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ENTRE LA PROMESA DEL COBRE Y LA SOMBRA DE LA MINERÍA ILEGAL

En medio de un panorama diverso para la industria minera peruana, se vislumbran oportunidades de crecimiento, desafíos regulatorios y preocupaciones por la seguridad. La reciente declaración de Miguel Cardozo, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), sobre el potencial del país para duplicar su producción de cobre, encendió una llama de esperanza en la industria minera.

El cobre, indiscutiblemente, es uno de los principales motores de la economía peruana, representando el 70% de la cartera de proyectos mineros. Sus precios actuales, que superan los US$ 4 la libra, ofrecen una ventana de oportunidad que no se puede ignorar. Sin embargo, este optimismo se ve ensombrecido por una serie de desafíos críticos que amenazan con obstaculizar el camino hacia un futuro próspero y sostenible.

Uno de los principales retos es la disminución de la inversión en exploración minera, que este año apenas llegaría a los US$ 500 millones, muy por debajo de la cifra alcanzada el 2012 con mil millones de dólares.

Asimismo, la reciente advertencia del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, sobre el “uso distorsionado” del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), plantea serias preocupaciones sobre la efectividad de las políticas destinadas a combatir la minería ilegal. “Lo que sí nos corresponde es el replanteo urgente de la estrategia de la formalización y la revisión inmediata del Reinfo”, indicó a un medio nacional.

En este contexto, es fundamental que el Perú adopte una mano más dura y proactiva con la gestión del Reinfo. Es sabido que muchos mineros informales se han registrado, pero no han actualizado su estado, por lo que es indispensable que se tomen las medidas correctivas para que esta situación cambie. 

Esto también implica, no solo fortalecer las medidas de seguridad y cumplimiento, sino también promover una mayor transparencia en el proceso de las decisiones que se tomarán. Todo por el bien del ecosistema minero. 

Finalmente, es esencial abordar estas cuestiones con seriedad y determinación para encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.

Juan Carlos Ortiz, segundo vicepresidente IIMP

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