La minería ilegal se ha convertido en una amenaza para la estabilidad del Estado peruano, debido a su expansión, sus impactos ambientales y su vinculación con la violencia, advirtió el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gustavo De Vinatea, durante una mesa técnica organizada en el Congreso de la República.

Señaló que la producción ilegal de oro se estima en 110 toneladas anuales, una cifra que supera lo exportado formalmente. Además, sostuvo que la expansión de esta actividad pone en riesgo el desarrollo de la minería formal.

En otro momento, alertó sobre la contaminación por mercurio de las fuentes de agua y las personas, así como las vulneraciones de derechos humanos en las actividades de la minería ilegal. 

Asimismo, indicó que en los distritos con mayor presencia de esta actividad los homicidios por cada 100,000 habitantes pueden superar hasta 45 veces el promedio nacional.

Frente a este escenario, destacó la importancia de aprovechar el potencial minero del Perú dentro de un marco de legalidad. Recordó que la minería formal representa alrededor del 10% del PBI, aporta más del 66% de las exportaciones y genera 290 mil empleos directos formales, así como más de un millón y medio de puestos de trabajo indirectos.

Como parte de las medidas para enfrentar esta problemática, planteó que, ante el próximo vencimiento del Reinfo, previsto para fines de 2026, se avance hacia el cumplimiento de la Ley General de Minería y del marco legal aplicable a la pequeña minería y minería artesanal, sin prolongar mecanismos que permitan mantener indefinidamente actividades sin formalizar.

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