Por: Cayo Soto, Magíster en Regulación, Gestión y Economía Minera por la PUCP, PhD (c) en Administración de Empresas por Centrum PUCP.

Introducción

La minería contemporánea enfrenta desafíos que no pueden abordarse exclusivamente mediante mayores inversiones, tecnologías más eficientes o mejores indicadores operativos. La sostenibilidad también exige construir relaciones duraderas con los territorios donde desarrolla sus actividades. Un proyecto puede disponer de recursos minerales, estudios de ingeniería y condiciones económicas favorables y, aun así, enfrentar cuestionamientos sociales capaces de comprometer su desarrollo. Esta realidad invita a examinar cómo se articulan las decisiones empresariales, las expectativas de las comunidades y las responsabilidades del Estado.

Durante décadas, las relaciones comunitarias han constituido un componente relevante de la gestión minera. Sin embargo, la complejidad de las dinámicas territoriales exige ampliar esta perspectiva y distinguir entre gestión social y gobernanza social. La primera comprende las estrategias, procesos y acciones mediante las cuales una organización gestiona sus relaciones e impactos sociales, atiende preocupaciones y desarrolla mecanismos de relacionamiento con sus grupos de interés. La segunda plantea un enfoque más amplio, relacionado con la forma en que se establecen las orientaciones estratégicas, se toman decisiones, se articulan responsabilidades y se desarrollan las relaciones entre los distintos actores vinculados con la actividad minera.

Desde la perspectiva empresarial, la gobernanza social requiere que las consideraciones sociales se integren en la visión, la misión y los objetivos estratégicos de la organización, involucrando no solamente a las áreas de relaciones comunitarias o gestión social, sino también a la alta dirección y a las distintas unidades técnicas, operativas y administrativas.

Esto supone reconocer que las decisiones de ingeniería, planificación, operaciones, logística, recursos humanos y otras áreas pueden tener implicaciones sociales y territoriales que deben ser comprendidas y gestionadas de manera articulada. No obstante, la gobernanza social trasciende el ámbito interno de la empresa, pues también involucra las relaciones, competencias y mecanismos de interacción entre comunidades, instituciones públicas y otros actores territoriales.

En consecuencia, las relaciones entre empresas mineras, comunidades, Estado y otros actores no dependen únicamente de los mecanismos de comunicación o de los programas de inversión social, sino también de cómo se toman las decisiones, se distribuyen las responsabilidades, se consideran los intereses y derechos de los involucrados y se gestionan los impactos de la actividad minera.

En este contexto, surgen tres interrogantes fundamentales: ¿En qué medida la gobernanza social se encuentra integrada en las decisiones estratégicas, técnicas y operativas de los proyectos mineros, considerando las dinámicas territoriales y las relaciones entre sus distintos actores? ¿Estamos comprendiendo las racionalidades y los factores que originan los conflictos mineros para anticipar y gestionar adecuadamente los riesgos sociales? ¿Cómo podemos fortalecer los procesos de diálogo, negociación y construcción de acuerdos que contribuyan a la sostenibilidad y continuidad de los proyectos mineros?

Gobernanza social minera: fundamentos, desafíos y construcción de sostenibilidad

Fundamentos de gobernanza social y territorio

La gobernanza social en la minería requiere superar una comprensión limitada del relacionamiento comunitario como una función aislada de la organización. Desde la perspectiva empresarial, supone integrar las consideraciones sociales en la orientación estratégica, los procesos de decisión y la articulación de las distintas áreas que intervienen en el desarrollo de los proyectos mineros. Sin embargo, su alcance trasciende la estructura corporativa, pues involucra las relaciones entre empresas, comunidades, Estado y otros actores que participan en las dinámicas territoriales.

Esta perspectiva exige reconocer que la legitimidad y la confianza no dependen únicamente de la existencia de programas sociales o de los beneficios económicos asociados con la minería. Stuart et al. (2023), al examinar conceptualmente la licencia social para operar, destacan la importancia de los juicios de confianza y legitimidad, los cuales se forman a partir de las percepciones de información disponible, las interacciones sociales y las capacidades de los individuos para elaborar sus valoraciones.

En consecuencia, comprender el territorio implica reconocer no solamente sus características económicas, ambientales e institucionales, sino también las experiencias, expectativas y racionalidades de quienes lo habitan.

La gobernanza social plantea, por tanto, un desafío para la gestión minera: articular el conocimiento técnico y las decisiones empresariales con una comprensión de las realidades territoriales, sin asumir que los distintos actores comparten necesariamente los mismos intereses, prioridades o criterios de valoración.

Conflictos y riesgos sociales para la sostenibilidad minera

Los conflictos mineros evidencian que la viabilidad técnica y económica de un proyecto no determina, por sí sola, su aceptación social. Las controversias pueden responder a preocupaciones ambientales, disputas territoriales, expectativas económicas, diferencias socioculturales y cuestionamientos sobre la actuación de las empresas o las instituciones públicas. Comprender estas situaciones exige analizar tanto las manifestaciones visibles como las condiciones estructurales que contribuyen a su aparición y evolución.

Oh et al. (2023), mediante un análisis comparativo de los conflictos de los proyectos mineros Conga, en Perú, y El Mauro, en Chile, deducen la importancia de las instituciones y las causas subyacentes en las relaciones entre empresas y comunidades. Aunque ambos casos presentan controversias vinculadas con temas ambientales, sus diferencias institucionales y territoriales permiten comprender por qué los conflictos pueden evolucionar de manera distinta y requerir mecanismos de abordaje que van más allá del cumplimiento de las disposiciones formales.

A ello se añade la influencia de las asimetrías de información y de las relaciones de poder. Zanini et al. (2023), a partir de una investigación cualitativa sobre participación comunitaria en el contexto minero brasileño, identifican estas condiciones como obstáculos relevantes para una participación efectiva y para la construcción de la anhelada confianza.

Desde esta perspectiva, la gestión del riesgo social no debería limitarse a responder ante la aparición de controversias. Requiere incorporar el análisis socioterritorial en la evaluación de las decisiones técnicas y operativas, identificando anticipadamente sus posibles implicaciones y reconociendo las distintas interpretaciones que los actores pueden construir sobre sus efectos, siempre en una mirada de largo plazo.

Construcción de acuerdos y sostenibilidad de proyectos mineros

La comprensión de las dinámicas territoriales y de los factores que intervienen en los conflictos constituye una base importante para desarrollar procesos de diálogo y negociación. No obstante, la construcción de acuerdos sostenibles exige avanzar y comprender más allá de la identificación de demandas o de la formulación de compromisos económicos. Requiere reconocer los intereses y derechos de los actores, considerar las condiciones técnicas de las propuestas y establecer mecanismos que permitan verificar su cumplimiento.

En este sentido, la investigación de Zanini et al. (2023) permite advertir que la participación puede verse limitada cuando existen desequilibrios de poder y dificultades para acceder a información relevante. Por ello, desde una perspectiva de ingeniería de minas, resulta pertinente examinar cómo la explicación comprensible de las alternativas técnicas en la comprensión de todo el negocio minero, sus alcances, restricciones e impactos potenciales puede contribuir a procesos de negociación mejor informados. Esta contribución no reemplaza la representación ni la capacidad de decisión de las comunidades, sino que busca fortalecer las condiciones para una deliberación más fundamentada y con mejores resultados.

Asimismo, Okada (2024), mediante un experimento de elección aplicado en cuatro regiones del Perú, encuentra que escuchar y respetar las opiniones locales influye favorablemente en la aceptación de proyectos mineros hipotéticos, y que la valoración de los procedimientos participativos se relaciona también con los riesgos ambientales percibidos. Estos resultados refuerzan la importancia de atender tanto al contenido de las decisiones como a los procedimientos, mediante los cuales se construyen.

En consecuencia, los acuerdos deben concebirse no solamente como resultados de una negociación, sino como compromisos cuya sostenibilidad requiere claridad, viabilidad técnica, responsabilidades definidas, seguimiento, capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes del proyecto y del territorio, es decir una adecuada gobernanza.

Discusión: hacia una gobernanza social integrada en las decisiones mineras

Los fundamentos de la gobernanza social, la comprensión de los conflictos y la construcción de acuerdos no deberían abordarse como componentes independientes de la sostenibilidad minera. Por el contrario, constituyen dimensiones interrelacionadas cuya articulación permite examinar cómo las decisiones empresariales interactúan con las dinámicas territoriales, las expectativas de las comunidades y las responsabilidades del Estado.

Desde esta perspectiva, la gobernanza social plantea un desafío que trasciende las funciones tradicionales de las áreas de gestión social. Su integración requiere que la alta dirección y las distintas unidades técnicas, operativas y administrativas incorporen las consideraciones sociales en sus procesos de planificación, evaluación y toma de decisiones. Sin embargo, esta articulación interna resulta insuficiente si no se acompaña de una comprensión de las racionalidades, los derechos y las capacidades de participación de los actores territoriales.

En este escenario, la ingeniería de minas puede contribuir no solamente mediante soluciones técnicamente viables, sino también facilitando la comprensión de sus implicaciones sociales, la evaluación de alternativas y la construcción de acuerdos sustentados en información técnica comprensible y verificable que en buena cuenta respaldan la sostenibilidad tanto del proyecto minero como el desarrollo de los pueblos colindantes.

En consecuencia, se plantea que la gobernanza social debe concebirse como una dimensión transversal y multiactor de la sostenibilidad minera, cuya contribución depende de la articulación entre decisiones técnicas, relaciones territoriales, prevención de conflictos y mecanismos efectivos de diálogo y seguimiento de compromisos en ética y transparencia.

Conclusiones

La sostenibilidad de los proyectos mineros exige una comprensión de la gobernanza social que trascienda las funciones tradicionales de relacionamiento comunitario. Su integración en la conducción estratégica del negocio minero requiere articular las decisiones técnicas, operativas y empresariales con las dinámicas territoriales, reconociendo las responsabilidades, intereses y racionalidades de los distintos actores, bajo una comprensión sólida teórica y práctica de la temática en atención.

En este marco, comprender las causas de los conflictos, anticipar los riesgos sociales y promover procesos de diálogo y negociación sustentados en información técnica comprensible constituye una oportunidad para fortalecer las relaciones entre empresas, comunidades y Estado. La ingeniería de minas puede contribuir a estos procesos mediante el análisis de alternativas, la evaluación de sus implicaciones y la formulación de compromisos técnicamente viables y verificables bajo el paraguas de una minería actual y moderna.

El desafío no consiste únicamente en mejorar los mecanismos de gestión social, sino en avanzar hacia una gobernanza más integrada, participativa y coherente con las condiciones en la interrelación de cada territorio y los proyectos mineros. En esa dirección, resulta pertinente continuar reflexionando sobre ¿qué oportunidades existen para fortalecer progresivamente la incorporación de esta perspectiva en las decisiones que orientan el presente y el futuro de la minería peruana?

Bibliografía

 Oh, C. H., Shin, J., & Ho, S. S. H. 2023. Conflicts between mining companies and communities: Institutional environments and conflict resolution approaches. Business Ethics, the Environment & Responsibility, 32(2), 638–656. https://doi.org/10.1111/beer.12522

Okada, I. 2024. What procedures matter to social acceptance of mining? A conjoint experiment in Peru. World Development, 183, Article 106724. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106724

Stuart, A., Bond, A., Franco, A. M. A., Baker, J., Gerrard, C., Danino, V., & Jones, K. (2023). Conceptualising social licence to operate. Resources Policy, 85, Article 103962. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103962

Zanini, M. T. F., Migueles, C. P., Gambirage, C., & Silva, J. 2023. Barriers to local community participation in mining projects: The eroding role of power imbalance and information asymmetry. Resources Policy, 86, Article 104283. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104283