El constitucionalista y socio del Estudio Hernández & Cía., Samuel Abad sostuvo que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) representa una oportunidad para que el Estado diseñe un proceso de formalización más eficaz, sin regímenes de impunidad y con mayor énfasis en la protección ambiental. 

En el Jueves Minero del 4 de septiembre, recordó que el propio tribunal ha reconocido los impactos negativos de la minería no formalizada. “Tanto la actividad ilegal como la informal han sido causantes de graves efectos perjudiciales para el medio ambiente”, remarcó.

En ese sentido, destacó que, pese a declarar improcedente la demanda que en su momento presentó el Colegio de Abogados de Loreto, el TC estableció lineamientos de obligatorio cumplimiento para el Estado. Entre ellos, prohibió que futuras normas otorguen inmunidad penal, civil o administrativa a los inscritos en el Reinfo y exhortó al Congreso y al Ejecutivo a diseñar un nuevo sistema de formalización.

“Este registro permite que algunos operen sin apego a la legalidad y exonerados de sanción, cuando en realidad la minería informal y la ilegal generan daños graves a la salud, al medio ambiente, a los pueblos indígenas y a los defensores ambientales”, detalló.

En otro momento, señaló que, bajo su criterio, existen dos aspectos que pudieron ser abordados de mejor manera. “Si uno lee literalmente lo que dice el TC no encuentra una prohibición para nuevas prórrogas (del Reinfo). Además, habla de un sistema permanente orientado a la formalización. Y esto no es coherente”, puntualizó. 

En ese contexto, advirtió que la formalización no debe ser permanente, sino un proceso excepcional y transitorio, de lo contrario, podría extenderse por 20, 30 o 40 años.

El especialista, indicó que el fallo del TC abre la posibilidad de corregir el rumbo y establecer un marco normativo transitorio, con plazos claros y resultados verificables, que asegure un proceso de formalización auténtico, acompañado de mayor fiscalización y políticas de desarrollo sostenible en los territorios impactados.

“El TC exhortó a los poderes del Estado a adoptar con urgencia medidas normativas y administrativas para que se formalice impostergablemente la pequeña minería y la minería artesanal”, puntualizó.

Como panelistas participaron en el Jueves Minero la socia de Minería, Recursos Naturales y Sostenibilidad en CMS Grau, María Cristina Alva; el gerente general en Alalaw, Rasul Camborda, y el CEO & Fundador en CrossPartners y presidente ejecutivo en ProMinería, Eduardo Lanao. La moderación estuvo a cargo del gerente general del IIMP, Gustavo De Vinatea.