Por: César Reyna Ugarriza y Jean Osorio Colqui.

Resumen

En este estudio se averiguó acerca de los montos que recibirían los gobiernos subnacionales de la región Puno por concepto de canon minero, en particular el distrito de Corani, jurisdicción donde se encuentra el proyecto de litio Falchani, así como la provincia de Carabaya y el Gobierno Regional de Puno. 

Esto se produciría a partir del inicio de operaciones del citado proyecto, cuyo titular es la empresa Macusani Yellowcake, subsidiaria de American Lithium PLC, con sede en Toronto (Canadá). Este proyecto aspira a convertirse en uno de los mayores depósitos de litio en roca (el sexto en el mundo), cuya extracción se realizaría a tajo abierto y su procesamiento a través de métodos tradicionales (chancado y lixiviación).

La dimensión de esta iniciativa ubicaría al Perú entre los principales productores de carbonato de litio grado batería equivalente (LCE), una vez que culmine la etapa de exploración avanzada en la que se encuentra para convertir los 4.71 millones de toneladas de recursos en reservas de litio de alta pureza, gracias a los valores reportados en diversos estudios. 

Su ejecución generaría aportes económicos muy por encima de los percibidos -a la fecha- en la región sureña, motivo por el cual se calcularon los fondos a ser generados en dos escenarios: uno inicial con una producción de 20 mil TM durante los primeros siete años, y otro operando a plena capacidad de planta a un ritmo de 75 mil TM anuales, por el resto del ciclo de vida útil.

Las impresionantes cifras fueron estimadas en función a un valor de US$ 40 mil (cotización proyectada por analistas para los próximos años) y un costo de US$ 4 mil por tonelada métrica de litio. Esta valorización es hasta cierto punto conservadora, pues la volatilidad del precio por la gran demanda internacional hace que se calcule al alza. 

Se prevé que el departamento de Puno reciba más de S/ 1,400 millones anuales por canon litífero a partir del octavo año de operaciones, recursos que multiplicarían por 4.5 veces lo percibido en la actualidad por dicho rubro. Cabe advertir que los cálculos se realizaron sobre recursos y no sobre reservas del mineral, en vista de que debe terminar el programa de exploración avanzada para determinar el valor económico del yacimiento, lo que incluso podría incrementar la cantidad de litio y, por ende, los fondos a ser transferidos.

De los resultados obtenidos se puede advertir un notorio incremento del canon, lo que viene aparejado con una serie de problemas por abordar, sobre todo, en lo concerniente al manejo de recursos públicos, el agudo déficit en materia de gestión y la falta de mecanismos efectivos de control por parte de la ciudadanía. Las recomendaciones apuntan a implementar medidas que efectivicen la participación local en la definición de las prioridades de desarrollo y la rendición de cuentas por medio de organizaciones representativas como las comunidades y rondas campesinas.

Introducción

Mediante la presente investigación se tomó interés en averiguar el impacto económico, social y político de la distribución del canon en las jurisdicciones distritales, provinciales y la región Puno a lo largo del ciclo de vida del proyecto Falchani de la empresa Macusani Yellowcake, titular del único proyecto de exploración de litio anunciado públicamente. La relevancia del estudio se debe a que existen grandes interrogantes acerca del alcance de sus beneficios para la región, en particular, y para el país, en general. Es en este escenario que se plantea el problema de determinar el cálculo del canon minero que les correspondería a los gobiernos subnacionales con la información disponible.

El proyecto, de acuerdo a los estimados actuales, tendrá una vida útil de 54 años, y generaría millones de dólares anuales en exportaciones para el país. Puno se convertirá así en un gran productor de litio a nivel internacional, lo cual le brindará importantes ingresos durante las siguientes décadas y para las próximas generaciones. Este valor irá aumentando conforme se descubran nuevas reservas de mineral, por lo que a pesar de ser una proyección o estimado, revela el gran potencial de la zona de concesiones de Macusani Yellowcake. Así, Puno se convertirá en destino de nuevas inversiones mineras, mayor generación de empleo formal y más recursos para financiar diversas obras de infraestructura y alcanzar el ansiado desarrollo local.

Sin embargo, existe una fundada preocupación por la administración de los fondos que lleguen a ser generados por la actividad minera en la región, ya que hay antecedentes de ineficiencia y corrupción en la ejecución del gasto e inversión pública. Esto, sin lugar a dudas, puede dar pie a disputas locales y problemas que conviene conocer y dimensionar para tomar alguna medida o acción oportuna, con el fin de asegurar el correcto manejo de los recursos del Estado, cuya finalidad no es otra que mejorar la calidad de vida de los peruanos, especialmente de aquellos que presentan algún grado de vulnerabilidad.

Objetivos

Entre los objetivos trazados en el trabajo se encuentran los siguientes:

i) Dar a conocer la importancia de la exploración y explotación de recursos naturales no renovables como el litio para la región y el país.

ii) Estimar el flujo de ingresos fiscales que recibirían diversas entidades por el aprovechamiento y comercialización del litio.

iii) Identificar los principales obstáculos, desafíos y/o limitaciones que enfrentarían los gobiernos subnacionales ante el aumento de los recursos públicos que administrarían tras el inicio de operaciones del proyecto Falchani.

iv) Definir algunas alternativas de solución a los problemas identificados en materia de gestión de recursos públicos asignados (transferencias por canon y regalías) a proyectos de inversión pública.

Metodología de trabajo

La metodología de esta investigación consiste en analizar los datos financieros del referido proyecto sobre proyecciones de ingresos, costos de producción, amortización de deuda, etc., además de revisar propiamente el marco legal de la asignación del canon minero, y la literatura y data vinculadas a la problemática de la regionalización o descentralización, especialmente la relacionada con la ejecución del gasto público y el diseño de proyectos de inversión estatal.

Definiciones clave

A continuación, se desarrollan los siguientes conceptos:

a) Canon minero. Está conformado por el 50% del impuesto sobre la renta que recibe el Estado peruano de los pagos que efectúan las empresas mineras por el aprovechamiento de recursos minerales (no renovables), tanto metálicos como no metálicos.

En el caso de los gobiernos subnacionales (gobiernos regionales, provinciales y distritales) es la participación efectiva en la renta minera generada por las empresas que operan y producen en una determinada jurisdicción.

El marco legal está dado por la Ley Nº 27506 (Ley del Canon del 2001) y sus modificatorias como la Ley Nº 30848 (Ley que modifica el canon para usarlo en programas de vivienda). Se reglamenta a través del D.S. Nº 005-2022-MEF.

Los criterios de distribución del canon minero son los siguientes:

ν El 10% se asigna a los gobiernos locales (distrito o distritos) donde se explota el recurso natural.

ν El 25% se entrega a los gobiernos de los distritos y provincias donde se explota el recurso natural.

ν El 40% se transfiere a los gobiernos locales del departamento o departamentos de las regiones donde se explota el recurso natural.

ν El 25% se distribuye a los gobiernos regionales donde se explota el recurso natural. (De ahí sale el 20% que se entrega a las universidades públicas de la región).

Cabe señalar que para efectuar la distribución se consideran indicadores que son estimados por el MEF. En la actualidad se toman en cuenta los índices sobre la base de criterios de población y pobreza, y los relacionados a la falta de cobertura de necesidades básicas y el déficit de infraestructura.

De acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6º de la Ley del Canon (Ley Nº 27506), los recursos que los gobiernos regionales y locales reciban por este concepto serán utilizados para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local.

También podrán ser utilizados para el financiamiento de bonos familiares habitacionales (BFH) destinados a proyectos de vivienda del Programa Techo Propio y para el financiamiento del Programa Nacional de Vivienda Rural.

En el caso de las universidades públicas de la región, estas solo pueden destinar recursos a la investigación científica y tecnológica y de su respectiva infraestructura que potencie su desarrollo.

b) Regalía minera. Según la Sunat, es la contraprestación económica que obtiene el Estado por la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos. La regalía minera se paga por el valor del concentrado o su equivalente para el caso de minerales cuyos precios carezcan de cotización en el mercado internacional. Existe pues una clara diferencia entre un concepto y otro.

Esta precisión es fundamental para comprender la naturaleza y efectos de cada uno sobre los ingresos que percibe el Estado, particularmente de la minería.

Sabiendo que el canon deriva de la generación de utilidades empresariales (renta gravable) y las regalías de las transferencias o ventas del concentrado de mineral a terceros, es que se puede determinar que el primero depende de los resultados obtenidos en el ejercicio contable, y el segundo de operaciones comerciales habituales al margen de los resultados financieros de la empresa.

c) Estudios de prefactibilidad y factibilidad. En la evaluación del proyecto Falchani se toma en cuenta el Preliminary Economic Assessment (PEA), en inglés. En español: Evaluación Económica Preliminar, divulgada en 2020, cuando el proyecto se encontraba en una etapa muy temprana. Posteriormente, el análisis se apoyará en otras herramientas como el estudio de prefactibilidad y, sobre todo, y más adelante, en el de factibilidad, momento en el que el proyecto se hallará en una fase más avanzada (antes de la construcción de la mina y del inicio de actividades propiamente mineras).

En el estudio de factibilidad se tiene un mayor grado de certeza sobre la información (se cuenta con reservas y no solamente con recursos, por ejemplo, y se detallan ampliamente los costos operativos y las proyecciones de ingresos en función a los precios del mineral a extraer y procesar) (Reyna, C., 2020a).

d) Gestión pública. Se aboca a la correcta administración de los recursos que posee una nación con el objetivo de atender las necesidades de su población, al tiempo que intenta fomentar el desarrollo integral del país.

Esta actividad se cristaliza a través de las entidades gubernamentales, específicamente a través de procesos y procedimientos establecidos en los que el Estado proyecta y ejecuta políticas, distribuye fondos, asigna bienes y presta servicios, además de aplicar medidas y disposiciones orientadas a regular sus funciones.

La gestión pública es indispensable para el funcionamiento del Estado, ya que de ella depende el cumplimiento de sus finalidades primordiales, así como un buen entendimiento con el ciudadano y cualquier otro actor como la empresa privada. De la eficiencia de la primera dependerá la efectividad de las soluciones aplicadas a los problemas que surgen en la sociedad.

Ahora bien, la gestión pública posee una serie de tareas que la caracterizan, tales como:

i) Diseñar e implementar las políticas públicas, cuya aplicación y evaluación se realice de forma concertada entre la administración, el sector privado y la sociedad civil.

ii) Identificar problemas relevantes o necesidades que deben ser atendidas por diferentes entidades y organismos de la sociedad.

iii) Alcanzar altos niveles de eficiencia en la gestión de los recursos públicos y asignarlos de forma equitativa, teniendo en consideración que, comúnmente, las entidades públicas no solo responden a criterios económicos, sino también a finalidades políticas y sociales.

iv) Promover el crecimiento económico que eleve la calidad de vida del país mediante la atención de las principales de sus necesidades, procurando que existan más oportunidades y mejores condiciones para todos.

e) Inversión pública: se refiere a toda actividad gubernamental que emplea total o parcialmente recursos públicos de manera temporal, con el propósito de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar bienes y/o servicios que se ofrece a la ciudadanía. La inversión pública tiene como meta mejorar la calidad de vida y procurar el desarrollo de la población. Por medio de esta, las autoridades y funcionarios del Estado (ministerios, gobiernos regionales y locales) deben atender las necesidades de la población y, por lo tanto, las prioridades de desarrollo local que contribuyan a elevar los indicadores de desarrollo y capital humano, mediante un uso eficiente, correcto y responsable de los recursos económicos asignados.

f) Desarrollo territorial. Implica, necesariamente, el desarrollo de competencias, habilidades, destrezas y capacidades a nivel local. “El desarrollo territorial se entiende como un proceso de construcción social del entorno, impulsado por la interacción entre las características geofísicas, las iniciativas individuales y colectivas de distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales” (Cepal, 2021).

Por su parte, para el Ministerio de Cultura (2016) “es una propuesta que trasciende de lo espacial, ya que concibe el territorio como un producto social e histórico con un tejido social particular, “(…) dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertas formas de producción, consumo e intercambio, y una red de instituciones y formas de organización que se encargan de darle cohesión al resto de los elementos” (Sepúlveda, Echeverri y Rodríguez, 2005). Este enfoque “promueve la cooperación, la responsabilidad compartida y la cogestión como complementos de la participación y como elementos fundamentales para la integración de los enfoques de descendentes y ascendentes; asimismo, (…) destaca la importancia de las políticas de ordenamiento territorial, autonomía y autogestión, subsidiaridad y coordinación como marco de las políticas de descentralización, integración regional y nacional e internalización (…)”.

g) Desarrollo sostenible. Al respecto, “el desarrollo sostenible es un principio organizativo para alcanzar los objetivos de desarrollo humano y, al mismo tiempo, sustentar la capacidad de los sistemas naturales para proporcionar los recursos naturales y los servicios ecosistémicos de los que dependen la economía y la sociedad. El resultado deseado es un estado de la sociedad en el que las condiciones de vida y los recursos se utilicen para seguir satisfaciendo las necesidades humanas sin socavar la integridad y la estabilidad del sistema natural. El desarrollo sostenible se definió en el Informe Brundtland de 1987 como Desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. A medida que se desarrolló el concepto de desarrollo sostenible, se ha desplazado más hacia el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente para las generaciones futuras” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1987).

La industria del litio

A continuación, se desarrollan algunos elementos o aspectos fundamentales relacionados con la industria del litio.

¿Qué es el litio?

El litio es el metal alcalino más liviano de todos. Su peso atómico es 3 en la tabla periódica. Es muy reactivo y posee una gran capacidad de carga eléctrica, lo que lo convierte en un transmisor de corriente eléctrica muy eficiente. Por su elevado calor específico, es ideal para aplicaciones de transferencia de calor.

¿Dónde se encuentra?

Este mineral se encuentra principalmente en salmueras (salares), arcillas, rocas, fuentes geotermales y el mar. En el caso peruano se han encontrado depósitos en la zona norte de Puno (provincia de Carabaya, distrito de Corani), a más de 4,200 msnm., fruto de las exploraciones realizadas a finales de 2017 y que continúan a la fecha con la finalidad de convertir los recursos en reservas.

Usos y aplicaciones

El litio presenta varios usos industriales no solo en el sector de la electromovilidad (como componente químico principal en las baterías de vehículos) y almacenamiento estacionario de la electricidad generada por paneles solares y turbinas de viento, sino en la fabricación de vidrios, cerámicas, espejos y telescopios. Además, es utilizado en medicina para tratar trastornos mentales como la bipolaridad, entre otros. El litio está presente en las baterías de equipos electrónicos que se utilizan diariamente como teléfonos inteligentes, laptops, tabletas, relojes eléctricos, etc.

Contexto global

El anuncio del descubrimiento de un importante yacimiento de litio en roca en Puno ubicó al Perú en un lugar interesante entre los países que cuentan con reservas del referido mineral. Esta noticia convirtió al denominado Triángulo del Litio conformado por Argentina, Chile y Bolivia –países en los que el litio se encuentra en salares–, en un verdadero cuadrángulo que se extiende entre las provincias y regiones de Salta, Antofagasta y Oruro, concentrando alrededor del 53% de las reservas conocidas del planeta, según cálculos del 2023 del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGG, por su sigla en inglés). Así, Perú pasó a convertirse en nuevo punto de interés para la exploración avanzada y futura explotación de este mineral.

El interés por el litio radica en su creciente utilización por parte del sector de la electromovilidad, es decir, por parte de fabricantes de vehículos eléctricos de todo tipo (se utilizan, en promedio, cerca de 8 kg de litio en un auto eléctrico estándar), baterías de distinta composición y rendimiento, refinerías de litio y traders internacionales, además de países industrializados que buscan asegurar el suministro de minerales críticos para la transición energética y el desarrollo de sus industrias tecnológicas.

Dos son las poderosas razones que explican el crecimiento de la industria del litio. La primera es la globalización, contexto en el que se han producido una serie de transformaciones económicas, políticas, sociales y ambientales a nivel mundial, y en la que convergen capitales privados y nuevas tecnologías para el diseño de mejores sistemas de generación energética. Asimismo, el segundo factor es la necesidad de reducir los gases responsables del denominado “efecto invernadero”, que son causantes del cambio climático en el planeta, caracterizado por el registro de mayores temperaturas que representan una de las principales amenazas para la humanidad (superiores o iguales al umbral de 1.5 grados).

Estas dos razones han hecho posible la aparición de nuevas tecnologías de almacenamiento de energía y del transporte basadas en vehículos eléctricos. Estas nuevas formas garantizan una reducción significativa de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) producidas por motores de combustión y una menor dependencia de fuentes tradicionales basadas en el carbono (gas y petróleo).

En la actualidad Estados Unidos de América lanzó un programa cargado de incentivos cuando aprobó la Ley de Reducción de la Inflación el 2022, lo que facilita la inversión en la construcción de nuevas minas, plantas de procesamiento de litio y factorías para autos y baterías, además de ofrecer créditos tributarios para la adquisición de vehículos eléctricos fabricados en USA o sus principales socios comerciales. Iniciativas del mismo calibre vienen aprobándose en Europa para promover el desarrollo de la electromovilidad, con el fin de cumplir con las metas de reducción de emisiones para el 2030 (Benchmark, 2023).

Estas políticas se adoptan en un contexto en el que China, tercer productor mundial de litio (13% del mercado), elabora el 80% del hidróxido de litio refinado y fabrica el 56% de las baterías de litio (El País, 2023). Si bien China domina ampliamente las cadenas de suministro mundiales vinculadas con la fabricación de baterías y vehículos eléctricos, no controla la explotación de litio, asunto en el que Sudamérica y Australia juegan un rol importante (Bloomberg, 2023).

La compleja competencia geopolítica entre las grandes potencias o bloques económicos por la seguridad de los suministros globales de minerales críticos para la transición energética, repercute en los países productores o con recursos del mineral como Perú, ya que a raíz de ello algunos gobiernos latinoamericanos han planteado nuevas políticas, estrategias y acciones sobre el acceso a estos recursos naturales. Estas orientaciones van desde posiciones más nacionalistas o estatistas bajo las que se limita la participación del sector privado a otras más liberales en las que se protege las inversiones privadas y fomenta el crecimiento de la minería de litio en todas sus fases o etapas.

El proyecto Falchani

En esta parte se abordan temas relacionados con el proyecto como la presentación de la empresa responsable y las particularidades del mismo.

Descripción de la empresa titular y principales características del proyecto

La titular del proyecto es Macusani Yellowcake, empresa minera dedicada a la exploración de litio y uranio, principalmente, formada a partir de capitales canadienses, cuyo accionista principal es American Lithium Corp. (cotiza en las Bolsas de Toronto, NYSE y Frankfurt (TSX-V: LI | OTCQB: LIACF | Frankfurt: 5LA1), y que también desarrolla un interesante proyecto en Nevada, USA (TLC, condado de Tonopah).

Las actividades de exploración de la compañía se concentran en los distritos de Corani y Macusani de la provincia de Carabaya, región Puno. El proyecto empezó en 2017 con el descubrimiento de importantes muestras de litio en la Comunidad Campesina de Chacaconiza (distrito de Corani), lo que posteriormente se convirtió en un yacimiento de clase mundial con 4.71 millones de toneladas de litio de alta calidad, a partir de las que se podría producir carbonato de litio (Li₂CO₃) o carbonato de litio equivalente grado de batería (LCE). La pureza del mineral encontrado facilita enormemente su comercialización en el mercado, pues se obtienen valores de entre 3 mil 500 a 4 mil partículas por millón (ppm), en comparación con yacimientos vecinos como los de Chile o Argentina, donde los valores llegan a 600 u 1,000 ppm, aproximadamente. Esto le confiere un gran potencial a ser desarrollado cuando se construya la mina y la planta de procesamiento (Macusani Yellowcake, 2023).

Se calcula que la inversión inicial (Capex) podría alcanzar los US$ 580 millones, y posiblemente se llegue a US$ 800 millones tras realizar algunas modificaciones contempladas para incrementar la producción, que dentro de los primeros años se estima en 20 mil toneladas hasta llegar a un ritmo de 50 a 75 mil toneladas métricas de carbonato de litio (Li₂CO₃) anuales, como producto principal (Macusani Yellowcake, 2023).

Por si fuera poco, también se encuentran subproductos del litio como el potasio (potash), con el que se pretende producir fertilizantes para atender la demanda nacional. Esto no solamente aseguraría el abastecimiento del mercado doméstico, sino que permitiría desarrollar una industria local en Puno capaz de generar rentas adicionales por exportación y cientos de empleos calificados, además de ofrecer fertilizantes a un precio asequible al campesinado nacional (El Comercio, 2023).

La fábrica estaría dirigida por personal local y le conferiría la licencia social al proyecto a nivel regional al atender las necesidades de miles de agricultores de cacao, café, quinua, maíz. etc. En Puno, por ejemplo, solo el 3% de agricultores compra fertilizantes químicos (La República, 2022), lo que podría revertirse fácilmente de acceder a este producto a un precio competitivo, aumentando con ello la productividad del agro altiplánico y nacional.

¿Cómo se realizaría la eventual explotación de litio? ¿Qué clase de salvaguardas ambientales y sociales prevé?

Para su extracción, es necesario mencionar que el litio no requiere de una legislación especial, por lo que basta el marco legal vigente para proceder con su explotación, la que se realizaría bajo la observación de los más altos estándares ambientales y sociales, tanto nacionales como internacionales.

El litio encontrado en Perú es un depósito en roca, a diferencia de los salares que poseen Chile, Bolivia y Argentina, lo cual implica que no se afectarán fuentes de agua naturales, ni superficiales ni subterráneas, ya que el método de extracción será a tajo o cielo abierto (open pit). Para tal efecto se emplearán técnicas modernas en los procesos productivos que eliminarán o reducirán cualquier impacto potencial sobre el ambiente, las personas y la biodiversidad en general.

Cabe resaltar que el agua que utilizará el proyecto provendrá de la que se acumule en reservorios producto de la lluvia, reutilizándola de tal modo de no disponer de aguas superficiales ni subterráneas para garantizar su suministro para consumo humano, agrícola y animal.

Asimismo, las actividades productivas no comprometerán las pinturas rupestres de Macusani ni Corani, patrimonio cultural milenario que será debidamente identificado y preservado para la posteridad, como tampoco se afectarán los bosques de piedras ni el nevado Quelcaya, ya que la zona de operaciones se encuentra bastante alejada, a unos 25 kilómetros.

Finalmente, de acuerdo con los valores existentes en las zonas donde se encuentra el proyecto de litio, las concentraciones de uranio están por debajo del nivel de exención establecido en el Reglamento de Seguridad Radiológica (Decreto Supremo Nº 009-97-EM), (Rumbo Minero, 2023b).

Esto significa que la magnitud del uranio es limitada y no representa un riesgo para la salud de las personas ni los animales, lo que implica que se puede trabajar adoptando las medidas de precaución y seguridad habituales para este tipo de operaciones.

Situación actual

A junio de 2023, Macusani Yellowcake se encontraba tramitando una serie de solicitudes (permisos) para realizar estudios ambientales como labores de exploración avanzada. En concreto viene elaborando un EIA semidetallado para el proyecto de exploración avanzada Chacaconiza, con el cual se espera pasar de recursos a reservas de litio (Proactivo, 2022).

Semanas atrás se anunció la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto de Exploración Quelcaya (Rumbo Minero, 2023a), ubicado en la comunidad campesina del mismo nombre, para determinar la existencia de litio y otros minerales de interés en una zona cercana al proyecto Falchani.

Con estos instrumentos en marcha, los siguientes pasos consisten en finalizar la elaboración del estudio de prefactibilidad (American Lithium, 2023) y concluir con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado al Minem para su posterior evaluación y aprobación (Rumbo Minero, 2023c).

Asimismo, a pesar de la convulsión social que azotó a Puno durante los primeros meses del 2023, la empresa mantiene buenas relaciones con las comunidades locales, con las que tiene convenios para seguir explorando en sus territorios (Quelcaya, Isivilla y próximamente Chacaconiza), quienes se encuentran a la expectativa del desarrollo de los proyectos anunciados, ya que serían las principales beneficiadas por las oportunidades económicas que se generarían en la zona.

Proyección de ingresos

Antes de exponer los estimados de ingresos para las distintas jurisdicciones de Puno, conviene aclarar que los cálculos se realizaron a partir de los recursos identificados y no sobre reservas de litio, proceso en el que Macusani Yellowcake se encuentra embarcado para determinar el volumen del mineral que se encuentra en el yacimiento y que serán comercialmente explotables.

Para que estos recursos puedan ser definidos como reservas se deben realizar diversos estudios, presentar muestras y proseguir con procesos técnicos y burocráticos. Estos procesos o procedimientos abarcan investigaciones de tipo económico, geológico, legal, metalúrgico, ambiental, etc.

A pesar de ello, en Perú ya se tienen importantes recursos de litio gracias a diversos estudios realizados por la empresa en laboratorios del país y el extranjero, los que aseguran la estimación correcta de acuerdo a distintas calificaciones. Los recursos identificados por 4.71 millones de toneladas de litio en Falchani ubican al país en el sexto lugar entre los yacimientos de roca dura a nivel mundial (American Lithium, 2022).

Según el informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés) sobre commodities, Perú tendría 880 mil toneladas de recursos identificados de litio. Con esa cantidad, se encontraría el décimo lugar en el listado de países con mayores recursos. El orden presentado es el siguiente: Bolivia, con 21 millones de toneladas (MT); Argentina, con 20 MT; USA, con 12 MT; Chile, con 11 MT; Australia, con 7.9 MT; China, con 6.8 MT; Alemania, con 3.2 MT y Perú, con 0.880 MT.

Ahora bien, con el desarrollo del proyecto, la región de Puno se beneficiará indudablemente, y especialmente el distrito de Corani y la provincia de Carabaya, ámbitos territoriales (áreas de influencia) sobre los que se ubica el yacimiento, convirtiéndose así en zonas de percepción directa para el pago de regalías y la asignación del canon minero, este último proveniente del pago del impuesto a la renta a cargo de la empresa titular del proyecto.

Con dichos recursos los gobiernos subnacionales podrían realizar importantes obras en beneficio de la población, como, por ejemplo, elevar la cobertura de agua potable, construir colegios, hospitales, carreteras, puentes, reservorios y terminales terrestres, entre otras infraestructuras necesarias.

Las universidades públicas, por su parte, recibirán el equivalente al 5% del canon para dedicarlo a investigación y desarrollo, tal como estable la ley.

Además, se prevé dinamizar la economía local a través de la generación de puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, y la suscripción de contratos con proveedores para que suministren bienes y servicios a la empresa y sus contratistas.

Adicionalmente, la compañía contemplaría incursionar en la construcción y mantenimiento de infraestructura básica mediante la implementación del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Esto permitiría contar con obras en educación, salud, transportes, etc., en tiempo récord y ajustadas a las necesidades y prioridades de la población.

Ahora bien, considerando que la empresa prevé producir 20 mil toneladas anuales de carbonato de litio (Li₂CO₃) en una primera etapa hasta llegar a 75 mil toneladas métricas del mismo compuesto, se presentan dos escenarios de ingresos proyectados para los gobiernos subnacionales de Puno.

En ese sentido, se parte de la premisa que el precio de la tonelada de carbonato de litio equivalente (Lithium Carbonate Equivalent, LCE) superará los US$ 40,000 dólares, siendo este el consenso de muchos analistas del mercado (Financial Review, 2023).

Por otra parte, se tiene conocimiento de que el costo operativo por tonelada de carbonato de litio alcanzará los US$ 4 mil dólares debido a las características del yacimiento, el precio de la energía, el consumo de combustible, el pago de salarios, entre otros factores involucrados. Este costo se encuentra dentro del rango expresado en la PEA divulgada en 2020 (siglas en inglés de Preliminary Economic Assesment, o Evaluación Económica Preliminar), estudio en el que se estiman dos escenarios de costos (Opex) entre US$ 3,958 y US$ 4,333 (DRA, 2020).

En un determinado momento, sobre todo en el último trimestre del 2022, el LCE cotizó a más de US$ 80,000 la tonelada, por lo que el valor de las 4.71 millones de toneladas de LCE se valorizaron en más de US$ 376 billones, una cifra que ascendió al 168.6% del PBI peruano calculado en el año 2021, cuando este alcanzó US$ 223 billones, según el Banco Mundial (2021).

Cabe precisar que la empresa estima una tasa de recuperación de mineral del 80% (PEA, 2020), por lo que procesaría 3.768 millones de toneladas de litio en las condiciones actuales. La producción, naturalmente, podría ser mayor en función de la confirmación de la extensión de las zonas de interés. Es decir, los volúmenes de litio encontrados a la fecha serían provisionales, pues se espera incrementar la cantidad de recursos inferidos e indicados, así como pasar de recursos a reservas cuando culminen las labores de exploración avanzada en las áreas identificadas dentro de las concesiones de Macusani Yellowcake.

Escenario inicial: producción mínima durante los primeros años de operaciones

Teniendo en cuenta una producción provisional de 3,768 millones de toneladas de litio, la empresa calcula un Capex inicial de US$ 587 a US$ 850 millones. En un primer tramo se estima que la producción sería de 20,000 toneladas métricas de carbonato de litio equivalente grado batería (Li₂CO₃). Esto se produciría durante los primeros 7 años de ejecución del proyecto, por lo que anualmente se tendrían ingresos –en promedio, asumiendo precios y costos constantes– por la suma de US$ 800 millones. Si a ese monto se le restan los costos (US$ 4 mil por tonelada métrica) se obtendría la cifra de           US$ 720 millones. En ese lapso –durante el primer año– se podría amortizar completamente la inversión de la puesta en marcha de la operación, quedando expedita la empresa para la generación de renta gravable y el correspondiente pago de impuesto a la renta (IR), en función a la utilidad bruta o ventas netas, de la cual se deriva u obtiene el canon minero.

En todo ese periodo inicial se acumularía un ingreso total –menos los costos– de US$ 5,040 millones, cifra a la que si se resta el monto obtenido el primer año de actividades arroja    US$ 4,320 millones (asumiendo que con el producto del primer año se cubra el valor total de la inversión). Estos US$ 4,320 constituirían la renta gravable durante los primeros 7 años de operaciones, sobre la que se aplicaría el IR con una tasa del 29.5%.

En soles, a un tipo de cambio de S/ 3.6 por dólar americano, los ingresos de la empresa ascenderían a S/ 15,552 millones, de los que S/ 4.587 millones corresponderían al pago del IR. De esta cantidad, se obtendría el canon minero, cuyo monto sería de S/ 2,293 millones. Esa cifra sería distribuida a partir del año dos al siete de explotación, por lo que Puno recibiría anualmente un promedio de S/ 382 millones, una cifra superior a los S/ 293 millones ingresados por dicho concepto en 2022 (Minem, 2023). En perspectiva, desde el segundo año de actividades el canon generado por el proyecto Falchani equivaldría al 130% del monto percibido por canon en 2022.

De dicha cifra, el distrito de Corani, donde se ubica el yacimiento, solo por ser distrito productor recibiría S/ 38.2 millones (10% del canon) durante 6 años. Sin embargo, según el Minem (2022): «El distrito productor recibe hasta 3 veces canon minero por ser distrito productor, por estar en la provincia y por estar en el departamento donde se extrae los recursos no renovables». Por lo que sus ingresos por dicho concepto alcanzarían cerca de S/ 45 millones.

Por su parte, la provincia de Carabaya y sus distritos, que durante el 2022 recibieron el 21% de los ingresos por canon del departamento de Puno (S/. 61.2 millones) de acuerdo con el portal de Transparencia Económica del MEF, le correspondería S/. 80.2 millones, esto en función al índice de distribución aprobado por el MEF (2022), los que se encuentran basados en el tamaño de la población y las necesidades básicas insatisfechas.

En el caso del Gobierno Regional de Puno (GRP), este percibiría el equivalente a S/ 76.4 millones anuales durante 6 años a partir del segundo año de operaciones. En comparación, por canon minero obtuvo S/ 58.6 millones en 2022 según el Boletín Estadístico Minero (Minem, 2023), con lo que el canon litífero representaría el 130% del ingreso percibido el año anterior (2022).

Cabe mencionar que el exviceministro de Minas, Rómulo Mucho, indicó al diario La República (2023a), que «de hacer realidad el proyecto Falchani, se podría añadir con montos considerables a nuestras exportaciones mineras. Si producimos unas 20,000 toneladas de carbonato de litio al año, con inversiones de unos US$ 600 millones, podríamos añadir conservadoramente unos US$ 1,000 millones a nuestras exportaciones».

Escenario optimista: tope de producción durante la mayor parte del ciclo de operaciones 

En otro escenario, uno en el que la producción de LCE alcanzaría su pico con 75 mil toneladas se conseguirían cifras muchos mayores. Esto se presentaría a partir del octavo año de actividades, cuando las mejoras introducidas y optimizaciones de planta permitan producir dicha cantidad. Esto sería factible si de mantenerse el precio en US$ 40 mil a tonelada y los costos dentro de los US$ 4 mil por tonelada, y durante un horizonte de operaciones superior a los 33 años de explotación inicialmente previstos en la PEA del Proyecto Falchani (DRA, 2020). Por lo que se proyecta que los años de operación serían 47.6 para producir 75 mil toneladas de LCE.

Cabe mencionar que en esta segunda etapa ya se habrían producido 140 mil toneladas de LCE, por lo que restaría por producir 3,570 millones de toneladas métricas de litio con 99.74% de pureza sin refinar, según pruebas realizadas en el laboratorio Australian Nuclear Science and Technology Organisation (Ansto) (Rumbo Minero, 2023).

Entonces, al producir 75 mil toneladas de Li₂Co₃ durante 47.6 años se tendría la suma de US$ 142,800 millones sin considerar los costos asociados. Los costos durante este periodo, si las condiciones se mantienen estables, serían de US$ 14,280 millones. Por lo que el resultado final de la explotación sería de US$ 128,520 millones de utilidad bruta (antes de impuestos), cifra a la que habría que descontar el pago de regalías por las ventas que se producirán durante casi 50 años.

Solo por regalías, a una tasa de 3%, se estima un pago de US$ 3,855 millones (USS$ 81 millones o S/ 291.6 millones anuales). Por lo que, al efectuar los descuentos correspondientes, la base imponible ascendería a US$ 124,664 millones. Esta última cifra equivale S/ 448.791 millones y sobre este monto se calcularía el pago del IR.

En ese sentido, el impuesto a la renta generado durante este periodo ascendería a      S/ 132,393 millones, del que se obtendría el canon minero para el departamento de Puno, cifra equivalente a S/ 66.196 millones durante 47.6 años de operaciones del proyecto Falchani. Lo que arrojaría la suma de        S/ 1,400 millones por año, aproximadamente. Siendo las transferencias por canon minero de S/ 293 millones obtenidos en 2022, el canon litífero incrementaría el canon puneño en 447%. Esto ubicaría a la región, la provincia de Carabaya y el distrito de Corani entre las jurisdicciones con mayores ingresos por canon minero del país.

El distrito de Corani, por ejemplo, recibiría    S/ 140 millones anuales. Por su parte, a la provincia de Carabaya y sus distritos ingresarían S/ 350 millones. Asimismo, el Gobierno Regional de Puno obtendría S/. 280 millones. Estos cálculos revelan un gran aumento del presupuesto en estos gobiernos subnacionales, lo que generaría desafíos como oportunidades en lo que se refiere a su administración.

El presupuesto del Gore Puno ascendió a       S/ 2,558 millones para el 2023. Y siendo el futuro canon litífero de S/ 1,400 millones anuales, esta última cifra representaría el 54.7% de los recursos públicos totales de la región sureña. Estos fondos equivalen al valor de la construcción de cuatro hospitales como el Manuel Núñez Butrón (Puno), que fue licitado por S/ 329 millones.

Por otra parte, si se comparasen los ingresos de los principales distritos mineros, el canon que recibiría Corani (S/ 140 millones) lo ubicaría entre los cuatro primeros distritos con mayores transferencias por dicho concepto, ya que de acuerdo a cifras de 2022 proporcionadas por el Minem (2023), los municipios distritales que más recibieron fueron San Marcos en Áncash (S/ 582 millones), Ilabaya en Tacna (S/ 149 millones) y Nuevo Chimbote en Áncash (S/ 146 millones), (Propuesta Ciudadana, 2022). Así las cosas, estos ingresos podrían ayudar a aliviar muchas necesidades y cerrar enormes brechas socioeconómicas si pudieran ser bien administrados.

Algunos indicadores socioeconómicos de la región Puno

En esta parte de la investigación se presenta la difícil realidad puneña a través de datos económicos relevantes, esto con la finalidad de comprender mejor el contexto y sus desafíos de cara a la próxima explotación de litio y su contribución monetaria concentrada en impuestos y regalías, sin considerar aún el dinamismo económico que generaría en materia de empleos, cadenas de proveedores, etc.

De acuerdo a datos del INEI (2022a), Puno tiene una población de 1.2 millones de habitantes que representan el 4% de la población nacional. El 46% de sus habitantes se ubican en el ámbito rural, frente al 20% del promedio nacional, por lo que carecen de servicios básicos y oportunidades.

Por otro lado, la formalidad empresarial solo alcanza al 2.5% del total de empresas. La mayoría de estas son microempresas comerciales y de servicios. Los principales productos son el oro, cobre, estaño, café, quinua, fibra de alpaca, entre otros. La población se emplea mayoritariamente en el sector agropecuario, servicios, comercio y minería (52.8% del total). La mitad de la producción se concentra en el agro, comercio y servicios (INEI, 2022a). Para el Instituto Peruano de Economía (IPE, 2021), Puno se ubica en el puesto 21 de 25 regiones en cuestión de competitividad regional.

La informalidad comprende al 90.2% de trabajadores, por lo que 9 de cada 10 es informal, de acuerdo con las cifras del Enaho (2022). Puno, con 756 mil trabajadores informales (los formales llegan a 72 mil), es la quinta región con mayor número de esta clase de trabajadores precarios después de Lima, Piura, La Libertad y Cajamarca. El 81.6% de las unidades productivas familiares es informal (146 mil de un total de 179 mil). En promedio cada trabajador gana S/ 805 en Puno, el segundo ingreso más bajo después de Huancavelica, siendo el promedio nacional de S/ 1,327 (INEI, 2022a).

En el rubro de inversión pública (Gestión, 2023), las municipalidades de Puno registran un retroceso de -51% al comparar mayo de 2023 con el mismo mes del 2022.

En cuanto a la ejecución de obras, Puno encabeza el ranking de la mayor cantidad de obras públicas paralizadas, después de Cusco. Puno tiene 220 obras detenidas por un valor de 

S/ 1,003 millones, las que presentan un saldo por ejecutar de S/. 523. La obra más emblemática es el Hospital Manuel Núñez Butrón, a cargo del gobierno regional, paralizada por años y varias administraciones (La República, 2023b).

En términos macro, Puno representa el 2% del PBI nacional (RPP, 2023). Desde el 2007 creció un 70%. En 2022, aumentó un 3.3%, por encima del promedio nacional de 2.7% (Iedep-CCL, 2023). En 2023 hubo paros y bloqueos de vías hasta mediados de abril, lo que impidió la ejecución del presupuesto de inversión pública y el dinamismo de la inversión privada. La situación afectó sectores como el turismo, comercio, construcción, minería y transportes, principalmente. Esto produjo inflación y escasez de productos básicos. La conflictividad social causó un descenso en el empleo formal por las paralizaciones. Este indicador ha caído en 11.1% en febrero de 2023 con respecto a febrero del año pasado (Iedep-CCL, 2023).

La pobreza oscila entre el 39.4% y 43.3% entre 2018 y 2022 (INEI, 2022b). La vulnerabilidad alcanza al 36.5% de la población (personas que pueden caer en pobreza ante eventos climáticos, conflictos sociales y crisis económica).

En el plano tributario, Puno contribuye con el 0.3% de los tributos internos del país (S/ 421 millones). Su escaso aporte se debe al alto grado de informalidad económica, comercial, productiva y laboral. Puno, al igual que otras 18 regiones, aporta al fisco menos del 1% de los ingresos tributarios (Iedep-CCL, 2023).

El sector financiero en Puno representa el 1.2% del crédito otorgado a nivel nacional y el 0.7% de los depósitos con S/ 3,033 millones.

Problemas identificados en la gestión pública en la asignación y ejecución de los recursos del canon

Las deficiencias identificadas en materia de capital humano y la presencia de altos niveles de corrupción, informalidad e ineficiencia a nivel regional, representan serios desafíos para la adecuada utilización de los recursos. Esta falta de capacidades y limitaciones de otro tipo repercuten indubitablemente en una gestión deficiente, evidenciada en el estudio ordenado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) en el 2022 para conocer las competencias de los servidores públicos responsables de la formulación de proyectos de inversión pública y ejecución presupuestaria en los tres niveles de gobierno (RPP, 2023).

Estos problemas no solo podrían afectar el desarrollo del proyecto Falchani y otros que pueda iniciar Macusani Yellowcake dentro de sus concesiones, sino incidir en una menor reducción de la pobreza y desigualdad, deteriorar aún más la prestación de servicios públicos y, en definitiva, no poder cerrar brechas socioeconómicas según lo esperado. Las oportunidades que podrían perderse a futuro, sobre todo, si no se realizan los correctivos necesarios, disminuirían la rentabilidad social generada por el proyecto a mediano y largo plazo una vez iniciada la fase de explotación.

Entre los principales problemas identificados se encuentran los siguientes:

i) Reducida capacidad para la ejecución de obras públicas. Esto se evidencia en el caso del distrito de Corani, cuya ejecución de inversiones es 0%, su gasto total asciende a 1.3%, contando un con Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 8’750,025. Lo mismo se aprecia con respecto a la provincia de Carabaya, cuya ejecución de inversión pública alcanza el 4.8% y un gasto total del 8% (en febrero de 2023), teniendo un PIM de S/ 33’240,269. Por su parte, el Gobierno Regional de Puno reporta un porcentaje ejecutado del 1.3% (inversión pública), y una ejecución total del orden del 13.1%, habiendo recibido un PIM de S/ 2’558,539.617 (Consulta amigable del MEF, mayo de 2023).

Puno por lo general ejecuta menos del 60% de su presupuesto. La región ha venido recibiendo alrededor de S/ 150 millones al año en promedio por canon minero (Orihuela, 2022).

ii) Ejecución de obras de escaso impacto socioeconómico. La mayoría de infraestructura construida a menudo son obras de menor cuantía, de menos de un millón de soles. No se realizan obras de mayor envergadura por falta de capacidades técnicas y administrativas (Orihuela, 2022).

En números, Puno mantenía desde finales del 2022 unas 220 obras en ejecución cuyo presupuesto es inferior al millón de soles (el valor total de las obras es de S/ 148 millones). El avance reportado hasta esa fecha era del 84%. Estas construcciones se vieron paralizadas con el inicio de la intensa protesta social que afectó la mayoría de actividades económicas de enero a abril de 2023.

iii) Falta de funcionarios idóneos en la administración pública. Una de las razones por las que existe un gran déficit en la ejecución de obras públicas en Puno es porque “al menos el 50% de funcionarios no cumple con el perfil para el puesto”, según Patricio Lewis, de Red de Estudios para el Desarrollo (Orihuela, 2022). La carencia de burócratas o personal administrativo calificado impide la correcta elaboración o formulación de expedientes técnicos, el diseño de proyectos de inversión pública y el seguimiento que debe hacerse o realizarse a las obras una vez iniciadas para advertir problemas o deficiencias durante su ejecución.

iv) Corrupción de funcionarios y servidores públicos. Relacionado también con la falta o carencia de idoneidad es el hecho de encontrar niveles preocupantes de corrupción. Según la Contraloría General de la República, “Puno es la tercera región con mayor incidencia de perjuicio económico por actos de corrupción e inconducta funcional ocasionados en 2021. Las entidades del Gobierno Regional de Puno tienen, en promedio, el peor nivel de implementación del control interno en todo el país y las entidades del gobierno local, el tercer peor nivel” (Perú 21, 2023).

v) Alto grado de informalidad. Este fenómeno social y cultural tiene ramificación sobre el desempeño de la economía, la política y la institucionalidad en general. Su incidencia impide el correcto funcionamiento de las entidades públicas, las actividades económicas y representa una predisposición hacia el delito. Combatirla es necesario para formalizar las operaciones comerciales y garantizar la vigencia de la legalidad o Estado de Derecho.

Conclusiones

A continuación, se presentan las siguientes conclusiones del estudio:

1. Se debe tener en cuenta que las proyecciones efectuadas sobre ingresos a partir de la renta que generaría el proyecto Falchani se hicieron en base a recursos identificados del mineral, y no sobre reservas de litio, por lo que estos estimados, en el caso de las toneladas métricas a ser producidas, incluso podrían aumentar en la medida que concluya el programa de exploración avanzada, la empresa informó en 2018 de la existencia de 2.3 millones de litio, las que pasaron a incrementarse a 4.71 millones en 2019.

De lo anterior se colige que los montos a ser asignados por concepto de canon minero podrían ser bastante superiores, y más aun teniendo en cuenta el rápido crecimiento de la demanda mundial por el mineral y la estrechez de la oferta actual y durante los próximos años.

2. Los ingresos por canon minero que puede originar el proyecto Falchani de Macusani Yellowcake generarían varios impactos socioeconómicos positivos en la medida que los ingentes recursos transferidos por dicho concepto se lleguen a administrar bien por parte de los gobiernos subnacionales.

3. Las distintas jurisdicciones de Puno, entre distritos, provincias y la región podrían contar con suficientes fondos ordinarios para el cierre de brechas, principalmente en infraestructura básica, como la construcción de colegios, centros médicos, carreteras, puentes, terminales terrestres, entre otras obras y el mantenimiento o reparación que precisen.

4. Las estimaciones sobre la cantidad de infraestructura básica que se podría construir en la región con los recursos obtenidos gracias a la explotación del litio, ayudarían a generar mayor empleo, tanto calificado como no calificado, especialmente en el sector de la construcción, lo que contribuiría a elevar la tasa de ocupación formal, aumentar el volumen del crédito y ofrecer un mayor dinamismo económico.

5. Si bien las transferencias del canon minero litífero permitirían una mejor apreciación de las bondades de la inversión privada en la reducción de brechas mediante la construcción de infraestructura nueva o mejorada, cabe preguntarse si pueden crearse focos o nichos de corrupción en las entidades públicas encargadas de su administración.

6. Una conclusión adicional y, vinculada a la anterior, es que el grado de ineficiencia demostrado por las últimas administraciones de los gobiernos subnacionales no auguran un buen récord o desempeño en lo relacionado con la gestión de recursos públicos, por lo que las expectativas depositadas por diversos sectores de la población pueden desvanecerse rápidamente al no generar el impacto positivo esperado.

7. La empresa titular del proyecto de Litio Falchani debería tomar cartas en el asunto en lo concerniente a la preparación y formación de funcionarios y servidores públicos para que se encuentren en condiciones de gestionar adecuadamente los recursos generados por la minería moderna y formal.

8. Los ingresos por canon y regalías mineras incrementarían los depósitos en las instituciones financieras por parte de las transferencias que reciban los gobiernos subnacionales. Este impacto contribuiría a expandir el crédito en la región, ya que los bancos, financieras y cajas municipales y rurales contarían con mayores depósitos provenientes del sector público.

Además, se espera que se forme un núcleo de proveedores locales y de trabajadores formales que realizarían más operaciones financieras que incrementarían las actividades crediticias. De modo que, ante una mayor disponibilidad de fondos en las instituciones financieras, se podría llegar a bancarizar las transacciones u operaciones de muchas más personas, esto con el fin de reducir el alto grado de informalidad.

Recomendaciones

A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones:

1. Como recomendación principal se propone que, además de un fuerte shock de inversiones para atender necesidades básicas, Puno necesita un gran impulso a la formalidad a nivel empresarial, laboral y comercial para propiciar el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, así como mayor eficiencia institucional que se traduzca en una mejor gestión pública.

En esa línea, la empresa privada podría jugar un papel preponderante como vehículo para la formalización laboral y empresarial de trabajadores, proveedores de la micro y pequeña empresa (emprendedores), entre otros, mediante políticas y procesos de contratación transparentes, meritocráticos y formales en los que se busque la eficiencia, calidad y precios competitivos.

Concretamente, la empresa minera puede ayudar a formalizar a los agentes económicos al establecer reglas, procedimientos y requisitos de contratación entre las personas, familias y pequeños negocios del distrito de Corani y la provincia de Carabaya inicialmente.

2. Otra recomendación es la necesidad de invertir fuertemente –incluso con recursos del canon, previa modificación normativa– en la formación y capacitación de funcionarios y servidores públicos a nivel local, especialmente en aquellos que se encuentren vinculados a la asignación y ejecución de dichos recursos.

Lo que se plantea es poder modificar el marco normativo vigente del canon para disponer de mayores recursos que permitan la formación de personal en tareas administrativas, contables, económicas y de ingeniería cuando se trate del diseño y ejecución de proyectos de inversión pública.

3. Otra recomendación es que se requeriría una mayor participación de la empresa minera –mediante la conformación de una alianza estratégica– para lograr el desarrollo de capacidades, competencias, conocimientos y habilidades en materia de gestión pública, así como elevar el nivel educativo en general, al menos en el distrito de Corani y la provincia de Carabaya, con el fin de propiciar el desarrollo territorial mediante el diseño planificado y concertado de proyectos y programas de alto impacto y rentabilidad social para cerrar brechas socioeconómicas.

4. Se considera conveniente evaluar el involucramiento efectivo de las comunidades y rondas campesinas del distrito y la provincia para que participen en la fiscalización de los presupuestos, la rendición de cuentas y la ejecución de las obras. Su concurso, una vez capacitados en los temas pertinentes, puede ayudar a controlar, eliminar o reducir los niveles de ineficiencia y corrupción registrados. Se parte de la premisa de que la población local es o debe ser la principal interesada en la correcta utilización de los recursos.

5. En consonancia con lo anterior, la empresa minera puede financiar la capacitación de las comunidades locales en asuntos como la elaboración del presupuesto participativo y la definición de prioridades de gasto, inversión y desarrollo pensando en la realidad local.

6. Se debe contemplar el involucramiento de la empresa privada en la formación de nuevos cuadros. En concreto, se propone su participación en la selección de funcionarios y servidores públicos mediante el financiamiento o cofinanciamiento de mecanismos de selección de personal que sean más exhaustivos e idóneos. Para ello se puede invitar a instituciones públicas (como Servir), entidades privadas (universidades) y organismos internacionales (PNUD) con el fin de evitar la contratación de personas que no cumplan con el perfil requerido. Esta medida debe formar parte de un paquete que considere, además, el ofrecimiento de remuneraciones más atractivas para atraer a los mejores talentos disponibles y brindar capacitaciones regulares para actualizar conocimientos y mejorar las habilidades de los responsables de la gestión de fondos públicos.

7. La empresa minera podría suscribir más adelante convenios de cooperación interinstitucional para fortalecer la gestión de los gobiernos subnacionales, con el propósito que los funcionarios y servidores públicos desarrollen o adquieran aquellas capacidades que son requeridas para la mejora de los procesos y procedimientos administrativos.

8. Se debe considerar la participación de la cooperación técnica internacional para que brinde asistencia en temas de desarrollo productivo, fortalecimiento institucional y mejores prácticas de gestión. Las experiencias y conocimientos recibidos ayudarían a elevar la calidad en la prestación de servicios públicos.

9. La empresa minera, con el fin de sacar adelante algunos proyectos de interés para las comunidades, debería considerar su participación en el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), de esa manera podría ejecutar una cantidad obras priorizadas en menor tiempo y con mayor transparencia y eficacia, beneficiando directamente a la población del área de influencia. Esta sería una fórmula apropiada para destrabar proyectos y mejorar las condiciones de vida en la zona. Además, su adopción califica como ejemplo ideal para la creación de valor compartido en minería.

10. Por último, se plantea la posibilidad de reformar la herramienta de OxI para que no solo se pueda diseñar, ejecutar y mantener infraestructura física, sino prestar servicios con cargo a los impuestos que generaría el proyecto de litio. La idea es crear un mecanismo análogo que se denominaría “Obras x Servicios”. Este no se emplearía para ofrecer cualquier tipo de servicio a la población local, sino para brindar servicios básicos o esenciales en materia de salud y educación mediante administración directa –en coordinación y colaboración con los padres de familia y el personal sanitario–. Lo que se busca es la creación de instituciones educativas y centros médicos de calidad a los que accederían gratuitamente los residentes de las zonas de influencia.

Con ello se prestarían servicios eficientes que atenderían las principales necesidades de la población. La administración tendría un cariz o impronta cogestionaría, es decir, se basaría en el trabajo colaborativo y la toma de decisiones compartidas entre empresa y comunidad para la selección de docentes y del personal sanitario, la propia administración de las instituciones, el control y rendición de cuentas sobre los recursos asignados (al tratarse de fondos públicos), y la evaluación y mejora continua para brindar servicios óptimos a los beneficiarios.

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