La capacidad de un país para asegurar el suministro de minerales, diversificar proveedores y rutas, reducir riesgos geopolíticos y demostrar trazabilidad y sostenibilidad a lo largo de toda la cadena, se está convirtiendo en un nuevo factor de competitividad para la industria minera, más allá de la disponibilidad de recursos en el subsuelo, sostuvo el Senior Fellow de la Universidad de Harvard, Vinio Floris.

Durante su participación en el Jueves Minero del 24 de septiembre, explicó que la creciente importancia de los minerales críticos obliga a ampliar la mirada desde la extracción hacia las distintas etapas que siguen al mineral hasta llegar a su uso final.

En ese recorrido, añadió, aparecen puntos de concentración que pueden convertirse en cuellos de botella para industrias enteras, especialmente cuando un reducido número de países concentra capacidades de procesamiento y refinación.

“La resiliencia es el nuevo valor”, afirmó al explicar que la confiabilidad del abastecimiento está adquiriendo un peso creciente junto con factores como la trazabilidad y la sostenibilidad. En ese escenario, los países productores deberán demostrar no solo que cuentan con recursos minerales, sino que pueden integrarse a cadenas de suministro capaces de responder ante interrupciones comerciales, geopolíticas o logísticas.

Asimismo, advirtió que esta situación también obliga a ampliar la mirada sobre la sostenibilidad minera, debido a que las empresas y los países deberán demostrar no solo cómo producen un mineral, sino también cuál es su origen, cómo se procesa y qué impactos genera durante su recorrido hasta el consumidor final.

En ese sentido, señaló que, en 2025, el principal refinador concentró en promedio 70% de la participación en minerales energéticos, mientras que China supera el 90% de la refinación de algunos minerales como galio, grafito, manganeso y tierras raras.

Cadenas bajo presión

De otro lado, recordó que China ha establecido controles a las exportaciones de determinados minerales y materiales estratégicos, ampliando posteriormente estas medidas a tierras raras y equipos vinculados con baterías. Para el especialista, estos episodios muestran que los minerales pueden convertirse en un instrumento de presión dentro de las relaciones económicas internacionales.

A ello se suman riesgos que pueden surgir en otros puntos de la cadena. Floris mencionó, por ejemplo, la dependencia del suministro de azufre proveniente de Medio Oriente y cómo las alteraciones geopolíticas registradas en 2026 impactaron en el precio del ácido sulfúrico utilizado en la lixiviación del cobre. De esta manera, una interrupción que se origine fuera del sector minero puede terminar afectando directamente los costos y la continuidad de las operaciones.

“Estamos pasando del just in time al just in case”, comentó Floris al referirse al cambio que se viene produciendo en las estrategias de abastecimiento. La prioridad ya no estaría únicamente en contar con insumos en el momento preciso y al menor costo posible, sino en construir cadenas capaces de resistir interrupciones y contar con alternativas ante eventuales contingencias.

Esta nueva lógica implica diversificar proveedores, rutas de transporte y fuentes de suministro, así como fortalecer las capacidades de procesamiento y reciclaje. Para Floris, la resiliencia de una cadena minera debe construirse desde la extracción y el procesamiento hasta la manufactura, la distribución y el uso final, incorporando además criterios de trazabilidad, eficiencia de recursos y economía circular.

En este contexto, América Latina parte de una posición relevante, al concentrar alrededor de 40% de la producción mundial de cobre y cerca de 25% del suministro de litio. Sin embargo, Floris advirtió que solo alrededor de una quinta parte de los minerales clave extraídos en la región son refinados localmente, lo que limita la capacidad de los países productores para capturar una mayor proporción del valor generado por estas cadenas.

Para Perú, esta brecha representa un desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad. Floris planteó avanzar desde el papel tradicional de proveedor de concentrados hacia una posición de mayor participación en la cadena mediante refinación, fundición y aprovechamiento de subproductos como molibdeno y plata. También señaló la necesidad de contar con energía y agua de manera sostenible, fortalecer las alianzas entre Estado, empresas, academia y comunidades, y desarrollar capacidades que permitan al país responder a las nuevas exigencias de las cadenas globales.

“El Perú tiene los recursos, tiene la cartera y tiene las alianzas; lo que falta es ejecutar y agregar valor”, sostuvo.

El especialista concluyó que el desafío para los países mineros será pasar de una visión centrada exclusivamente en la extracción a otra que considere la seguridad, sostenibilidad y trazabilidad de toda la cadena. En esa transición, la capacidad de ofrecer minerales de manera confiable puede convertirse en un elemento diferenciador frente a otros productores.

“El futuro digital depende de cómo gestionemos el mundo físico”, afirmó Floris, al remarcar que la transformación tecnológica y la transición energética estarán condicionadas por la capacidad de asegurar un suministro responsable y resiliente de los minerales que requieren las nuevas tecnologías. Su planteamiento abrió la discusión sobre un desafío que trasciende a la actividad minera: cómo se prepara el Perú para atender, de manera simultánea, las nuevas demandas de infraestructura digital, minería, agricultura y población sin profundizar las restricciones sobre recursos estratégicos como la energía y el agua.

Energía: una nueva presión sobre la competitividad

En ese punto, Marita Chappuis, consultora en Economía Minera y Regulaciones Minero-Ambientales, advirtió que el país necesita anticipar la presión que ejercerán estas nuevas demandas sobre los recursos que sostienen las actividades productivas.

Chappuis señaló que la disponibilidad de gas natural no puede darse por descontada y planteó la necesidad de discutir con mayor profundidad cómo se cubrirá la demanda energética en los próximos años, considerando que la expansión de las energías renovables no elimina la necesidad de contar con una planificación integral del sistema.

“Yo me pongo a pensar cómo van a ser los conflictos por la energía y por el agua. Porque, definitivamente, todos queremos entrar y usar la inteligencia artificial”, sostuvo.

La especialista consideró que esta discusión todavía no está siendo abordada con la profundidad necesaria y planteó que será necesario determinar cómo se asignarán los recursos energéticos e hídricos entre los distintos usuarios. En su análisis, el reto no consiste únicamente en incorporar nuevas fuentes de energía, sino en anticipar las consecuencias que tendrá una mayor competencia por estos recursos sobre la minería y otras actividades productivas.

“Que tengamos gas para solamente 13 años, 13 años no es nada”, advirtió Chappuis, al reclamar una discusión de largo plazo sobre la matriz energética peruana.

Su intervención también trasladó el debate hacia un aspecto menos visible de la transformación tecnológica: la capacidad del país para medir el avance de sus propios proveedores y conocer qué tan preparados están para incorporar nuevas tecnologías.

Chappuis sostuvo que el Perú necesita información que permita conocer cómo están evolucionando los proveedores mineros, cuáles son sus necesidades y qué nivel tecnológico están utilizando, incluido el uso de inteligencia artificial. Sin esos indicadores, señaló, resulta difícil convertir las oportunidades tecnológicas en políticas concretas.

“Lo que no se mide son sueños”, afirmó.

De producir concentrados a controlar más etapas de la cadena

Juan Carlos Ortiz, presidente del IIMP, puso el foco en una de las principales paradojas planteadas por Floris: el Perú y otros países latinoamericanos cuentan con importantes recursos minerales, pero una parte considerable de la transformación ocurre fuera de la región.

Ortiz explicó que las diferencias de rentabilidad entre la actividad minera y las etapas posteriores de procesamiento ayudan a entender por qué la capacidad mundial de refinación terminó concentrándose en determinados países. Según su análisis, la inversión en minería ofrece tradicionalmente retornos superiores a los de una refinería, mientras que estas últimas requieren grandes montos de capital y enfrentan mayores exigencias ambientales y de infraestructura.

El resultado es una cadena en la que los países productores pueden tener una participación importante en la extracción, pero perder capacidad de decisión en las etapas posteriores.

“El que tiene el control de la transformación es el que decide finalmente qué hace con el material”, señaló Ortiz.

El presidente del IIMP sostuvo que esta situación también se observa en el cobre producido por Perú y Chile, donde una proporción importante sale como concentrado hacia otros mercados para su posterior transformación. Por ello, consideró que el debate sobre valor agregado debe ir más allá de la idea de instalar refinerías tradicionales y evaluar alternativas tecnológicas que permitan procesar los concentrados con menores requerimientos de capital, agua y energía.

“La salida que queda es buscar desarrollos tecnológicos que permitan transformar concentrados de cobre a cobre refinado”, planteó.

Ortiz también llamó la atención sobre la dimensión tecnológica de la minería peruana. A su juicio, la discusión sobre minerales críticos y la expansión de la economía digital debería llevar al país a preguntarse cuánto está invirtiendo en investigación, formación de talento y desarrollo de proveedores capaces de competir en una industria cada vez más tecnológica.

El desafío, añadió, no consiste solamente en aumentar la producción minera, sino en generar las capacidades para participar en más etapas de la cadena y evitar que la dependencia de un solo mercado limite la capacidad de negociación del país.

“No depender de un solo cliente, que siempre es algo peligroso a mediano plazo”, remarcó.

El agua pasa a ser un “recurso crítico”

Juan José Díaz, gerente de Propiedades y Aguas de Cerro Verde, sostuvo que la experiencia de Arequipa muestra la necesidad de anticiparse a la creciente demanda de agua, tanto de la población como de las actividades productivas. El reto, explicó, será garantizar la seguridad hídrica en un escenario en el que la minería y las nuevas infraestructuras competirán por el recurso, lo que exige planificación de largo plazo y soluciones que permitan atender a los distintos usuarios.

Díaz explicó que la gestión hídrica en una cuenca no puede limitarse a responder cuando aparece una escasez, sino que debe anticipar escenarios de déficit y aprovechar las oportunidades de reúso, almacenamiento y eficiencia. En ese sentido, destacó la experiencia desarrollada en Arequipa para atender de manera paralela las necesidades de la población, agricultura y actividad minera.

“Hay que tener una actitud preventiva más que reactiva”, sostuvo.

El especialista llamó además la atención sobre las pérdidas que se producen actualmente en los sistemas de agua potable y riego, señalando que la discusión sobre seguridad hídrica no debería concentrarse únicamente en cuánto consume cada actividad, sino también en cuánto recurso se pierde por ineficiencias en los sistemas existentes.

En el ámbito agrícola, mencionó las bajas eficiencias de determinados sistemas de riego, mientras que en el uso poblacional advirtió sobre las pérdidas asociadas a la potabilización, distribución y conducción. Para la minería, remarcó que la eficiencia en el manejo del agua se ha convertido en una condición cada vez más importante para sostener la actividad.

“En el caso de minería, para nosotros cada gota cuenta”, afirmó.

Díaz propuso ampliar incluso el concepto utilizado habitualmente en el debate internacional. Si los minerales críticos son indispensables para las nuevas tecnologías, el agua y la energía también deberían ser consideradas dentro de una categoría de recursos cuya disponibilidad condicionará el desarrollo de los proyectos.

“Tenemos que empezar a pensar también en recursos críticos”, planteó.

Consideró que esta nueva variable obliga a vincular la planificación de infraestructura digital con la planificación hídrica y energética, de modo que la llegada de nuevos usuarios de recursos no genere una competencia desordenada con la población y las actividades productivas existentes.

“Teníamos la población, teníamos las actividades productivas, y ahora tenemos también que atender a esta vorágine de desarrollo a la cual tenemos que adaptarnos”, manifestó.

Una agenda que trasciende a la minería

Las intervenciones del panel coincidieron en que el impacto de la transformación digital sobre la minería no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de una mayor demanda de minerales. El debate planteó una agenda más amplia, en la que la disponibilidad de agua y energía, la investigación tecnológica, la capacidad de procesamiento, la diversificación de mercados y la calidad de la información serán determinantes para definir qué países estarán en mejores condiciones de integrarse a las nuevas cadenas de suministro.

Ortiz advirtió que todavía existe incertidumbre sobre la velocidad con la que evolucionará la infraestructura vinculada a la inteligencia artificial y sobre la cantidad de recursos que terminará demandando, pero consideró que el país debe prepararse para escenarios de mayor presión sobre la infraestructura física.

Díaz coincidió en que la magnitud del cambio puede estar siendo subestimada y sostuvo que la respuesta debe ser la construcción de resiliencia desde ahora, particularmente en la gestión de recursos hídricos.

“A la pregunta de si estamos subestimando este tema, la respuesta corta es sí”, afirmó.

Para Chappuis, el desafío pasa por convertir esta nueva realidad en una discusión de política pública sustentada en información, mientras que Ortiz puso énfasis en la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas y de investigación del país. Díaz, por su parte, planteó que ninguna estrategia de crecimiento podrá sostenerse si no incorpora desde su diseño la disponibilidad y gestión de los recursos hídricos.

El debate dejó así una conclusión que amplía la discusión tradicional sobre competitividad minera: contar con grandes reservas de minerales seguirá siendo una ventaja, pero será insuficiente si el país no puede garantizar las condiciones físicas, tecnológicas, energéticas, hídricas y logísticas necesarias para convertir esos recursos en una oferta confiable para las nuevas cadenas globales.

En esa perspectiva, el desafío para el Perú no es únicamente producir más minerales, sino construir las condiciones para que su producción pueda integrarse de manera más segura, sostenible y diversificada a las cadenas de valor del futuro.