En el ducentésimo cuarto aniversario de la Independencia Nacional, el Perú necesita más empleo, seguridad y paz social. Para lograrlo, es fundamental impulsar una minería formal, moderna y sostenible, no una que conviva con la ilegalidad y el crimen organizado.

Desde el Ministerio de Energía y Minas se proyecta que en los próximos años nuestro país podría alcanzar una producción anual de 4 millones de toneladas métricas finas (TMF) de cobre, superando las 2’736,150 TMF actuales. Este incremento sería posible gracias al desarrollo de yacimientos ubicados en el Corredor Minero del Norte, específicamente en Cajamarca, así como en otras zonas con alto potencial geológico como Apurímac y Áncash.

Con este impulso, el país podría retomar el segundo lugar en la producción mundial de cobre, actualmente ocupado por la República Democrática del Congo. En los últimos dos años la disminución en las leyes del mineral en las grandes minas y la falta de nuevos proyectos, están limitando el crecimiento de la producción cuprífera peruana.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, recalcamos que la minería es pilar del desarrollo económico nacional. No solo genera empleo y oportunidades de inversión, sino también recursos clave como el canon y regalías mineras, que impactan directamente en los territorios.

En ese contexto, saludamos el crecimiento de la producción acumulada de cobre entre enero y abril de este año, que alcanzó las 886,716 TMF, representando un aumento de 4.9% frente al mismo periodo de 2024 (845,605 TMF). Este logro fue liderado por compañías como Southern Perú, Cerro Verde y Las Bambas, mientras que Moquegua se consolidó como la principal región productora, seguida por Arequipa y Apurímac.

Pero este panorama positivo contrasta con una preocupante amenaza: la minería ilegal. Recientemente, las fiscalías especializadas en materia ambiental alertaron sobre normas aprobadas y que están en debate en el Congreso que podrían limitar gravemente la capacidad del Estado para sancionar delitos ambientales, incluyendo el tráfico de flora y fauna silvestre, y la propia minería ilegal, que genera pérdidas estimadas en S/ 22 mil millones al año, equivalentes al 2.5% del PBI.

No podemos ser indiferentes. La minería ilegal no solo destruye ecosistemas, sino que está estrechamente ligada al crimen organizado, la trata de personas, la explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres, la corrupción y el lavado de activos a nivel nacional. Es una amenaza directa al tejido social del país.

Una de las principales barreras para enfrentar este problema sigue siendo el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que debe ser reemplazado por un sistema más eficaz, con procedimientos claros, plazos definidos y herramientas técnicas que permitan avanzar en una verdadera formalización.

En esa línea, respaldamos que el Ejecutivo mantenga una posición firme. Es importante que la ciudadanía sepa que 50,565 registros han sido excluidos del Reinfo –que culmina el 31 de diciembre de este año–, debido a que no reportaban actividad minera o no cumplieron con los requisitos legales mínimos. No se trata de una arbitrariedad ni de dejar sin trabajo a personas de buena fe, sino de poner orden y diferenciar claramente entre minería informal con vocación de formalizarse y minería ilegal criminal.

Como peruanos, debemos apostar por una minería que contribuya al crecimiento del país, protegiendo el ambiente y la dignidad de las personas. Solo así construiremos un futuro con más oportunidades, más seguridad y más bienestar para todos.

Juan Carlos Ortiz, segundo vicepresidente, IIMP