La discusión sobre la minería ilegal en el Perú ha evolucionado. Hoy existe mayor claridad respecto a que el problema no se limita a la extracción en campo, sino que involucra toda la cadena de valor. En ese contexto, la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas de reforzar los mecanismos de control en plantas concentradoras constituye un paso relevante para fortalecer la trazabilidad del mineral y cerrar brechas regulatorias.

La experiencia demuestra que mientras el mineral de origen ilegal encuentre canales para ingresar al circuito comercial, los esfuerzos de interdicción tendrán un alcance limitado. El procesamiento es un punto crítico: es allí donde el mineral adquiere valor económico y puede incorporarse a la cadena formal si no existen controles adecuados sobre su procedencia.

La trazabilidad, por tanto, no es solo una herramienta administrativa, es un mecanismo que permite garantizar el origen legal del mineral, proteger la competencia leal y asegurar que la actividad contribuya efectivamente a la recaudación fiscal. Asimismo, fortalece la posición del Perú en un entorno internacional.

Este enfoque también puede contribuir a un proceso de formalización más efectivo. Cuando se establecen reglas claras y se exige origen verificable, se generan incentivos para que los pequeños productores se integren a la legalidad y se reduce el espacio para la comercialización informal.

En paralelo, las acciones operativas siguen siendo necesarias. La reciente intervención de la Marina de Guerra en Huánuco evidencia la importancia de mantener la presencia del Estado en el territorio para enfrentar actividades que generan impactos ambientales, sociales y de seguridad. Sin embargo, los operativos deben complementarse con una estrategia sostenida de formalización.

La situación reportada en La Libertad, donde se han incrementado las denuncias por minería ilegal y los casos de extorsión vinculados, muestra que el problema trasciende lo económico. Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú consideramos que el país necesita una estrategia integral que combine control efectivo en la cadena productiva, presencia institucional en el territorio y un proceso de formalización con reglas claras y plazos definidos. 

Juan Carlos Ortiz, segundo vicepresidente del IIMP.