En el debate de la propuesta de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) ha quedado claro que la supervisión y fiscalización de las plantas de procesamiento de minerales representa un avance para impulsar la formalización de la actividad minera en el país y como estrategia de lucha contra la ilegalidad. 

Esto con la finalidad de controlar tanto la procedencia del mineral que ingresa como los riesgos ambientales, sanitarios y de seguridad asociados a estas operaciones, cuyo número, según el Instituto Peruano de Economía, se triplicó en la última década. 

En esa línea, una adecuada supervisión de las plantas de procesamiento es clave para asegurar la formalización de toda la cadena de valor minera, fortalecer el cumplimiento de los estándares ambientales y de seguridad, así como proteger la salud de las personas.

Otro aspecto importante de la propuesta, enviada al Congreso, es la creación del Organismo de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape) y el retorno de las competencias de fiscalización y control de la MAPE al ámbito nacional, con una actuación desconcentrada en las regiones.

Esta modificación permitiría fortalecer la supervisión de las actividades mineras en general y evitar que el nuevo mecanismo de formalización reproduzca las deficiencias del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Es por ello, entre otros aspectos, que consideramos que el proyecto de Ley MAPE debe ser aprobado, tomando en cuenta que una demora podría ser utilizada como argumento para promover una nueva ampliación del Reinfo, cuya nocividad ha quedado demostrada en la realidad.

Finalmente, es de destacar la apertura al diálogo del Ministerio de Energía y Minas, cuyos representantes convocaron al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y a otras instituciones vinculadas al sector, para recoger aportes y observaciones sobre esta propuesta.

El Reinfo tiene que terminar el 31 de diciembre de este año. Los peruanos no podemos permitir que este grave error se perpetúe más en el tiempo en detrimento del país y de su principal actividad productiva, que fomenta el desarrollo sostenible de manera descentralizada.

El Director