El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley N° 32537, norma que amplió la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026. 

La decisión se adoptó luego de la audiencia pública realizada el 12 de noviembre, en la que los representantes de las partes involucradas expusieron sus argumentos ante los magistrados.

De acuerdo con la información del TC, el proceso corresponde al Expediente N° 00009-2026-PI/TC y cuestiona el artículo único de la Ley N° 32537, que modificó el Decreto Legislativo N°1293 para extender el proceso de formalización minera integral.

La audiencia permitió conocer las posiciones del Colegio de Abogados de Loreto, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Tras escuchar los alegatos y formular preguntas a los representantes, el pleno del TC dispuso que el expediente quede al voto, por lo que corresponderá a los magistrados deliberar y emitir posteriormente una sentencia.

El debate analizó las implicancias de la formalización minera en el ámbito penal y, particularmente, con el alcance de las disposiciones que contemplan la exclusión de responsabilidad penal para quienes se encuentran en proceso de formalización.

Durante la audiencia, el representante del Colegio de Abogados de Loreto, Samuel Abad Yupanqui, sostuvo que el vencimiento del Reinfo no necesariamente supondría el fin de dicha protección, debido a que la disposición cuestionada del Código Penal no hace referencia expresa al registro, sino a las personas que se encuentran en proceso de formalización.

En esa línea, planteó que un eventual nuevo régimen de consolidación para la pequeña minería y minería artesanal podría mantener esta situación si permite que sus integrantes continúen siendo considerados dentro de un proceso de formalización.

Por su parte, el representante del Poder Ejecutivo, Luis Huerta Guerrero, defendió la posición del Gobierno y señaló que la protección penal vinculada al Reinfo concluiría el 31 de diciembre. Sin embargo, durante el intercambio, los magistrados formularon interrogantes sobre el sustento jurídico de esta interpretación y la necesidad de determinar si el cambio de régimen administrativo sería suficiente para modificar los efectos de las disposiciones penales vigentes.

El debate también alcanzó la pertinencia de una eventual modificación expresa del artículo 307-A del Código Penal, referido al delito de minería ilegal, con el fin de evitar interpretaciones sobre la continuidad de la exclusión de responsabilidad penal.

Posiciones diversas 

Durante la audiencia, el Poder Ejecutivo defendió la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas y argumentó que la demanda no distinguiría adecuadamente entre la minería informal y las actividades que configuran el delito de minería ilegal.

A su turno, la representación del Congreso sustentó la ampliación del Reinfo como una medida de transición hacia un nuevo marco normativo para la pequeña minería y minería artesanal, considerando los expedientes que aún se encuentran pendientes de completar los requisitos exigidos para alcanzar la formalización.

Entre los aspectos mencionados durante la sesión también estuvieron las dificultades para avanzar en procedimientos administrativos, ambientales y documentarios, así como las limitaciones relacionadas con la gestión de los gobiernos regionales.

Implicancias para el sector

El pronunciamiento que emita el Tribunal Constitucional será relevante para el marco jurídico de la formalización minera en el país, especialmente en un contexto en el que se discute la transición hacia un nuevo régimen para la pequeña minería y minería artesanal.

La controversia no se limita a determinar la constitucionalidad de la ampliación del Reinfo, también pone sobre la mesa la necesidad de contar con reglas claras respecto de las obligaciones, responsabilidades y condiciones legales aplicables a quienes desarrollan actividades mineras mientras buscan incorporarse a la formalidad.

Para el sector minero, resulta fundamental que el proceso de formalización se desarrolle sobre la base de un marco normativo coherente, predecible y eficaz, que permita distinguir las actividades en proceso de adecuación de aquellas que operan al margen de la legislación vigente.

Por el momento, el Tribunal Constitucional no ha emitido una sentencia sobre la demanda. En consecuencia, la ampliación establecida por la Ley N° 32537 mantiene su vigencia y el resultado del proceso constitucional deberá conocerse una vez que el pleno adopte y publique su decisión.