De acuerdo con un estudio encargado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) al Instituto Peruano de Economía (IPE), en la actualidad para la puesta en marcha de un proyecto minero en nuestro país se necesita superar cerca de 400 procedimientos administrativos, cuando en 2007, según una investigación de Apoyo Consultoría, ese número de trámites esenciales era menos de 50. 

Esto refleja que en menos de 20 años se ha registrado un incremento sustancial de la burocracia estatal que, en comparación con otras jurisdicciones mineras que también han aumentado las autorizaciones por las nuevas exigencias ambientales y de otra índole, el Perú lo ha hecho de manera excesiva y desproporcionada, lo que resta competitividad para atraer nueva inversión.

Un ejemplo de este desmedido conglomerado de trámites, lo constituye la obligación de realizar la consulta previa en la fase de exploración minera, lo que no solo genera un retraso en esta actividad primordial de investigación, sino que alienta expectativas entre la población que, finalmente, de no hallarse un depósito que pueda avanzar a la etapa de explotación, no obtendrá beneficio alguno.  

Sobre el particular, el presidente de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, ha manifestado que en nuestro país más que hablar de “tramitología”, que involucra al conjunto de pasos para alcanzar una autorización, debe hacerse referencia a la “tramitomanía”, que alude al empleo exagerado y una obsesión por los procedimientos, precisión que a la luz de los estudios del IPE y Apoyo es totalmente válida. 

Este exceso de trámites en toda la cadena de valor minera, ha llevado a que en el Perú poner en marcha un proyecto tarde en promedio 40 años, cuando la media mundial es de 15.5 años, con lo que definitivamente estamos quedando a la zaga en la posibilidad de desarrollar nuevas minas, como ocurre por ejemplo en Argentina con el proyecto Vicuña, que implica una inversión estimada en US$ 18 mil millones, gracias a su nueva y audaz legislación.

Esto debe ser un llamado a la reflexión, para que el próximo Gobierno, que será elegido en tres semanas, formule una política minera que corrija estas distorsiones, en vez de hacer propuestas como la presentada en el Congreso que busca reducir de 30 a 15 años el periodo de las concesiones mineras, ahuyentando más a la inversión y, por el contrario, incentivando a la nociva minería ilegal. 

El Director