Por: Cayo Soto, PhD(c).Serie: Gobernanza social para la sostenibilidad de proyectos mineros — Cuarta entrega.IntroducciónLa evolución de las relaciones comunitarias hacia la gestión del desempeño social ha incrementado las responsabilidades empresariales frente a los impactos de la actividad minera. Ergo, incorporar nuevas políticas, estándares o programas sociales no implica necesariamente haber desarrollado una gobernanza capaz de responder a las complejidades de los territorios donde se ejecutan los proyectos.Las controversias socioambientales plantean una interrogante: ¿qué fundamentos y enfoques permiten que la gobernanza social trascienda los compromisos corporativos y contribuya efectivamente a acciones sostenibles de la actividad minera?Encontrar una respuesta exige examinar la gobernanza desde sus dimensiones institucionales, organizacionales y territoriales, para permitir reconocer que las decisiones mineras involucran intereses, derechos, responsabilidades y capacidades diferentes entre empresas, comunidades y Estado.Fundamentos de la gobernanza social mineraLa gobernanza social minera puede entenderse como un enfoque estratégico y multiactor buscando articular, por un lado, decisiones, responsabilidades y mecanismos de participación en la interrelación de las empresas mineras y los actores del territorio impactado por la minería. Esta definición constituye una síntesis conceptual que requiere apoyarse en distintos fundamentos científicos.Primero, institucional. Glückler y Gutiérrez (2025), a través de una crítica institucional de la licencia social para operar, cuestionan la perspectiva que equipara la ausencia de conflictos con aceptación social. A partir de un proyecto minero chileno, proponen examinar los contextos institucionales, los procesos de gobernanza y la construcción de consensos legítimos.Este aporte permite reconocer que las relaciones que anhelan sostenibilidad no dependen solo de las acciones empresariales, sino también de las reglas de juego, las acciones institucionales y las expectativas compartidas.Segundo, la legitimidad y la confianza. Stuart et al. (2023) explican que los juicios individuales sobre la licencia social se construyen mediante información oportuna, percepciones y procesos de valoración transparentes, mientras que las relaciones de poder pueden condicionar su expresión. Es decir, una participación aparentemente favorable no demuestra necesariamente que exista aceptación legítima englobada en confianza.Tercero, la justicia procedimental. Okada (2024), mediante un experimento con proyectos mineros hipotéticos en cuatro regiones peruanas, encuentra que escuchar y respetar las opiniones locales influye de manera positiva e incrementa la probabilidad de aceptación. El estudio evidencia que los procedimientos participativos poseen relevancia propia, más allá de los beneficios económicos ofrecidos.Cuarto, la responsabilidad organizacional. Saenz (2023) propone, a partir de un caso peruano, un modelo de gestión social empresarial compuesto por nueve elementos, donde incluye participación de las comunidades con actividades, alianzas e inversión social. Su contribución permite comprender la necesidad de estructurar la gestión social, aunque la aplicación del modelo no garantiza, por sí misma, resultados satisfactorios de gobernanza, más aún si se atiende esta temática bajo un enfoque cualitativo.Estos fundamentos muestran que la gobernanza social requiere integrar instituciones legítimas, confianza, participación efectiva y responsabilidades empresariales verificables.Figura 1. Fundamentos de la gobernanza social minera. Enfoques contemporáneos: hacia una gobernanza integralA partir de estos fundamentos, pueden identificarse cuatro enfoques complementarios para comprender los desafíos actuales de la minería.Enfoque estratégico-organizacional. La gobernanza social debe fortalecerse en la conducción del negocio minero mediante acciones que involucren a la alta gerencia, el área de ingeniería, las operaciones y las áreas de soporte. Desde esta perspectiva, las decisiones sobre infraestructura, administración del agua, transporte, explotación, beneficio y cierre deben considerar en cada etapa sus consecuencias sociales desde la planificación y diseño, y no únicamente cuando aparecen dificultades. Entonces, nos lleva a pensar que se requiere una atención proactiva y no reactiva.Enfoque institucional y multiactor. Murguía y Bastida (2024) advierten que los estándares voluntarios de sostenibilidad que tienen las empresas pueden complementar la regulación, pero no sustituirla. Por consiguiente, una gobernanza efectiva requiere reconocer las competencias del Estado, la autonomía de la comunidad y las responsabilidades empresariales, evitando y teniendo en cuenta atribuir a una sola parte la conducción del desarrollo territorial.Enfoque participativo y de rendición de cuentas. La participación comunitaria debe trascender la comunicación de decisiones previamente adoptadas. Deonandan et al. (2024), al investigar la minería de uranio en Saskatchewan (Canadá), identificaron barreras como el uso de lenguaje técnico poco accesible, dificultades de comunicación y mecanismos de relacionamiento que limitan la participación significativa de las comunidades indígenas.La investigación cuestiona que la licencia social para operar, concebida como un mecanismo de gobernanza privada, garantice por sí misma una influencia efectiva de las comunidades en las decisiones empresariales. Estos hallazgos evidencian la necesidad de fortalecer el acceso a información comprensible, la participación informada y los mecanismos de transparencia en la rendición de cuentas.Enfoque territorial y de sostenibilidad de largo plazo. La gobernanza social debe considerar las consecuencias de la actividad minera durante todo su ciclo de vida, especialmente después del cierre. Marais et al. (2024), mediante tres estudios de caso en Sudáfrica, identificaron que las estrategias orientadas a obtener aceptación social pueden generar dependencias económicas, institucionales y territoriales que dificultan la adaptación de las comunidades al cierre minero.Los hallazgos muestran que las decisiones y los beneficios promovidos durante la operación pueden convertirse en factores de vulnerabilidad futura cuando no se consideran las consecuencias de largo plazo. Desde esta perspectiva, la gobernanza social requiere articular la gestión de los impactos presentes con la planificación del cierre y las oportunidades de desarrollo territorial posteriores a la actividad minera.Estos enfoques no constituyen etapas sucesivas ni alternativas excluyentes, sino perspectivas complementarias que pueden integrarse según las características del proyecto y del territorio.Figura 2. Enfoques contemporáneos de la GSM.Implicaciones para la sostenibilidad de los proyectos mineros Desde la ingeniería de minas, la gobernanza social adquiere relevancia cuando la comprensión integral del negocio permite anticipar cómo las decisiones técnicas, económicas, operativas y ambientales interactúan con las condiciones sociales del territorio. Su incorporación estratégica busca incrementar las posibilidades de viabilidad y continuidad de los proyectos y operaciones mineras, mediante una gestión responsable de impactos, riesgos y compromisos. Sin embargo, estos resultados dependen también de factores geológicos, económicos, regulatorios e institucionales que exceden el alcance de la gestión social. Para las comunidades, la gobernanza debe contribuir al respeto de sus derechos, la participación informada y las oportunidades de desarrollo sostenible, evitando relaciones de dependencia que comprometan su bienestar después del cierre. Conclusiones 1. Los fundamentos contemporáneos permiten comprender que la gobernanza social minera no constituye únicamente una evolución de las relaciones comunitarias, sino una forma más amplia de abordar las decisiones, responsabilidades y relaciones entre los actores vinculados con la actividad extractiva. 2. Su contribución con la sostenibilidad de los proyectos mineros dependerá de la capacidad para articular legitimidad institucional, participación efectiva de los actores, gestión empresarial y visión territorial de largo plazo. 3. El desafío no consiste solamente en incorporar la dimensión social en el discurso estratégico del negocio minero, sino en demostrar cómo esta influye en las decisiones y genera resultados verificables para la empresa y el territorio en una comprensión profunda del fenómeno. 4. Esta reflexión plantea una cuestión que merece profundizarse: ¿cómo construir y evaluar relaciones de legitimidad, aceptación y confianza que puedan sostenerse durante las diferentes etapas de un proyecto minero? BibliografíaDeonandan, K., Schoenfeld, J., Salim, A., & Bourassa, M. (2024). Social License to Operate (SLO): Private governance and barriers to community engagement. The Extractive Industries and Society, 17, Article 101404. https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101404Glückler, J., & Gutiérrez, D. (2025). Social license to operate: An institutional critique and research framework. Resources Policy, 107, Article 105657. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2025.105657Marais, L., Matebesi, S., & van der Watt, P. (2024). Social licensing and dependencies: Implications for mine closure in South Africa. Resources Policy, 95, Article 105120. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105120Murguía, D. I., & Bastida, A. E. (2024). The elephant in the mine: Why voluntary sustainability standards are insufficient to ensure responsible mining. The Extractive Industries and Society, 19, Article 101485. https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101485Okada, I. (2024). What procedures matter to social acceptance of mining? A conjoint experiment in Peru. World Development, 183, Article 106724. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106724Saenz, C. (2023). The social management canvas for the mining industry: A Peruvian case study. Resources Policy, 85, Article 103967. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103967Stuart, A., Bond, A., Franco, A. M. A., Baker, J., Gerrard, C., Danino, V., & Jones, K. (2023). Conceptualising social licence to operate. Resources Policy, 85, Article 103962. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103962
