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CREAR ENTES DE DIRECCIÓN Y DE EJECUCIÓN DEL CANON MINERO

Por: Isaac Ríos, Presidente Honorario en el Centro Tecnológico Minero (Cetemin). 


La Ley del Canon de Recursos Naturales, entre ellos el minero, se dio en 2001, cuando Rómulo Mucho Mamani, en su calidad de ingeniero de minas y Congresista de la República, trabajó intensamente en su elaboración, discusión y aprobación, en beneficio y beneplácito de los pueblos andinos, que clamaron por años percibir los beneficios de la explotación de los recursos naturales de su región. 

Antes de esta ley el gobierno central destinaba partidas para las regiones, provincias y distritos vía el Presupuesto Nacional de la República, que en la práctica no les llegaba por intereses políticos y no por verdaderas necesidades, dejándolos en completo abandono a pesar de las urgencias para mejorar su calidad de vida. 

Con la Ley del Canon Minero los pueblos reciben directamente el 50% del impuesto a la Renta de los productores mineros, solo en los últimos 15 años (2005 - 2020) se han desembolsado más de S/ 60 mil millones  o US$ 20 mil millones, monto equivalente a 4 proyectos similares a Quellaveco. Capital suficiente para generar desarrollo con obras básicas en educación, salud y saneamiento en todos los pueblos del Perú. Cualquiera se da cuenta que la distribución y ejecución de estos fondos están abandonados a su suerte, falta una organización directora y ejecutora, pero nadie pone las manos al fuego.  

La aplicación del canon minero fue evaluada a los 6 y 12 años de su vigencia, cuyos informes son alarmantes y nadie les presta atención, indican como deficiencias: a) Falta de transparencia en la ejecución de obras pequeñas, b) No preparan ni priorizan proyectos necesarios, c) Desigualdad en la distribución que favorece solo a distritos cercanos a la explotación, muy poco o nada para los otros, y d) Alta corrupción en todos los niveles donde llega el canon. 

Son 24 regiones, 196 provincias y 1,874 distritos, todos con carencias de organización y administración, con serios problemas de capacidad de gestión pública y ejecución, que solo gastaron el 60% del canon en obras sin importancia, dejando un panorama de desconfianza que obliga a repensar íntegramente sobre el uso y aplicación de estos fondos.   

La región Áncash y el distrito de San Marcos recibieron los más altos montos de canon minero, sin embargo la región Cusco los supera ampliamente al percibir además canon de gas; la bonanza de estas regiones no se refleja en obras reales, aplicando recién el modelo de Obras por Impuestos (OxI), con Antamina para la construcción de un colegio y un hospital regional en Áncash, así como Antapaccay en obras de agua y saneamiento en Espinar en Cusco, cuando se tiene suficientes fondos del canon para ejecutar estas y otras obras, no solo en estas regiones, sino en todo el país.

La sorpresa está en la región Cusco, receptora del mayor canon del Perú, además de alta afluencia turística, cuenta con cuatro de los diez distritos más pobres del país, donde el 95% de la población vive en pobreza, según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de 2010. Los primeros de la lista son: Lares de la provincia de Calca y Omache de la provincia de Paruro, región Cusco. Estos contrastes ocurren por falta de planeamiento nacional o regional en el uso de los recursos, creando desigualdades que llaman a modificar la aplicación apropiada del canon, muy mal manejado por los receptores.

Conocemos muy bien la ineficiencia de las entidades públicas, nacionales, regionales y locales, ninguna reorganización o nueva ley han logrado mejorarlas, necesitan la urgente participación del sector empresarial para reforzar y reorientar la distribución y ejecución del canon, aplicarlo adecuadamente en beneficio real y objetivo de los pueblos. Si las empresas mineras no le ponen interés al destino o uso final del canon minero, las poblaciones seguirán rechazando o ignorando los beneficios de la minería.

Los diagnósticos ya están expuestos, necesitamos acciones correctivas, no exigiendo eficiencia al Estado, sino creando un Ente Coordinador del Canon a nivel nacional, con un Consejo Directivo conformado por representantes de empresas mineras y de los gobiernos central y regional, para establecer lineamientos, políticas generales y ejercer el control y fiscalización de la aplicación del canon. 

El Ente Coordinador tendrá un Ente Ejecutor, para levantar información a nivel nacional, planificar, priorizar, diseñar, estandarizar, controlar con transparencia la ejecución de todas las obras con fondos del canon minero, aplicando modelos como OxI, Obras por Canon (OxC) y Gobierno a Gobierno (GaG), sin burocracia. Se tendrían obras priorizadas, todas con expedientes técnicos y presupuestos, de la infraestructura básica de salud, educación y saneamiento de todo el país. 

El Ente Ejecutor del Canon trabajará en talleres con las regiones, provincias y distritos para reconocer las necesidades, priorizar las inexistentes e importantes, elaborar los expedientes técnicos, convocar su ejecución con entidades de reconocida solvencia técnica y económica, supervisando hasta su entrega en plazos y presupuestos establecidos; tendrán estándares y modelos de hospitales y colegios para los diferentes niveles, regionales, provinciales, distritales y de poblados menores. En otras palabras, todo un trabajo de ingeniería, propio de ingenieros de diferentes especialidades.

El ente nato realizador de lo indicado es el Colegio de Ingenieros del Perú, que con sus Consejos Departamentales cubre el país con ingenieros de todas las especialidades, debidamente colegiados, financiando los honorarios de ingeniería del Ente Ejecutor de todas las obras con el 5% del Canon de Recursos Naturales.

En los primeros cinco años de gestión de los Entes sugeridos se podrían priorizar los hospitales, colegios y saneamiento de las regiones y provincias en carencias, en el siguiente lustro con todos los distritos y pueblos, entonces apreciaremos las ventajas de centralizar y profesionalizar la utilización del canon, también apreciaremos el desarrollo de las poblaciones abandonadas. 

Este planteamiento busca centralizar y profesionalizar la ejecución de obras con fondos del canon para todo el país, evitando la repartición actual, sin plan ni acción, observada en los 20 años de vigencia improductiva, perjudicando a los pueblos que no aprecian el aporte de la minería, creando una imagen distorsionada de los productores mineros.

Seguro que estas ideas pueden ser perfeccionadas por expertos, sin modificar los objetivos originales del Canon de Recursos Naturales: mejorar la calidad de vida de los pueblos.    

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