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EL APORTE DE LA MINERÍA EXIGE UN ESTADO QUE HAGA CUMPLIR LAS REGLAS

La minería peruana ha demostrado nuevamente su importancia para la economía nacional. Entre enero y agosto de 2026, generó S/ 29,106 millones en ingresos fiscales, un crecimiento de 80.1% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra no es menor: supera incluso la recaudación de todo el 2025. 

Precisamente, por la importancia de este aporte, debemos cuidar las condiciones que permiten sostenerlo. Una de ellas es la capacidad del Estado para ejercer autoridad en el territorio. La recuperación del 95% de las áreas afectadas por la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata, equivalente a más de 980 hectáreas, constituye un avance importante en la protección del patrimonio natural. 

Sin embargo, recuperar las áreas afectadas es solo el primer paso. El verdadero desafío es evitar que la minería ilegal vuelva a instalarse y garantizar una presencia permanente del Estado. Esto requiere continuidad en las acciones de control, vigilancia y protección ambiental, así como alternativas económicas legales para las poblaciones de estos territorios.

Esta misma responsabilidad debe orientar las decisiones sobre formalización minera. Por eso, preocupa la iniciativa presentada en el Congreso para ampliar nuevamente la vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2028 o hasta la entrada en vigor de la Ley MAPE. Una nueva prórroga, sin resolver los problemas de fondo, prolongaría la incertidumbre y postergaría la implementación de una solución definitiva. 

El Reinfo no puede convertirse en un mecanismo indefinido ni confundirse con una autorización para operar al margen de las obligaciones legales. El país necesita una ruta de formalización efectiva, con condiciones y plazos claros, que permita distinguir a quienes realmente buscan incorporarse a la legalidad, de quienes utilizan este registro para continuar desarrollando actividades ilegales. 

Desde el IIMP consideramos que el desarrollo de una minería responsable requiere un Estado que facilite la inversión formal, pero que también ejerza su autoridad sin ambigüedades. La formalización no se mide por las veces que ampliamos un registro, sino por la capacidad de incorporar actividades a la legalidad y garantizar que las reglas se cumplan.

Roberto Maldonado, segundo vicepresidente del IIMP.

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