En medio de los grandes desafíos de mejora económica y social en el país, el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) se ha convertido en un potente impulsor de inversiones y del desarrollo de infraestructura en el Perú, basándose en el trabajo eficiente y colaborativo entre el sector público y privado.

Este valioso instrumento no solo permite agilizar las inversiones públicas, sino también avanzar con el cierre de brechas en las distintas regiones a nivel nacional, especialmente en las zonas más alejadas donde opera la industria minera.

Según un reciente informe de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), desde que este mecanismo se puso en marcha, unas 147 empresas privadas se adjudicaron y/o ejecutaron 515 proyectos, por un monto total de S/ 7,049 millones.

Y un dato para destacar es que de este total de compañías, más del 20% pertenece al sector minero, lo que nos enorgullece como gremio y nos motiva a seguir trabajando por mejorar la calidad de vida de más peruanos.

Dos de estas empresas que nos permiten ser el principal sector económico en utilizar Oxi son justamente Antamina y Southern Perú, que se ubican entre las mayores productoras peruanas de cobre y que cuentan con operaciones de clase mundial.

Antamina destinó alrededor de S/ 1,700 millones en distintos proyectos, entre ellos el mejoramiento de los servicios del Establecimiento de Salud Huari (Áncash), mientras que Southern unos S/ 1,000 millones, en una serie de iniciativas, donde destacan obras de mejoramiento de agua potable y alcantarillado.

Otras compañías mineras que siguen esta línea son Volcan, Hudbay, Minsur y Nexa Resources. Consideramos que con coordinación y mayores incentivos, este mecanismo podría impulsarse e incrementar el número de empresas y proyectos ejecutados. Todo es cuestión de voluntad y liderazgo.

De otro lado, nos sigue preocupando el lento avance del portafolio de proyectos mineros en el país, debido una serie de factores, entre los más destacados, los dilatados tiempos de aprobación de permisos ambientales o para la cristalización de acuerdos para acceso a tierras. Lo que nos juega en contra.

Si bien hoy existe un área especial de seguimiento e inversión implementada por el actual gobierno, existe también una inmensa barrera de permisología. Ya hemos visto como proyectos mineros de gran impacto para el desarrollo han quedado postergados, como es el caso de Sulfuros Yanacocha.

Según el Índice de Atracción de Inversiones de Fraser, nuestro país ha tenido una caída sostenida desde el 2018 hasta el 2022. En términos generales estamos perdiendo cada vez más y más competitividad a nivel internacional y, si continuamos así, lo que va a pasar es que los inversionistas globales optarán por otras jurisdicciones. La idea justamente es revertir esta tendencia.

Otro tema importante es el desafío que tenemos para definir una estrategia integral contra la minería ilegal, que opera en zonas protegidas y está ligada a la criminalidad. Esta se viene expandiendo y puede generar mucho más daño del que viene causando a nivel nacional y, en este último periodo, en el norte del país.

Juan Carlos Ortiz, segundo vicepresidente, IIMP