Un total de 46 conflictos sociales asociados con la minería evidenció entre junio y julio el informe Willaqniki, elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que detalla que el 39% fueron reportados en la Unidad Territorial del Corredor Vial Sur.

  En ese contexto, dos casos se encuentran en situación crítica, es decir, aquellos que presentan un nivel de riesgo muy alto para la gobernabilidad democrática, la gobernanza territorial, el orden público y los derechos fundamentales, y que por tanto requieren la intervención de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM.

Bajo esta premisa, los conflictos en mención tratan sobre la problemática entre los pobladores del anexo de Machcan del distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacan (Pasco) y la empresa Nexa Resources, y sobre la conflictividad en la provincia de Pataz por movilizaciones relacionadas a las compañías mineras Marsa y Poderosa.

Por otro lado, también se advierten 27 casos en situación de riesgo inminente, es decir, aquellos que tuvieron un riesgo alto de afectar la gobernabilidad democrática y el orden público, y que por tanto tuvieron la atención oportuna del Poder Ejecutivo para evitar que escalen a una situación de crisis.