En el contexto que nos encontramos, el desafío más grande que tenemos no solo como país, sino también a nivel de industria minera, es promover y llegar a acuerdos sostenibles en el tiempo, por el bien de todos los peruanos, especialmente de los más pobres.

Ese es el camino que deben seguir nuestras regiones a nivel general. Una de ellas, Cajamarca, tiene en su potencial minero una oportunidad, que puede ayudar a sacar del atraso a miles de cajamarquinos, si es que se llega a consensos entre la población, las autoridades y las empresas mineras. 

Cabe resaltar, que hoy esta región ostenta el mayor monto de inversión del portafolio de proyectos mineros del país, con seis iniciativas de envergadura que implican US$ 18,494 millones, que representan más del 34% de la inversión total de esta cartera.

Cajamarca no solo cuenta con el proyecto Yanacocha Sulfuros, en fase de ingeniería de detalle, sino también con cuatro grandes iniciativas como Galeno, Michiquillay, La Granja y Conga, que pueden producir hasta un millón de toneladas de cobre anuales si se ponen en marcha en el mediano plazo.

Estos cuatro últimos son emprendimientos con exploración avanzada y que vistos en conjunto generarían miles de empleos y una gran demanda de servicios, energía, construcción de carreteras y modernización de infraestructura no solo en Cajamarca sino también en zonas adyacentes, como Chiclayo.

Hoy que se pone en cuestionamiento temas como la regionalización o descentralización en el Perú, consideramos que una de las salidas más sensatas para lograr un desarrollo territorial en nuestras regiones es apostar justamente por la minería, presente en los rincones más alejados de nuestro país.

La industria minera no solo tiene un enorme poder dinamizador, sino que además promueve esa verdadera descentralización que necesita el Perú, el avance de diversos indicadores así lo demuestran. Aunque el desafío de mejorar la calidad de vida de más peruanos, aún requiere de mayores esfuerzos. 

Uno de estos consiste justamente en crear espacios de diálogo constructivo donde el uno y el otro se escuchen, y emprender la búsqueda de líderes a todo nivel, que nos ayuden a generar las condiciones para llegar a consensos tanto en el plano político, económico como social.

De lo contrario, seguiremos en lo mismo, con un país en permanente tensión y con episodios de incesante violencia, como consecuencia no solo de la ausencia del Estado sino también de estos espacios, o la apuesta por monólogos, que no admiten las diferencias, y que nos conducen a escenarios donde la minería corre el riesgo de estancarse.

Para finalizar, otro tema también preocupante es la minería ilegal de oro, que es la economía ilícita que más dinero mueve al año, con US$ 1,777 millones, según el libro Las economías criminales y su impacto en el Perú (2022), y contra la cual debemos actuar con urgencia e inteligencia.

Si todo continúa tal como hoy –con un Estado débil, con informalidad y economías ilegales–, en un futuro próximo podríamos seguir el camino de países que no han podido avanzar, pese a contar con los recursos naturales para apalancar su desarrollo.

Juan Carlos Ortiz, segundo vicepresidente IIMP