En medio de los desafíos persistentes que enfrenta el Perú, el sector minero emerge como una fuente de esperanza y oportunidad para la atracción de inversiones y la revitalización económica. Hace unos días, se conoció la noticia que el gobierno desbloqueará 11 proyectos mineros, con una inversión total de    US$ 19,097 millones. Este hecho resalta el compromiso continuo con el desarrollo del país a través de su vasta riqueza minera.

La información se confirmó durante PDAC 2024, celebrada en Canadá, cuando el ministro de Economía y Finanzas, José Arista detalló las iniciativas clave que conforman esta propuesta. Desde proyectos con grandes inversiones como Reposición Antamina o Zafranal, hasta el desarrollo de más pequeños como Tambomayo, cada uno representa una pieza crucial en el rompecabezas del crecimiento económico sostenido para el Perú.

Además, en esta convención se presentó la “Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2024” por parte del Ministerio de Energía y Minas con 51 iniciativas y una inversión total de US$ 54,556 millones. Esto significa un aumento del 2.7% respecto a la última actualización de julio de 2023, lo que refleja mayor confianza en el potencial minero del país.

La noticia de este avance ha generado optimismo en diferentes sectores de la sociedad peruana, se destaca el potencial de estos proyectos para impulsar la economía nacional, crear empleo y aumentar los ingresos fiscales. Es que la minería representa una fuente crucial de ingresos para el país, y su ejecución responsable puede contribuir significativamente al desarrollo sostenible.

Por otro lado, la semana pasada los mineros artesanales en proceso de formalización tomaron las calles para exigir la derogación del Decreto Legislativo 1607 y un mayor plazo para el Registro Integral de Formalización Minera. Al final, el decreto fue derogado por el Congreso con 78 votos a favor y sin una segunda votación, hecho que generó preocupación en el sector. 

En una conferencia de prensa, liderada por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y a la cual se sumaron el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, la Asociación de Gremios Productores Agrario y la Asociación de Exportadores, se mostró el rechazo de estas organizaciones ante la decisión del Legislativo y la esperanza de poder conversar con el primer ministro Gustavo Adrianzén sobre el tema.

El futuro del sector minero peruano depende de la capacidad del país para abordar estos desafíos de manera integral y sostenible. Solo mediante un enfoque que combine el crecimiento económico con el respeto por los derechos humanos y la preservación del medio ambiente, el Perú podrá aprovechar plenamente el potencial de su riqueza minera y construir un camino hacia un desarrollo verdaderamente inclusivo y sostenible.

Juan Carlos Ortiz, segundo vicepresidente IIMP