Por: Jorge Manco Zaconetti, director de Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos[*].

El 17 de enero del presente año participé como panelista invitado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú de la exposición central del Ing. Abraham Chahuan, presidente de dicho instituto, compartiendo la mesa con el Ing. Roque Benavides, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y presidente de Compañía de Minas Buenaventura; el Ing. Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y CEO de Compañía Minera Antamina, y el Eco. Carlos Diez Canseco, gerente del Instituto de Minas.

En una interesante exposición, el Ing. Chahuan presentó las “Perspectivas del sector minero”, según el punto de vista empresarial, como panelista manifesté algunas coincidencias, diferencias y propuestas sobre el sector más importante de la economía peruana, en un diálogo fructífero que se debiera reproducir a nivel regional, sobre todo, en las áreas con un alto potencial minero, como Cajamarca, Piura, Cusco y Arequipa, entre otros.

Las tesis centrales de la exposición se podrían resumir en el nuevo escenario de la minería para los próximos 30 años, donde experimentamos una transición energética hacia una energía limpia, solar y eólica, intensiva en el uso del cobre, lo cual representa una oportunidad de mercado que se debiera aprovechar en el marco de una estrategia nacional de desarrollo que no tenemos.

Sobre todo, ahora (2023) que se produce en el país un promedio de 2.8 millones de toneladas de cobre, con un potencial productivo que se pudiera duplicar, igualando o superando la producción de nuestro vecino del sur, Chile, con el cual compartimos más del 40% de las reservas mundiales del metal rojo. 

Es más, como se dijo en la exposición, se tiene en el país la masa crítica en la producción de cobre que justifica la construcción de una nueva fundición, que pudiera estar en el norte del país, aprovechando las sinergias del megapuerto de Chancay. Es más, se afirmó que Chile con una producción anual de más de 5.5 millones de TM de cobre posee siete fundiciones, con las cuales exporta cobre fino y no concentrados como es la mayor parte de la producción del Perú.

Otra coincidencia está referida a la importancia del sector minero en la economía peruana no solamente por ser responsable del 60% de los ingresos de exportación, que son de libre disponibilidad de las empresas, sino también por su participación en el valor de la producción interna estimada por el PBI. Se afirmó que dicha participación es del 11%, cuando a mi criterio debe ser mayor.

La participación del sector minero debe ser del 15% del PBI, por lo menos, no solamente por los parámetros utilizados en las Cuentas Nacionales del 2007, cuando el país producía menos del millón de toneladas, dado que ahora se produce más de 2.8 millones de TM de cobre. Si a ello se agrega la producción informal e ilegal aurífera que bordea en promedio los dos millones anuales de onzas troy, que recorre el país, estamos sin duda alguna ante el sector más importante de la economía peruana.

Si a todo ello le sumamos la parte industrial, metalúrgica y siderúrgica con las plantas de fundición y refinerías de cobre (Ilo), estaño (Pisco), zinc (Cajamarquilla); más la siderurgia de Chimbote y Pisco, la participación del sector minero en el PBI del país se incrementa.

Lo que más llamó mi atención fue el ejercicio de prospectiva si los 47 proyectos mineros en cartera que comprometen inversiones de US$ 53 mil millones, fueran una realidad. ¿Cuál sería el impacto económico y social de dichas inversiones para el 2031? Se reduciría en 14 puntos porcentuales la pobreza, lo cual sería de interés público, sobre todo en las regiones andinas las más pobres del país. Se crearían 3.9 millones de empleos directos e indirectos en un país que tiene más del 75% de informalidad y precariedad en el empleo. Todo ello, gracias al efecto multiplicador de las inversiones mineras al conjunto de la economía.

Las inversiones mineras generan una demanda agregada de bienes y servicios, un mayor empleo en sectores como la construcción, eléctrico, agricultura, servicios, comercio, hotelería, financiero, entre otros.

A nivel de ingresos tributarios y no tributarios al 2031 si fueran realidad las inversiones de US$ 53 mil millones, el Estado captaría un mínimo de S/ 85 mil millones de soles, por diversos conceptos, tales como el impuesto a la renta, regalías, derechos de vigencia, impuesto extraordinario y gravamen minero. Estos valores debieran ser maximizados.

Mis diferencias 

En este punto expresé mi preocupación sobre la participación del Estado en la renta minera generada. Siempre he sostenido que el Estado peruano en representación de la Nación no está participando en términos relativos de la riqueza producida. Es más, al margen que gran parte de dichos recursos se han desperdiciado en prácticas corruptas, sobre todo en los gobiernos locales y regionales, se trata de hacer crecer la “torta por repartir”.

Por ello, se debe revisar una serie de beneficios tributarios que minimizan la participación del Estado en la renta minera generada, como los contratos de estabilidad jurídica y tributaria que hasta el propio Banco Mundial y FMI recomiendan dar por finalizados, sobre todo en países con ingresos medios. Ello supone una lucha redistributiva del excedente minero que tenemos que maximizar. Ello supone mejores salarios para los trabajadores y mayores ingresos para el Estado.

Si los precios del cobre y oro serán extraordinarios en los próximos años, sería otra oportunidad histórica perdida sino no promovemos las inversiones mineras con responsabilidad social, ambiental y tributaria.

Como panelista del evento manifesté que, si bien estamos ante el sector más importante de la economía peruana que compromete los mayores montos de inversión, es también el sector más conflictivo, en gran parte por los problemas ambientales y la sensibilidad social que provoca el capital minero.

En tal sentido, manifesté la grave oposición de amplios sectores campesinos a las inversiones mineras y también el aprovechamiento político de las mismas para la construcción de liderazgos regionales que han retrasado y empobrecido a las regiones con un gran potencial minero. 

El caso de Cajamarca es un caso negativo de cómo el liderazgo político de Gregorio Santos, expresidente regional; el exsacerdote Marco Arana con su ONG ambientalista, y sobre del expresidente Ollanta Humala en un gobierno corrupto, exacerbaron la oposición hacia la inversión minera, y hoy dicha región es considerada una de las más pobres del país, a pesar del potencial minero.

Por ello, manifesté ¿cuál podría ser el efecto social si las inversiones en la región cajamarquina  de los proyectos mineros, tales como Michiquillay, Galeno, La Granja, Minas Conga, ampliación de Yanacocha fueran una realidad? ¿Cuántos miles de empleos directos e indirectos se generarían? Con los ingresos regionales y locales ¿cuántos hospitales, carreteras, plantas de tratamiento de agua residuales entre otros podrían ser construidas?

En verdad, no existe una política de Estado para enfrentar y administrar los conflictos sociales como que tampoco las empresas mineras y sus gremios representativos no tienen una política de alianzas con socios estratégicos, como sus trabajadores, proveedores y, sobre todo, campesinos, para potenciar los aspectos positivos de las inversiones, y su relación con el bienestar de la población.

[*] Publicado en el diario Uno.