.

Para lograr sus objetivos el gobierno de Velasco optó por ir en contra del enfoque de un mercado libre y abierto, es decir, contra el fomento del comercio exterior y la captación de inversión extranjera necesaria para la generación de empleo. De esta manera, aplicó políticas proteccionistas que implicaron una nociva intervención del Estado en la economía y el fomento de un crecimiento orientado hacia adentro. La política comercial impedía la libre importación lo que perjudicaba al consumidor. Revisar los niveles arancelarios efectivos nos da una idea, entre 1948 y 1959, solo llegaron al 16%, mientras que entre 1968 y 1975 llegaron al 105%.

“Al acentuar la política de sustitución de importaciones, el gobierno convirtió al sector manufacturero en el líder de la economía, aunque sin llegar a desarrollar una industria local de alta intensidad tecnológica, productora de bienes de capital e insumos, y sin articular la economía ni el mercado interno, con lo cual no pudo modificar la composición del comercio exterior. (…) un modelo de capitalismo de Estado depende de un alto nivel de inversión privada, (…) hoy en día estos años son recordados como el punto de inflexión de la inversión privada; es decir, cuando el sector privado disminuyó su participación en la inversión agregada. De esa manera, el aumento de la demanda por productos industriales pasó a depender del gasto público, con lo cual el déficit fiscal aumentó a niveles críticos e insostenibles”, señala el historiador económico Luis Ponce citando a Carlos Paredes y Alberto Pasco-Font.

Billete nuevo. El gobierno militar emitió un nuevo billete en soles de oro con la imagen de Túpac Amaru II, ícono de la administración velasquista. La figura histórica se usó con diferentes diseños para identificar los programas.

Todo era inversión pública

Ello se ve al analizar estas cifras: mientras en 1968 la inversión pública representaba el 29.5% de la inversión total (pública y privada), en 1974 llegó a ser el 52.3%. Se ve un total alejamiento de la inversión privada que hoy en día, en una economía más saludable, representa casi el 80% del total. Para compensar la ausencia de la empresa privada, entre 1968 y 1974 (inicio y fin del régimen de Velasco), la inversión pública pasó de ser el 12% del PBI al 18.6%. El alto gasto del Estado se mantuvo incluso con Morales Bermúdez, pero sin modificarse su distribución entre costa, sierra y selva. A pesar del supuesto enfoque reformista del gobierno militar, la costa siguió siendo el principal destino de la inversión pública (56.1%), seguida por la selva (15.9%) y dejando rezagada a la sierra (11%). Pese a ello, no superó la de los veinte años anteriores al golpe. Una de las inversiones públicas que no tuvo rentabilidad, que generó mucha deuda externa y que, además, tiene contingencias ambientales fue la construcción del Oleoducto Nor Peruano, con 1,106 kilómetros de largo, para transportar petróleo desde San José de Saramuro, en Loreto, hasta Bayóvar, en Piura. Fue encargado en 1972, un año después la firma Bechtel asumió la obra y en 1977 entró en operaciones. Costó US$800 millones de la época (hoy serían casi US$4,739 millones).

Respecto al dólar, había un control estatal para su circulación y su libre posesión estaba penada. Solo el Estado podía vender la moneda norteamericana y había un límite que debía ser sustentado, para un viaje, por ejemplo.

La reforma agraria

La reforma agraria consistió en la expropiación y distribución de casi 11 millones de hectáreas entre 340 mil familias con el supuesto objetivo de transformar la estructura de titularidad de la tierra. La medida, además de trasgredir el derecho de la propiedad privada, tampoco tuvo un impacto generalizado entre la población campesina, aunque así lo recuerden algunos. Cuando se inició el gobierno de Velasco, las 340 mil familias mencionadas solo representaban el 28% de las familias campesinas del Perú. La consigna era “la tierra para quien la trabaja”; se iba a dar en propiedad a cada familia campesina un área de tierra para cultivarla, mantener la economía familiar y producir para ingresar en el circuito de mercados. Sin embargo, esto no sucedió pues la productividad fue seriamente afectada.

El 24 de junio de 1969, se promulgó el Decreto Ley N.º 17716 para eliminar el latifundio, el minifundio y toda “forma antisocial” de tenencia de la tierra. El esquema se centraba en estatizar las tierras más ricas o aprovechables o las empresas más tecnificadas, expropiar, repartir y cooperativizar las tierras de importancia secundaria.

Si bien la reforma eliminó temporalmente algunas causas de conflictos sociales del campo que venían desde tiempos previos a la República, no logró que estas empresas de carácter asociativo lograran el desarrollo deseado. Sobrevino un proceso masivo de parcelación individual y minifundismo, lo cual restó eficiencia a la explotación de las tierras y la producción agraria, pues se trataba de reducidas extensiones que no alcanzaban altos niveles de calidad ni cantidad en las cosechas.

Con la liquidación del latifundismo, el Perú desactivó su sis- tema productivo. Alrededor de 11 millones de hectáreas fueron adjudicadas a cooperativas y comunidades campesinas. Se formaron cooperativas agrarias de producción (CAP) en las haciendas agrícolas de la costa como propiedad colectiva de los trabajadores agrícolas; y las sociedades agrícolas de interés social (SAIS) en las haciendas ganaderas de los Andes como com- binación de cooperativa de trabajo asalariado y comunidades campesinas tradicionales. Para 1979 habían sido expropiados 15,826 fundos, es decir, un total de 9’065,772 hectáreas de tierra cultivable. Haciendas tradicionales como Cartavio (W. R. Grace & Co.), Casa Grande (familia Gildemeister), Roma (familia Larco), Cayaltí (familia Aspíllaga), Sociedad Viuda de Virgilio Dall’Orso (distrito de Pucalá), Pomalca (familia De la Piedra), Tumán (familia Pardo) y Laredo (familia Chopitea), pasaron a ser cooperativas administradas por los trabajadores.

El efecto negativo de las medidas se observó en las exportaciones peruanas. Entre 1969 y 1975, el Perú importaba más de lo que exportaba, por lo que los envíos al extranjero se redujeron 1.93% entre 1969 y 1975, mientras que las importaciones au- mentaron 8.68%.

Malas políticas, graves consecuencias

El régimen militar dispuso en 1970 la creación de la comunidad industrial en las empresas privadas, figura con personería jurídica propia, por la que los trabajadores accedían hasta el 50% a la pro- piedad, gestión y utilidades de una empresa.

El gobierno de Velasco estuvo muy enfrentado con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Tanto así que la obligó a eliminar la palabra nacional del nombre. Raymundo Duharte, su entonces presidente, fue un empresario de metalmecánica que, por defender al gremio empresarial y a la industria en general en 1973, acabó viviendo siete años en Ecuador, a donde su avión fue desviado por Velasco cuando regresaba de un viaje familiar a Japón. Se le prohibió entrar al Perú. George Schofield Bonello, expresidente de la SNI, se refiere así al gobierno de Velasco: “la reforma agraria desmanteló el latifundio que permitía una economía de escala para los cultivos industriales, y las malas políticas agrarias atentaron contra la competitividad, calidad y mejora del algodonero en el Perú”. Este efecto golpeó a todas las empresas productivas agrícolas. Las industrias algodonera y azucarera estuvieron entre las más afectadas.

La crisis y el ‘Tacnazo’

El final del gobierno de Velasco comenzó en 1973, cuando en febrero fue hospitalizado de emergencia por un aneurisma que le generó una gangrena en la pierna derecha. En marzo sufrió la amputación de la pierna y unas semanas después volvió a tomar el mando que temporalmente había estado en manos del premier, general Edgardo Mercado Jarrín.

Velasco tomó los medios de comunicación en julio de 1974 y ello originó protestas. El tenso clima se prolongó. En febrero de 1975 se inició una huelga de la Policía que el día 5 terminó con una fuerte represión que dejó decenas de muertos, más de 150 heridos y más de mil detenidos. La imagen de Velasco quedó muy afectada. Ello sumado a casos de corrupción dentro del régimen fueron el contexto para sacarlo del poder el 29 de agosto de 1975, cosa que hizo, desde Tacna, su exministro de Economía general EP Francisco Morales Bermúdez Cerruti. Este no era parte de su círculo más allegado al momento del golpe de 1968; sin embargo, a los siete meses lo convocó para la cartera de Hacienda, como se le llamaba entonces a ese ministerio, que ya había ocupado antes por dos meses en el primer gobierno de Belaunde.

Morales Bermúdez se había mostrado incómodo con decisiones de Velasco, por ejemplo, respecto al presupuesto del (SINAMOS), que promovía campañas de concientización y movi- lización, y que eliminó en 1978. Semejante posición tuvo con el Plan Inca y con la propiedad social.

La segunda etapa del gobierno militar se extendió hasta el 28 de julio de 1980 y deshizo parte de las políticas velasquistas. Tras una crisis, convocó a una Asamblea Constituyente, que presidió el fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, la que redactó la Constitución de 1979 que rigió hasta 1993. Finalmente, convocó a elecciones para mayo de 1980 y en las que Fernando Belaunde Terry fue elegido para un segundo mandato.

[1] Del libro: 200 años de economía en el Perú – Aprendiendo de nosotros mismos, iniciativa editorial de Perú21.