La inclusión del derecho al silencio administrativo positivo en el nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros es algo destacable en la medida que este se constituye en una garantía de la inversión, afirmó el socio del estudio CMS Grau, Ramón Huapaya, en su presentación en el Jueves Minero del 25 de agosto que organizó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Explicó que el silencio administrativo es negativo cuando se trata de una afectación a un bien público y además se incide nocivamente sobre este, pero no debe aplicarse por defecto a cualquier tema, como el ambiental minero.

“El reglamento recupera y detalla reglas del silencio administrativo positivo para varias actividades como la renuncia a derechos y acciones del peticionario, cambio de sustancia, acumulación de concesiones mineras, división de derecho minero, modificación de concesión de transporte sin ampliación de área y cambio de autorización de explotación vía Informe Técnico Minero, entre otros”, señaló.

Con relación a la nulidad de oficio del silencio administrativo positivo por parte del administrador, que también está contenida en el reglamento, dijo que debe utilizarse de manera muy racional y mesurada, dado que lo mejor es resolver en los plazos establecidos y dar predictibilidad.

“Hay plazos de 60 a 90 días que en la realidad demoran un año o año y medio, como el caso de la licencia para la explotación de una mina”, sostuvo. 

En otro momento, destacó que por principio la autoridad administrativa tiene que ser imparcial, objetiva y neutral, sin embargo, ahora vemos personas que asumen cargos en el ámbito gubernamental y públicamente se manifiestan en contra de las actividades mineras. 

“Si alguien se declara enemigo del sistema jurídico minero ¿qué hace en un cargo público para decidir sobre algo a lo que tiene animadversión? Por decoro tendría que abstenerse”, manifestó.

Además, consideró que la norma ha sido elaborada para que la autoridad actúe con base en los principios de certeza, uniformidad y eficiencia, por lo que la exigencia de requerimientos adicionales a los ya previstos podrían hacer perder la predictibilidad del reglamento, lo que conllevaría al retraso de la evaluación de los trámites y la postergación de la inversión.

Como panelistas participaron en el Jueves Minero la gerenta corporativa Legal y Relaciones Institucionales de Nexa Resources, Magaly Bardales; el abogado experto en minería, César Zegarra, y por el Estudio Rodrigo, Elías & Medrano, Francisco Tong.