Elaborado en base a la presentación realizada en la Cámara de Comercio Peruano-Chilena.

Por: Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. 

Con el objetivo de abordar el tema de la rentabilidad social analizaremos cuatro aspectos que están relacionados a este concepto que, si bien recientemente se ha puesto en la agenda pública, no es ajeno a la industria minera. Trataremos sobre las fortalezas macroeconómicas del Perú, el bono poblacional, la situación de la industria minera y qué debemos hacer para contar con una gestión pública de calidad.

Macroeconomía

En términos macroeconómicos el Perú muestras importantes fortalezas. Es así que de acuerdo con las principales agencias calificadoras: Moody’s, Standard & Poor's y Fitch, el Perú tiene grado de inversión.

Asimismo, analizando la deuda neta respecto a la dimensión de su PBI, muestra una solvencia fiscal, lo que no ha sucedido con otros países de la región como Argentina, Brasil, Colombia y México. 

En general esto demuestra que el Perú en los últimos 20 años ha implementado políticas económicas que han permitido reducir brechas y ha logrado tener una robustez financiera macroeconómica, a pesar de la crisis sanitaria. 

En ese marco, del 2000 al 2020 se ha incrementado el ahorro nacional como porcentaje del PBI, aspecto en el que el sector privado ha sido clave para obtener el respaldo financiero que ha logrado el país a lo largo de los años. 

Esta robustez macroeconómica se correlaciona con la mejora en el índice de desarrollo humano (IDH). En 2003, este era de 0.32, y con el tiempo hemos alcanzado un promedio de 0.52; sin embargo, los promedios a veces esconden grandes diferencias. 

Entre las regiones del Perú que han crecido por encima de la media tenemos a Lima, Moquegua, Arequipa —las dos últimas dos regiones mineras—, Madre de Dios, curiosamente una región con minería aurífera no formal, que requiere formalizarse; Ica, más asociada a agroindustria; Tacna, sin duda, vinculada a minería; Tumbes, más relacionada con el desarrollo turístico; La Libertad es un mix de agricultura y minería; Lambayeque, turismo y agricultura, y Áncash, sin duda, minería. 

Por debajo de la media tenemos a Huancavelica, Apurímac, que esperamos pronto que empiece a subir en IDH como consecuencia de las inversiones mineras; Amazonas, Cajamarca, Ayacucho y otras. Claramente, el Perú ha crecido durante los últimos 20 años, ha logrado ser un país con grado de inversión, pero cuando se entra al detalle, se encuentra con grandes disparidades, y ese es un tema de atención, porque tenemos que ser parte de la solución que está relacionada con lograr una gestión pública de calidad.

Otra manera de ver esta situación, es a través de la reducción de la pobreza monetaria. En el 2002 teníamos al 54% de la población total debajo de la línea de pobreza y eso ha bajado de manera sostenida aunque de diferente forma como el caso del IDH. 

Lamentablemente, el efecto de la pandemia ha sido muy significativo y hemos retrocedido casi una década en términos de pobreza; por eso, que el desafío de este Gobierno y los que vengan, va a ser justamente eso: cómo logramos reactivar la economía, generar empleos formales para atacar el fondo del problema, que es reducir la pobreza. 

Bono poblacional

Otro dato importante es: ¿de qué tamaño es nuestra población? En 2020, fuimos alrededor de 33 millones de peruanos; sin duda, una porción pequeña con relación al mundo, donde existen más de 7,000 millones de personas. El Perú representa el 0.5% de la población del planeta, lo que quiere decir que tenemos que fundamentar nuestro desarrollo con una mirada exportadora. 

No tenemos una dimensión de mercado interno que nos pueda llevar a pensar que contamos con la capacidad de crecer basados en ese mercado. Eso es fundamental y tiene que ser entendido por todos. El Perú debe desarrollar infraestructura que le permita ganar competitividad en exportación en un sinnúmero de industrias en las cuales tiene fortalezas. 

En el tema demográfico, otro aspecto a resaltar es que hasta el 2050 vamos a contar con más del 50% de peruanos como población económicamente activa, lo que puede apalancar nuestro crecimiento para dejar de ser un país de ingresos medios e ingresar a la OCDE. El desafío es saber aprovechar esa masa crítica. Sin embargo, lo ocurrido en el 2020 es dramático, en la medida que casi 1.7 millones de personas perdieron su empleo como consecuencia de la pandemia.

En ese contexto, para que este bono demográfico rinda mejor en términos de productividad es fundamental la educación. En el país en general más del 75% de nuestra población escolar recibe una educación en instituciones públicas y escasamente el 23% en privadas. 

En esa línea, el desafío es lograr como país que la educación pública sea un servicio de calidad; caso contrario, esa población joven no va a terminar desarrollando su pleno potencial. 

Al igual que la educación pública, la salud es otro servicio clave que el Estado tiene que proveer, para aprovechar al máximo esta oportunidad. Actualmente, menos del 7% de la salud que se provee es de manera privada y el grueso de la atención pública está en manos de EsSalud y el Ministerio de Salud más los servicios que están a cargo de instituciones militares. 

Entonces, nuevamente, para obtener el máximo potencial de nuestro bono demográfico tenemos que, al igual que la educación, implementar un sistema de salud pública de calidad. 

Industria minera

Las estadísticas revelan que el crecimiento del país está asociado a proyectos específicos: Antamina, Cerro Verde, Las Bambas y Toromocho, lo que confirma que hay una correlación entre la mejora económica del Perú y el aumento en la producción de cobre y, obviamente, la inversión asociada a esta.

Desde 1993 se registra un cambio importante. Tuvimos una nueva Constitución Política que en resumen permitió y le dio certeza a las inversiones nacionales y extranjeras, les proporcionó estabilidad y hubo un crecimiento de varios sectores económicos, uno de ellos la minería. 

En el caso del sector minero, desde 1995 las inversiones han sumado US$ 81,000 millones, lo que sustenta la correlación muy alta entre inversión minera, crecimiento económico, reducción de la pobreza, aumento del IDH, sin embargo, queda pendiente, como hemos señalado líneas arriba, ser competitivos en educación y salud pública. 

Otro hecho importante, es que en 2002, bajo la presidencia de Alejandro Toledo, se decide implementar una regionalización que supone transferir competencias y fondos del gobierno central a los gobiernos regionales, con lo que estos últimos han recibido hasta el 2020: S/ 62,000 millones, es decir, más de US$ 15,000 millones. 

Estas transferencias se sustentan básicamente en el canon minero, que es la mitad del impuesto a la renta que pagan las empresas, con el fin que a nivel regional se invierta en educación, salud y el cierre de brechas de infraestructura pública. 

La experiencia ha demostrado que trasladar responsabilidades y fondos es necesario, pero no suficiente, si uno no transfiere capacidades y conocimientos, es decir, sino contamos con un sistema de gestión robusto, estos capitales no se traducen en bienestar y, al no hacerlo, la población no encuentra la correlación entre el esfuerzo que significa atraer y concretar las grandes inversiones y su día a día. 

Entonces en estas circunstancias se complejiza hacer comprender la trascendencia de poner en marcha la actual cartera de proyectos mineros por US$ 60,000 millones, donde el 70% de ese portafolio lo constituye el cobre, seguido del oro y otros metales, lo que nos diferencia de Chile.

Pero ¿por qué es importante el cobre? Porque por razones geológicas son sistemas de gran dimensión y, por lo tanto, de larga vida, y en un país como el Perú, al igual que Chile, tener ingresos fiscales con una visibilidad de varias décadas es fundamental para planificar el crecimiento y el cierre de las brechas antes descritas. 

Además, el Perú cuenta con un ecosistema conformado por pequeña minería, mediana minería y gran minería. Esto es muy positivo en términos de generación de empleo y de encadenamiento con el entorno en que operamos. 

Con la ayuda del Centro para la Competitividad y el Desarrollo de la Universidad de San Martín de Porres, hemos proyectado el impacto de la ejecución de este portafolio en 10 años, para lo cual requerimos la habilidad como país de alcanzar consensos. 

A la luz de los resultados, se generaría un círculo virtuoso que permitiría un crecimiento sin precedentes para el Perú, y es ahí donde entra la rentabilidad social, concepto que la industria minera formal viene aplicando, es decir, no necesariamente con ese rótulo, pero si genera empleo local, desarrollo en el entorno económico local y nacional, y opera con altos estándares de seguridad en temas de gestión ambiental. 

Además, obviamente paga impuestos, y esos fondos permiten solventar el crecimiento o mejor dicho el presupuesto de la nación y también posibilitan, vía las transferencias del canon y las regalías mineras, el desarrollo regional y local. 

Entonces, en buena cuenta es algo que venimos haciendo y lo que quiero de aquí en adelante es explicar qué efectos netos en términos de rentabilidad social, implicaría que lográramos poner en valor estos US$ 60,000 millones en proyectos. 

En la actualidad, en la industria minera empleamos a unas 200,000 personas, que cuentan con una carga familiar, pero además existe un ecosistema constituido por proveedores de bienes y servicios, contratistas, consultores, centros de capacitación y medios de comunicación, entre otros. 

De acuerdo, con el Instituto Peruano de Economía (IPE), usando la tabla insumo-producto, se ha estimado que ese ecosistema es de 8 a 1, es decir, por cada empleo directo en minería se generan ocho en forma indirecta e inducida. En ese contexto, tenemos que al día de hoy 6.4 millones de peruanos se benefician de la minería. 

Si el portafolio de proyectos se ejecuta, el concepto de rentabilidad social debería medirse a través de esos resultados. Vale decir, que si los próximos dos gobiernos ponen en valor esos US$ 60,000 millones, el total de peruanos que estarían beneficiados directa o indirectamente por el desarrollo de la minería serían 15.5 millones, de un total proyectado al 2031 de 35 millones. 

En consecuencia, más del 40% de peruanos estarían vinculados directa o indirectamente a una industria que es de largo aliento, lo que es muy importante para el país, las regiones, los distritos y las familias. Entonces, como un primer concepto de rentabilidad social tendríamos al empleo, y sin duda el impacto que podríamos tener es crecer 142% en puestos de trabajo formales.

No solamente eso. En cuanto a las transferencia vía impuestos que en 2020 han sido S/. 6,400 millones, siguiendo esta proyección al 2031, estaríamos entregando a los gobiernos subnacionales S/ 25,000 millones; sin duda una cifra muy importante si queremos cerrar las brechas de educación, salud e infraestructura. 

El tercer concepto relacionado a la rentabilidad social, es el de la reducción de la pobreza monetaria. De poner en valor el portafolio de proyectos, al 2031 tendríamos solo al 10% de la población debajo de la línea de pobreza, esto implica desarrollar capacidades en educación, salud e infraestructura pública de calidad, que integre a los espacios remotos donde opera la minería. Caso contrario, transferir dinero, crear peajes e incrementar los impuestos no necesariamente va a reducir la pobreza, que es el desafío que como país tenemos. 

Por último, un cuarto aspecto vinculado con lo que debe ser la rentabilidad social, es el encadenamiento que la industria minera genera en el país. La minería se concatena con el sistema financiero, transportes, construcción, metalmecánica, insumos químicos, textiles y energía, entre otros. 

En ese aspecto, de acuerdo con el estudio de la Universidad de San Martín de Porres, usando la tabla insumo-producto, en la última década la industria minera ha invertido alrededor de US$ 10,000 millones en compras a proveedores locales. Si nos proyectamos al 2031, con el desarrollo de los proyectos, ese número más que se duplicaría llegando a casi US$ 24,000 millones, con un significativo impacto en la economía nacional. 

En ese contexto, entender a la rentabilidad social como un tema únicamente de transferencia directa sería un error, los subsidios en un país no resuelven un problema de fondo y en eso tenemos que ser muy claros. 

Gestión pública de calidad

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha desarrollado una herramienta para medir la eficiencia de la inversión de la gestión pública y ha hecho un ranking de los países. Curiosamente, en el primer lugar de la región aparecen Chile y Panamá; más abajo en un segundo tramo encontramos a los países centroamericanos, como Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Guatemala. En un tercer grupo vemos a Perú junto con Brasil, Uruguay, Argentina y El Salvador, lo que nos da una idea que transferir fondos es necesario, pero no suficiente para asegurar una gestión pública de calidad. 

Por otro lado, en el Perú tenemos al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), que en teoría depende del Ministerio de Economía y Finanzas, y a partir del cual se desdoblan planes estratégicos de desarrollo a nivel regional, provincial y distrital, pero claramente no están concatenados porque, como vamos a ver a continuación, los fondos que se han generado en los últimos 20 años no se han traducido necesariamente en una gestión pública eficaz y eficiente. Y ese es el desafío. 

Hasta el 2016 se reportaban S/ 1,100 millones de fondos sin ejecutar producto del canon y las regalías mineras. Ese monto al 2020 se incrementó a S/ 3,400 millones. Y estamos mirando solamente el uso del dinero, no advertimos si hubo calidad en el desembolso, pero lo concreto es que no hubo capacidad de ejecución y los fondos no se han empleado. 

Por ejemplo, la región Áncash y el distrito San Marcos, que es el área de influencia directa de Compañía Minera Antamina, terminó el año pasado con S/ 520 millones en caja, sin usar, lo que representa un primer indicio que hay un problema de gestión pública. 

Un segundo indicador más pernicioso es el tema de la corrupción. Lamentablemente hay una correlación altísima entre las regiones con mayores transferencias y los gobernantes denunciados por corrupción.  

Ello nos confirma que hemos tenido un proceso de regionalización que transfirió responsabilidades y fondos, pero no conocimientos o no se ocupó de que hubiera capacidades. Y eso ha traído un nivel de corrupción que se traduce en que esos fondos públicos no hayan sido bien empleados. En el Perú tenemos 25 regiones y hay 57 gobernadores con procesos abiertos, quiere decir, que el que sucedió está en el mismo problema que el anterior. 

Sin embargo, también existen ejemplos muy positivos. La señora Beatriz Boza, a través de la organización Ciudadanos al Día reconoce a los gobiernos regionales, provinciales y distritales que han hecho un uso adecuado de los fondos públicos, lo que nos demuestran que si es posible hacer las cosas bien.

Conclusiones y propuesta

En este marco general, podemos decir que la industria minera tiene varias peculiaridades. La primera, es una actividad descentralizada, no opera en ambientes urbanos sino en zonas altoandinas, remotas. Otro atributo, es que necesariamente debe tener una planificación y una visión a largo plazo. Abrir una mina no es lo mismo que poner un restaurante: los niveles de inversión son distintos, la maduración de los proyectos es diferente y el tiempo de recuperación de la inversión también es disímil. 

Entonces, sí estamos en la capacidad de gestionar un portafolio de proyectos, concatenarlos y hacerles un seguimiento, y como industria no podemos quedarnos en simplemente el hecho de decir: yo soy un ciudadano que paga sus impuestos. 

Somos conscientes que en los entornos donde operamos hay un problema de gestión pública y tenemos que ser parte de la solución, pero ello no pasa por aumentar más impuestos a la minería, sino por atender como prioridad A1 el tema de la mejora de la gestión en el ámbito gubernamental en todos sus niveles. 

Si queremos tomar ventaja del bono demográfico, debemos alcanzar una educación y una salud pública de calidad, cerrar las brechas de infraestructura y obviamente lograr sinergias y enlazar a la industria minera como una gran locomotora con los otros sectores económicos. 

Esa es la reflexión, más allá de las frases que ahora se usan o los rótulos de rentabilidad social que se han puesto, creo que la industria minera en el Perú ha demostrado por largo que ha hecho su tarea y creo que, para poner un grano más de arena, tenemos que comprometernos a ayudar a que la gestión pública de calidad nos asegure que ese tren jale a todos.