Por: Cayo Soto, docente e ingeniero de minas, PhD(c).

La maduración de los proyectos mineros greenfield constituye uno de los principales desafíos para la sostenibilidad de la oferta futura de minerales. En un escenario caracterizado por mayores requerimientos de cobre y otros minerales vinculados con la electrificación, la transición energética y el desarrollo tecnológico, disponer de recursos geológicos no garantiza necesariamente su transformación en nuevas operaciones mineras.

Entre el descubrimiento de un yacimiento y su entrada en producción intervienen factores institucionales, financieros, territoriales, sociales, técnicos y corporativos que pueden extender considerablemente el ciclo de maduración del proyecto, así como la puesta en marcha.

Esta problemática fue abordada en la conferencia “La maduración de proyectos greenfield y su coyuntura geoeconómica”, realizada el 15 de septiembre y organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú – Seccional Apurímac. La exposición principal estuvo a cargo del presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, y contó con la participación como panelistas de Henry Luna y Mauro Javier. La discusión permitió examinar, desde diferentes perspectivas, las condiciones que actualmente determinan la maduración de nuevos proyectos mineros en el contexto andino.

Uno de los planteamientos centrales de la exposición fue la identificación de ocho frenos que prolongan la maduración de los proyectos greenfield: permisología y secuencialidad; judicialización y capa política; conflictividad social y minería ilegal; reducción de la exploración básica; competencia entre jurisdicciones; ejecución y sobrecostos; infraestructura, agua y energía, y financiamiento júnior y decisiones de portafolio.

A partir de estos planteamientos, el presente artículo no busca reproducir literalmente la clasificación expuesta, sino profundizar sus componentes, contrastarlos con literatura académica y analizar su articulación en el contexto de la minería peruana. Para ello, los factores fueron desagregados o reorganizados con fines analíticos y de fortalecimiento académico.

El argumento central es que estas restricciones no constituyen fenómenos independientes, sino elementos que interactúan, se acumulan y pueden retroalimentarse durante el ciclo de desarrollo del proyecto. Por ello, la maduración greenfield requiere superar una lectura exclusivamente regulatoria o económica y comprender cómo las dimensiones: institucional, territorial, social, financiera y técnica condicionan conjuntamente la transformación de una oportunidad geológica en una inversión minera viable.

Los frenos y su articulación en la minería peruana

En el ámbito burocrático y legal, la permisología y la secuencialidad administrativa constituyen una primera barrera estructural. La conferencia presenta para el Perú 265 trámites asociados al desarrollo de un proyecto, la participación de aproximadamente 30 entidades y un promedio de 68 meses para iniciar una perforación, evidenciando la complejidad institucional que enfrenta el desarrollo de nuevos proyectos.

Desde una perspectiva económica, esta prolongación del ciclo previo a la inversión resulta particularmente relevante porque el tiempo constituye una variable que afecta la valoración, la exposición al riesgo y la oportunidad financiera del proyecto.

Esta carga administrativa se agrava como segundo freno por la judicialización y la incertidumbre político-institucional. La prolongación de procedimientos, las controversias administrativas y judiciales y los cambios en las condiciones institucionales pueden mantener proyectos con inversiones significativas durante largos periodos sin alcanzar una decisión definitiva. En consecuencia, el riesgo del proyecto deja de depender exclusivamente de sus características geológicas y económicas e incorpora crecientemente la predictibilidad del marco institucional dentro del cual debe desarrollarse.

En el frente social y territorial, un tercer componente corresponde a la conflictividad y a la pérdida o ausencia de condiciones de aceptación social. La evidencia internacional demuestra que los riesgos ambientales y sociales pueden transformarse directamente en costos empresariales cuando derivan en conflictos con las comunidades. Franks et al. (2014), a partir del análisis de 50 proyectos extractivos, demostraron que los conflictos pueden traducirse en pérdidas financieras sustanciales, particularmente mediante interrupciones operativas y retrasos.

La evidencia reciente para el Perú refuerza esta relación. Tadmor y Henisz (2026), mediante el análisis de 28 conflictos vinculados con derechos indígenas y empresas mineras en el país entre 1996 y 2025, estiman costos relacionados con los conflictos superiores a US$ 31.9 mil millones y encuentran que la pérdida de extractividad constituye el componente más frecuente y costoso.

Asimismo, identifican una relación entre mayores esfuerzos preventivos de relacionamiento y menores niveles posteriores de disrupción. Esto permite interpretar la dimensión social no simplemente como una externalidad del proyecto, sino como una dimensión estratégica de su proceso de maduración. Proceso del cual, se sigue aprendiendo.

A esta vulnerabilidad se suma la expansión de la minería ilegal e informal, que merece ser diferenciada analíticamente por las implicancias que adquiere en determinadas zonas del Perú. La ocupación de concesiones formales, la aparición de economías ilegales y las disputas por el control territorial introducen riesgos que exceden la gestión empresarial convencional y comprometen directamente la capacidad estatal de garantizar condiciones para el desarrollo de la inversión.

El proyecto Los Chancas constituye un caso particularmente ilustrativo dentro de la discusión presentada en la conferencia, donde se señala la suspensión del EIA asociada a la invasión de mineros ilegales.

Desde la perspectiva financiera y estratégica, otro freno corresponde a la reducción relativa de la exploración básica o grassroots. La exposición de Viera muestra que esta representa actualmente alrededor del 21% del gasto mundial en exploración, frente a participaciones de entre 50% y 60% durante la década de 1990. También señala una reducción del 13% en el presupuesto de las empresas júnior durante 2025.

Esta tendencia resulta relevante porque la disponibilidad futura de proyectos depende de la capacidad presente para asumir riesgo exploratorio. Desde la economía de minerales, las decisiones de exploración e inversión responden tanto a expectativas sobre los mercados como a las condiciones económicas e institucionales que determinan la asignación del capital (Tilton & Guzmán, 2016).

A ello se agrega la competencia entre jurisdicciones. El capital minero, particularmente durante las etapas de mayor riesgo, no permanece necesariamente en el país donde se encuentra inicialmente una oportunidad geológica, sino que compara alternativas de inversión. De esta manera, la predictibilidad regulatoria, los tiempos de aprobación, los incentivos a la exploración, la infraestructura disponible y las condiciones fiscales pueden modificar la asignación territorial del capital. La geología es inmóvil, el capital que permite descubrirla y desarrollarla no lo es.

Los aspectos de ingeniería y ejecución constituyen otro componente relevante. Los megaproyectos presentan una conocida exposición a desviaciones de costo y cronograma. Flyvbjerg (2014) documenta sistemáticamente esta problemática y analiza la tendencia de los megaproyectos a exceder costos y plazos inicialmente previstos.

En minería, donde las inversiones pueden alcanzar varios miles de millones de dólares, una ingeniería insuficientemente madura, modificaciones durante la construcción, problemas de infraestructura o cambios en las condiciones del proyecto pueden amplificar considerablemente los efectos económicos de los retrasos previos.

Finalmente, las brechas de infraestructura hídrica, energética y logística se articulan con las restricciones de financiamiento y las decisiones corporativas de portafolio. En escenarios de capital limitado, las compañías comparan proyectos y reasignan recursos hacia activos que ofrecen mejores combinaciones de riesgo, retorno y tiempo de maduración.

La exposición de Viera identifica precisamente las brechas de infraestructura y el financiamiento júnior y las decisiones de portafolio como dos de los ocho factores que prolongan la maduración greenfield. Ello contribuye a explicar por qué determinadas compañías pueden priorizar expansiones brownfield, adquisiciones o proyectos ubicados en otras jurisdicciones antes que desarrollar inmediatamente activos greenfield sometidos a mayores niveles de incertidumbre.

En la realidad peruana, estos frenos no actúan de forma aislada, sino que pueden generar efectos acumulativos. Una demora administrativa prolonga la exposición financiera; la extensión del tiempo puede modificar las condiciones territoriales y sociales; el incremento del riesgo afecta las decisiones corporativas de inversión y, mientras ello ocurre, otras jurisdicciones continúan compitiendo por el mismo capital.

El caso de Tía María permite observar la interacción entre prolongados procesos administrativos, controversias sociales y decisiones institucionales. La exposición reconstruye una trayectoria que comprende el descubrimiento en la década de 1990, el rechazo del EIA en 2011, su aprobación posterior, la licencia de construcción y nuevos episodios administrativos, mostrando cómo distintas dimensiones del proyecto pueden acumularse durante décadas.

Por su parte, Los Chancas evidencia una problemática diferente: la presencia de minería ilegal dentro de áreas vinculadas con un proyecto formal introduce una dimensión de control territorial y seguridad que trasciende el proceso convencional de evaluación ambiental.

Asimismo, proyectos como Conga y Zafranal permiten observar cómo la conflictividad y las decisiones corporativas de portafolio pueden afectar trayectorias de inversión mediante mecanismos diferentes.

Finalmente, el distrito Vicuña permite visualizar la competencia entre jurisdicciones: aun cuando la mineralización responde a una configuración geológica andina transfronteriza, las condiciones regulatorias, fiscales y de inversión pueden influir sobre la localización y secuencia inicial del capital destinado al desarrollo. La propia exposición destaca la importancia que adquieren los marcos de inversión y la integración minera entre Chile y Argentina en esta dinámica.

Conclusiones

1.    El análisis de los ocho frenos permite sostener que el principal desafío para la maduración de proyectos greenfield en el Perú no reside exclusivamente en la disponibilidad de recursos minerales, sino en la capacidad del sistema minero para transformar esa ventaja geológica en proyectos técnica, económica, ambiental, institucional y socialmente viables.

2.    Los factores examinados no operan independientemente: las demoras regulatorias incrementan la exposición financiera; la prolongación de las etapas tempranas amplía la exposición territorial y social; las brechas de infraestructura y la incertidumbre afectan las decisiones de inversión y, simultáneamente, otras jurisdicciones compiten por el mismo capital exploratorio. Esta interacción permite entender la maduración de un proyecto minero como un proceso sistémico.

3.    Reducir trámites y plazos constituye una condición importante, pero resultaría insuficiente si persisten problemas de predictibilidad institucional, conflictividad territorial, minería ilegal, infraestructura deficiente, restricciones de financiamiento o baja madurez técnica de los proyectos. La discusión, por tanto, debería desplazarse desde la búsqueda aislada de mayor velocidad hacia la construcción de mejores condiciones para reducir incertidumbre durante todo el proceso de maduración.

4.    La dimensión social también requiere incorporarse bajo esta lógica. No debería ser entendida únicamente como un obstáculo que aparece cuando el proyecto intenta avanzar, sino como parte de su propia maduración. Un proyecto geológicamente atractivo y económicamente rentable puede permanecer durante décadas sin desarrollarse cuando su dimensión territorial, institucional y social no madura paralelamente con sus componentes técnicos. Desde esta perspectiva, la maduración greenfield debería comenzar mucho antes de la decisión de inversión y articular progresivamente geología, ingeniería, ambiente, territorio, comunidades, institucionalidad y financiamiento y evidentemente bien integradas.

5.    Para el Perú, esta discusión adquiere además una dimensión estratégica. Poseer recursos minerales constituye una ventaja geológica; convertirlos en proyectos atractivos responde a una capacidad institucional, empresarial y territorial. Sin embargo, incluso esta mirada podría resultar insuficiente si el objetivo de largo plazo se limita únicamente a descubrir nuevos yacimientos, construir minas y exportar concentrados, sin al menos dar opción a tener refinación y manufactura a partir de las materias primas, según comentó Viera y Javier.

Esto conduce a una discusión que trasciende los ocho frenos inicialmente analizados. ¿Qué fortalecería realmente la exploración minera en el Perú? ¿Reducir los tiempos de aprobación sería suficiente o se requieren, además, información geocientífica pública de mayor calidad, incentivos para el capital de riesgo, fortalecimiento de las empresas júnior, infraestructura compartida y nuevas capacidades tecnológicas? ¿Estamos analizando la exploración como una actividad aislada o como el primer eslabón de una estrategia minera de largo plazo con visión país?

Del mismo modo, cabe preguntarse: ¿la maduración de proyectos y la generación de mayores oportunidades para la minería peruana pueden seguir tratándose como agendas separadas? Si el país consigue descubrir y desarrollar nuevos yacimientos, ¿el siguiente objetivo debería limitarse a incrementar la extracción minera o debería discutirse también qué parte puede capturarse mediante mayor refinación, transformación, manufactura asociada, proveedores tecnológicos, infraestructura y conocimiento especializado? ¿Qué condiciones económicas, energéticas, logísticas y de escala harían viables estas alternativas, y en cuáles de ellas tendría realmente el Perú ventajas?

Estas interrogantes amplían el problema inicial. La discusión sobre los proyectos greenfield no termina cuando una mina entra en operación. Obliga a preguntarnos qué modelo de desarrollo minero queremos construir a partir de los recursos descubiertos y qué capacidades debe desarrollar el país para capturar una mayor proporción del valor que estos generan.

En consecuencia, el desafío peruano puede formularse en dos preguntas estrechamente relacionadas: ¿cómo logramos que más proyectos mineros maduren? Y, una vez que maduren, ¿cómo logramos que generen mayores capacidades y oportunidades para el país?

6.    La geología define dónde están los recursos, la verdadera discusión estratégica comienza con lo que un país es capaz de construir a partir de ellos. Seguramente más allá de la extracción, la minería es social.

Bibliografía

Flyvbjerg, B. 2014. What you should know about megaprojects and why: An overview. Project Management Journal, 45(2), 6–19. https://doi.org/10.1002/pmj.21409

Franks, D. M., Davis, R., Bebbington, A. J., Ali, S. H., Kemp, D., & Scurrah, M. 2014. Conflict translates environmental and social risk into business costs. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(21), 7576–7581. https://doi.org/10.1073/pnas.1405135111

Tadmor, D., & Henisz, W. J. 2026. The costs of conflict: Financial consequences of Indigenous rights-related conflicts for mining firms in Peru. Resources Policy, 120, 106017. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2026.106017

Tilton, J. E., & Guzmán, J. I. 2016. Mineral economics and policy. RFF Press/Routledge. Editorial Routledge — Mineral Economics and Policy.