El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Darío Zegarra saludó la presentación del proyecto de ley de la Minería Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE), pero mostró su preocupación por el escaso tiempo que tiene el Congreso para debatirlo, pues estamos a pocas semanas de que concluya la presente legislatura.

“Tenemos una oportunidad de ser ambiciosos y contar con un mecanismo efectivo de formalización que sea predecible, eficaz y transparente para adherir a este segmento a la economía formal y que se zanje una línea muy clara con la ilegalidad”, detalló en declaraciones con RPP Noticias.

En ese sentido, añadió que el proceso de formalización debe incluir la transferencia de capacidades y tecnologías, que permitan que los empresarios que buscan formalizar sus actividades sean también referentes de competitividad con mejores estándares de seguridad y salud para sus trabajadores. 

En otro momento, reiteró su cuestionamiento al uso que se le ha dado al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que, a su criterio, ha sido una puerta abierta a la ilegalidad en la extracción de minerales, de muertes, extorsión y ataques a la propiedad privada.

“Seguir extendiendo los plazos es algo que no debemos permitirnos. Tenemos que poner medidas concretas para detener la ilegalidad. Se requiere de un debate público y que sean muy claras las posiciones de los representantes en el Congreso”, concluyó.

El Consejo de Ministros aprobó la semana anterior el proyecto de ley para la formalización de la MAPE y lo ha presentado al Congreso de la República para su discusión y eventual aprobación.

Según el gobierno, la iniciativa de ley apunta a brindar a los mineros la oportunidad de ser parte de un proceso de formalización, y descartó que su objetivo sea convertir en ilegales a todos los mineros inscritos en el Reinfo, cuyo plazo de vigencia se ampliaría por seis meses a partir del 2025.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén señaló que este proyecto demuestra la voluntad del gobierno nacional por formalizar la actividad minera, proteger el medio ambiente y a las comunidades originarias, así como hacer frente a la violencia en torno a la minería ilegal.