Lima, 22 de setiembre de 2026.- Fortalecer las capacidades técnicas del Senace para que pueda resolver directamente una mayor cantidad de aspectos de los proyectos y reducir su dependencia de opiniones de terceros son medidas que podrían contribuir a hacer más ágiles y predecibles los procesos de evaluación ambiental, sostuvo Magaly Bardales, directora del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y gerente corporativo de Legal y Relaciones Institucionales de Nexa Resources.

Durante su participación en el Jueves Minero del IIMP, la especialista señaló que la discusión sobre la agilización de permisos no debería centrarse únicamente en modificar normas, sino también en revisar cómo funcionan actualmente las entidades encargadas de evaluar los proyectos y qué mejoras pueden implementarse desde su propia gestión.

“La simplificación de todo lo que se refiere a permisología no significa de ninguna manera afectar los estándares de seguridad, afectar los estándares ambientales ni de regular”, afirmó.

Bardales sostuvo que los procedimientos deben incorporar una evaluación de riesgos y contar con plazos previsibles, de manera que las empresas puedan conocer con mayor certeza cuánto tiempo tomará la obtención de un permiso.

“Debemos tener procedimientos que tengan plazos completamente predecibles, que haya para el inversionista una predictibilidad respecto a cuánto me va a demorar un permiso”, señaló.

Más capacidad técnica

La directora del IIMP identificó en el Senace una oportunidad concreta para mejorar los tiempos de evaluación. Explicó que, aunque la entidad tiene plazos establecidos para cumplir sus funciones, en determinados casos requiere opiniones técnicas de otras instituciones, lo que puede introducir tiempos adicionales al proceso.

“Senace es una entidad que está buscando ver la forma de desarrollar sus actividades o sus funciones dentro de los plazos que han sido definidos de acuerdo a ley, sin embargo depende muchas veces de opiniones de terceros”, explicó.

Frente a ello, planteó evaluar un fortalecimiento de las capacidades internas del organismo mediante la incorporación de especialistas en las distintas materias que deben ser revisadas durante la evaluación de los proyectos.

La propuesta, explicó, apunta a que el Senace cuente con mayores capacidades propias para resolver directamente determinados aspectos técnicos de los expedientes, reduciendo así la necesidad de recurrir a terceros cuando la materia pueda ser atendida dentro de la propia entidad.

Bardales consideró que este tipo de medidas merece ser evaluado como parte de una mejora de la gestión y de las capacidades técnicas del organismo, sin que necesariamente se tenga que esperar una modificación de normas con rango de ley.

Tecnología para decidir

Otro espacio de mejora está en el uso de herramientas tecnológicas para aprovechar información que ya existe. Bardales planteó recurrir a inteligencia artificial y bases de datos que permitan ordenar y consultar pronunciamientos y decisiones adoptados previamente por las autoridades frente a situaciones similares.

La idea, explicó, es que los evaluadores puedan disponer de antecedentes técnicos y criterios utilizados en expedientes anteriores, de modo que determinados análisis no tengan que comenzar nuevamente desde cero cuando existen casos comparables que pueden ser consultados.

El planteamiento se suma al proceso de transformación digital que ya viene desarrollando el Senace. La entidad ha reportado reducciones de los tiempos de evaluación y el uso de herramientas de inteligencia artificial, además de plataformas para facilitar el acceso a criterios técnicos y otras fuentes de información. 

Para Bardales, el reto es que estas herramientas se traduzcan en mayor predictibilidad para los administrados, manteniendo la rigurosidad de las evaluaciones ambientales.

“La seguridad jurídica está asociada nuevamente al tema de predictibilidad, al hecho de tener normas que, digamos, no necesariamente no cambian en el tiempo, pueden ir cambiando, pero tiene que haber plazos adecuados de adaptación”, señaló.

En esa línea, sostuvo que los cambios normativos deben contar con una debida justificación y considerar períodos adecuados de adaptación, además de evitar modificaciones de criterio de las autoridades sobre un mismo asunto que no estén debidamente sustentadas.

Acciones contra la ilegalidad

Bardales también identificó medidas que, desde su perspectiva, pueden aplicarse desde el Poder Ejecutivo para enfrentar el avance de la minería ilegal sin esperar necesariamente nuevas normas con rango de ley.

Entre ellas, mencionó una mayor fiscalización de las plantas de beneficio, donde se concentra y procesa el mineral extraído, así como un mayor control sobre los insumos utilizados en la actividad minera, como los explosivos.

“Hay dos puntos en términos de fiscalización que claramente se pueden hacer ahora: uno, el tema de fiscalización de las plantas de beneficio, que es donde se acopia justamente el mineral extraído a través de Reinfo”, afirmó.

Asimismo, señaló que existen mecanismos para identificar a los proveedores que participan en la cadena de suministro de determinados insumos, lo que permitiría reforzar las acciones de fiscalización.

“Claramente pueden hacerse fiscalizaciones y, como digo, sin necesariamente entrar a normas por rango de ley”, sostuvo.

La directora del IIMP señaló finalmente que la respuesta frente a la minería ilegal debe combinar una fiscalización efectiva con mecanismos que permitan distinguir a quienes buscan incorporarse realmente a la formalidad de aquellos que utilizan los mecanismos existentes para continuar operando al margen de la ley.