Tras el anuncio de MMG Limited de paralizar actividades productivas desde el 15 de diciembre en la unidad minera Las Bambas (Apurímac), debido a los constantes bloqueos de carreteras que desde 2016 han afectado la operación por más de 400 días, el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Víctor Gobitz sostuvo que esa acción que realizan algunos pobladores constituye un delito que restringe el derecho a un trabajo digno. “El bloqueo de una carretera, que es una infraestructura pública, es un delito reconocido por la legislación peruana. Impedir el libre tránsito es un acto violento que atenta contra el derecho de terceros”, explicó.Asimismo, comentó que las discrepancias entre una comunidad campesina y cualquier empresa minera deben resolverse a partir del diálogo, actuando siempre el Gobierno como mediador y garante.Señaló que bajo ninguna circunstancia se debe “normalizar” o pretender interpretar que el derecho de protesta significa conculcar los derechos de otras personas.“Alrededor de toda compañía minera existe un ecosistema de trabajadores, contratistas, proveedores de bienes y servicios, a quienes se les restringe su legítimo derecho a un trabajo digno”, puntualizó.En esa línea, enfatizó que el diálogo o proceso de negociación debe basarse en el respeto mutuo y en el establecimiento de metas alcanzables y sustentables.En comunicado público, MMG informó que paralizará la unidad minera debido a que las acciones de agentes externos, las demandas desproporcionadas a la empresa y la incapacidad para llegar a acuerdos duraderos, limitan las operaciones en Las Bambas y las inversiones previstas.
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