Diferentes gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil expresaron su rechazo público a las recientes modificaciones de la Ley General de Minería aprobadas por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República que, entre otros, reduce de 30 a 15 años el periodo de caducidad de las concesiones mineras.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía se pronunció en el sentido que el referido cambio no busca fortalecer el régimen de concesiones mineras, sino más bien paralizar el desarrollo de la minería formal en el país.

“Alertamos que el dictamen aprobado en la práctica quiebra el régimen de concesiones mineras, lo que lamentablemente traerá consigo la contracción de las inversiones y hará inviable la puesta en marcha de la cartera de proyectos mineros por 63 mil millones de dólares prevista para los próximos años”, puntualizó.

Asimismo, denunció que dicha modificación significa una grave vulneración a la seguridad jurídica y que sus autores pretenden justificarlo bajo el argumento de que “todo el territorio nacional esta concesionado” o que existen “concesiones ociosas”, lo que es absolutamente falso, dado que en la actualidad solo el 16% del territorio se encuentra concesionado.

“Otra de las disposiciones contempladas propone incrementar el derecho de vigencia hasta en 300% y la de penalidad a 400%. Esto atenta contra la competitividad del sector minero peruano. En la actualidad, las empresas que operan en nuestro país pagan cuatro veces más por mantener una concesión minera que otras naciones como Sudáfrica, Chile, Canadá y México”, aclaró.

Por su parte, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú sostuvo que estas iniciativas podrían generar mayor incertidumbre jurídica y afectar el desarrollo de nuevos proyectos en el país. 

“Este dictamen considera que existe un acaparamiento, sin observar la naturaleza y los tiempos propios del desarrollo de proyectos mineros. Ello resulta problemático si se tiene en cuenta que el ciclo minero puede tomar décadas entre la exploración y el inicio de la producción” precisó. 

En un pronunciamiento el Colectivo PAS advirtió que el Congreso lejos de proponer normas que permitan la real formalización de la minería a pequeña escala busca acelerar la caducidad de las concesiones mineras formales, lo que desincentiva la inversión, generando condiciones para su ocupación por parte de la minería informal o legal.

“Invocamos al Congreso a mirar con seriedad y técnicamente este tipo de medidas, impulsadas por los mismos congresistas que vienen aplazando el Reinfo y flexibilizando leyes que están permitiendo el vertiginoso crecimiento de la minería ilegal”, remarcó.