Un reciente estudio presentado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y el Centro para la Competitividad y el Desarrollo (CCD), señala que la ejecución de 14 proyectos mineros distribuidos entre Apurímac, Cusco y Puno permitiría reducir la pobreza monetaria en 10% hacia el 2031.

Dicha investigación también apunta que estos emprendimientos, valorizados en casi US$ 14 mil millones, generarían unos 190 mil puestos de trabajo en estas tres regiones, con lo que se llegaría a más de 420 mil peruanos empleados directamente por la industria para inicios de la próxima década. Ello aparte de los múltiples encadenamientos productivos y recursos fiscales que se tendrían.

Considerando a los trabajadores y a sus familiares directos, estamos hablando de más de 1.7 millones de personas que se beneficiarían con estos proyectos en el sur peruano. Una zona realmente estratégica para el presente y el futuro del país, pues este lugar no solo cuenta con un importante potencial geológico, sino allí también se produce más del 50% del cobre nacional.

Precisamente el metal rojo, junto a materias primas como el litio, el níquel y el cobalto, serán claves para la denominada transición energética mundial y abandonar gradualmente los combustibles fósiles, uno de los principales causantes del calentamiento global. Y aquí el Perú tiene una excelente oportunidad para contribuir con esta noble causa e impulsar a su vez su desarrollo.

Sobre este tema la consultora PwC puntualmente indica que el éxito futuro dependerá de que las principales empresas mineras a nivel global asuman un rol de liderazgo en la transición hacia las energías renovables en el mundo y generen un valor significativo para las partes interesadas.

Por lo cual, dichas compañías deberán alistarse para satisfacer la creciente demanda de minerales críticos para la fabricación de tecnologías limpias. De acuerdo con las proyecciones disponibles, se prevé que para el 2050 la demanda anual de estos metales alcanzaría los US$ 400 mil millones.

En ese sentido, lograr que el mundo se acerque a la meta de cero emisiones de efecto invernadero, dependerá de que la industria minera incremente sustancialmente su producción y, a la vez, se centre en aspectos claves como el fortalecimiento de la confianza con diversos grupos de interés y comunidades para lograr la aceptación social.

En el caso peruano, vemos que uno de los principales retos para el avance de proyectos y operaciones mineras, justamente será abordar en forma integral el tema de la conflictividad social con una visión estratégica, que garantice en el mediano y largo plazo tanto el progreso de las poblaciones como la permanencia de las inversiones en nuestro país.

La idea es buscar soluciones con un enfoque de desarrollo territorial, que contemple las potencialidades locales y regionales, y estén alineadas con los planes nacionales. Y eso dependerá netamente de un consenso entre el Estado, las empresas y la sociedad civil, con el respaldo de la academia.

Darío Zegarra, primer vicepresidente IIMP.