En plena coyuntura de nuevo mando presidencial y desborde social en distintas partes del Perú, es de destacar que nuestra industria minera se mantiene relativamente incólume por el momento, con operaciones de producción y exportación en importantes centros mineros.

La normal continuidad de las actividades en Antamina, Cerro Verde, Toquepala y Volcan, entre otras unidades mineras, permite que el Perú siga encumbrándose como el segundo ofertante mundial de cobre y zinc, el tercero en plata y estaño, y el cuarto en plomo y molibdeno. 

Recordemos que la minería representa el 10% del PBI, el 60% de las exportaciones, el 13% de la inversión privada y el 20% de la recaudación fiscal, por lo que es fundamental que protejamos este sector que se ha convertido en la punta de lanza de la economía.

De hecho, el que no hayan cesado las faenas mineras es porque las manifestaciones están aconteciendo sobre todo en zonas urbanas de la capital y las regiones, donde hemos sido testigos del lamentable accionar contra el orden público, empresas e infraestructura.

No obstante, preocupa los anuncios de nuevos bloqueos del corredor minero y de la presunta invasión a las instalaciones de Las Bambas y Antapaccay por parte de las comunidades de Chumbivilcas y Espinar, como medida de rechazo al Poder Ejecutivo y al Congreso. 

Suspender esta importante vía supone no dar salida comercial al 30% de la producción de cobre y también constituye una amenaza para el traslado de insumos y trabajadores, lo que propiciaría la reducción de las labores extractivas o el cierre forzado de las operaciones. 

Así, tenemos por ahora que 46 carreteras han sido afectadas por las protestas, de las cuales 28 presentan tránsito vehicular totalmente interrumpido y 18 reportan restricciones. En tanto, los mayores bloqueos se observan en Cusco, con diez vías.

Con todo ello, no podemos quedarnos absortos o desentendernos de esta situación, más aún cuando está en juego el futuro de nuestra nación y el crecimiento económico que se proyecta alcanzar en los próximos años a partir de las inversiones en minería y otros sectores.

Por supuesto, es importante dar respuesta a las demandas ciudadanas a través del diálogo, pero también hacer respetar el imperio de la ley, la democracia representativa y la institucionalidad, con apoyo de las herramientas legales que concede al Estado la Constitución Política.

Mitigar la crisis política y restaurar la paz social en el Perú requiere un trabajo de inteligencia para identificar a los verdaderos promotores de la violencia y evitar llegar a escenarios terribles donde ya se cuentan civiles fallecidos y más de un centenar de policías heridos.

Un primer paso para frenar los actos de violencia, recuperar el orden interno y retomar las actividades productivas ha sido la declaración del estado de emergencia por 30 días, pero se necesita un esfuerzo mayor para garantizar la tranquilidad y seguridad permanente.

En ese sentido, resulta imperativo que se convoque al Acuerdo Nacional, con el propósito de que el gobierno, el parlamento y las organizaciones de la sociedad civil concerten mecanismos para fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo con equidad. 

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, hacemos explícita nuestra voluntad de participar en esta gran mesa de concertación con propuestas que coadyuven al progreso sostenible y devolverle la confianza al empresariado en el Estado peruano.