El proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) debe ser explícito respecto a la responsabilidad de quienes se incorporen en el proceso de formalización, en el sentido que estar inscritos en un registro no puede convertirse en una protección frente a la comisión de delitos, sostuvo el socio del estudio Hernández & Cía., Samuel Abad, durante el Jueves Minero del 29 de octubre.  

Sobre el particular, propuso establecer medidas claras respecto al régimen de consolidación contemplado en el proyecto de Ley MAPE, presentado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que incorpora a quienes mantienen su inscripción en el Reinfo y les permite continuar temporalmente con sus actividades mineras en las coordenadas declaradas.

“Una lectura de esta disposición podría generar diversas interpretaciones, a veces se interpreta bien, mal o en función de quienes tienen ciertos intereses”, advirtió.

En ese sentido, consideró que la propuesta debe precisar que el nuevo régimen no supone una exención de responsabilidades. “La norma debería ser absolutamente clara diciendo no más inmunidad penal”, enfatizó.

Asimismo, remarcó que la discusión no debe limitarse al cambio de denominación del mecanismo de formalización, sino a las condiciones y efectos que establece. “El cambio de nombre, si tiene la misma esencia, no afecta el cuestionamiento constitucional que se puede hacer a esta norma en concreto”, explicó.

En otro momento, recordó que la quinta prórroga del Reinfo, establecida mediante la Ley 32537 hasta el 31 de diciembre de este año, motivó una nueva demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto, admitida a trámite por el Tribunal Constitucional. 

Como antecedente, mencionó un pronunciamiento anterior del TC que, aunque declaró improcedente una demanda contra la prórroga del Reinfo por sustracción de la materia, reconoció que la exención de responsabilidades había permitido que personas inscritas operaran “sin apego a la legalidad y exoneradas de toda sanción”.

Por ello, pidió al Tribunal convocar a una audiencia y resolver la nueva demanda antes de que venza la vigencia del registro, con el fin de evitar que otra prórroga o modificación normativa impida un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Como panelistas participaron en el Jueves Minero la socia de Minería, Recursos Naturales y Sostenibilidad de CMS Grau, María Cristina Alva; la vicepresidenta de Hágase Instituto, Paola Bustamante, y el presidente ejecutivo de ProMinería, Eduardo Lanao. La moderación estuvo a cargo del segundo vicepresidente del IIMP, Roberto Maldonado.