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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EXPLORACIONES DEBE SER MODIFICADO

Con el objetivo de impulsar la exploración minera en el país, el director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y presidente de PERUMIN 36, Miguel Cardozo afirmó que el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera debe ser modificado por una nueva norma, razonable y equitativa, que haga justicia ante el riesgo ambiental leve que implican estos trabajos.

“El último año en que el Perú tuvo una recuperación de la inversión en exploración minera mayor a la variación global fue el 2017. Desde el 2018 –cuando empieza a aplicarse el reglamento–, esta inversión empezó a decaer sistemáticamente. Es así que nuestro país ocupó el último lugar en el Índice de Competitividad Minera 2022, elaborado por Macroconsult y el IIMP, y retrocedió sustancialmente en la encuesta anual de Fraser”, explicó. 

En ese sentido, en entrevista con Desde Adentro, precisó que en el periodo 2017 – 2022, la inversión global en exploración minera ha crecido 64%, mientras en el Perú solamente 5%, según datos de S&P Global Market Intelligence.

Igualmente, opinó que sería idóneo suspender la aplicación de la Consulta Previa hasta el momento que los proyectos mineros tengan información veraz y suficiente que permita predecir la viabilidad de la operación minera y los impactos positivos y negativos que esta pudiera tener sobre el territorio de las comunidades implicadas.

“Es complicado que las comunidades puedan informarse mediante el mecanismo de la Consulta Previa sobre un proyecto en etapa de exploración, con datos parciales de impactos insuficientes y no reales, y además con baja probabilidad de éxito en su desarrollo, dado que de cada 1,000 prospectos solo 100 pasan a la etapa de perforación y de estos uno llegará a ser mina”, detalló.

Asimismo, indicó que hasta el 2014 se firmaban más de 20 o 25 contratos de inversión en exploración minera por año. Pero, desde el 2015, la cifra descendió a entre 10 y 13, y desde 2019 solo 4 o 5 por año, por lo que no resulta significativo que se alcance nuevamente esta misma cantidad de contratos en 2022. 

“Esto es una demostración de que cada vez tenemos menos proyectos de exploración que obtienen los permisos correspondientes, debido a la regulación compleja y que no se justifica dado que no existen impactos ambientales relevantes”, remarcó.

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