En Rumbo a PERUMIN Centro, que se realizó en forma virtual y presencial del 15 al 17 de noviembre, se destacó la importancia que en Ayacucho, Huancavelica e Ica se desarrolle una minería responsable con el objetivo de reducir la pobreza y llevar más bienestar a la población.

En ese orden, el director del Centro para la Competitividad y Desarrollo (CCD), Rudy Laguna estimó que solo la ejecución de los proyectos mineros en cartera permitirá reducir en cinco puntos porcentuales hacia el 2031 la pobreza en esas tres regiones.

“Estos departamentos concentran una cartera de inversión minera valorizada en más de US$ 930 millones. Entre los proyectos destacan Optimización Inmaculada en Ayacucho (US$ 136 millones), Pukaqaqa en Huancavelica (US$ 654 millones) y Ampliación Shouxin en Ica (US$ 140 millones)”, detalló.

Por su parte, el gobernador electo de Huancavelica, Leoncio Huayllani anunció la implementación de una agenda sustentable para desarrollar una convivencia armónica entre la agricultura y la minería durante su gestión, entre 2023 y 2026.

En ese marco, cuando asuma funciones, declarará de interés público regional las operaciones y proyectos mineros, como parte de una política cero conflictos minero energéticos, que permita financiar el desarrollo de la agricultura, ganadería y el turismo. 

En su participación, el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera destacó la importancia del sector minero para las regiones analizadas, resaltando que la industria representa el 17% del PBI en conjunto de Ayacucho, Huancavelica e Ica, seguido de manufactura y agropecuario, con 14% cada uno. 

“Si hacemos un desglose por región, el 21% del PBI de Ayacucho está representado por la minería, mientras que en Ica significa el 16% y en Huancavelica el 11%”, explicó.

Finalmente, el exgobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz con el fin de revertir la poca eficiencia en el manejo del presupuesto público local financiado principalmente con las transferencias mineras, propuso crear un fideicomiso que administre de manera autónoma este dinero y lo destine correctamente a obras de envergadura previa planificación.

“El fideicomiso debe ser una institución autónoma especializada para ejecutar el Plan Nacional de Infraestructura, en el que participe el contribuyente y las comunidades, bajo el control permanente de la Contraloría”, puntualizó.