En la presentación del Diagnóstico de la actual situación de la extracción ilegal de minerales en Latinoamérica y el Caribe, la viceministra de Minas del Ministerio de Energía y Minas, Mayra Figueroa afirmó que la extracción ilegal de minerales en el país ha dejado de ser solo un problema ambiental.

“Este es uno de los principales mensajes que no deja el diagnóstico. Antes hablábamos de la extracción minera ilegal en la Amazonía, hoy es un fenómeno transnacional. Su cadena de valor atraviesa fronteras y puede articularse con otras economías criminales”, explicó.

El estudio preparado por la Alianza Minera de América Latina (ALMA), identifica seis hallazgos comunes en los países analizados: la existencia de una cadena regional de suministro de mercurio, la convergencia de la extracción ilegal con otras economías criminales, las debilidades en la intermediación, la efectividad de la responsabilidad del comprador frente a las sanciones por jurisdicción, la falta de resultados de las prohibiciones de la minería formal y la ausencia de sistemas de medición comparables.

El informe plantea concentrar los esfuerzos no solo en el lugar donde se extrae el mineral, sino también en los puntos que permiten que este llegue al mercado formal.

“Mientras el suministro de mercurio carezca de control efectivo, cualquier política de interdicción en boca de mina actuará sobre las consecuencias y no sobre las causas”, alerta el diagnóstico.

El eslabón comercial

Uno de los principales focos de atención está en la comercialización. El informe identifica a la intermediación como un punto vulnerable de los sistemas regulatorios de la región, debido a que determinadas licencias y operaciones pueden facilitar el ingreso de mineral de origen desconocido a cadenas formalizadas.

Por ello, entre las recomendaciones se incluye fortalecer la trazabilidad del mineral, establecer mecanismos coordinados de responsabilidad del comprador y regular el eslabón de intermediación.

El análisis también plantea un sistema regional de medición que permita a los países trabajar con indicadores comunes y verificar avances de manera periódica.

El caso peruano

Perú ocupa un lugar central en el diagnóstico. El documento estima que el país concentra alrededor del 44% del oro ilícito exportado desde América del Sur y advierte que las cifras disponibles deben ser interpretadas con cautela porque no existe una serie oficial con metodología pública sobre producción o superficie afectada.

En materia de políticas públicas, el informe recoge propuestas que van desde una formalización asistida y controlada hasta medidas de mayor severidad penal. El exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, plantea centros públicos o mixtos de acopio, verificación y compra, junto con trazabilidad y estándares técnicos, ambientales y laborales.

Por su parte, el excongresista de la República, Edward Málaga Trillo, propone considerar la extracción ilegal como un fenómeno que trasciende lo ambiental y afecta la seguridad, la institucionalidad y la economía. “Se trata de un delito complejo y una amenaza a la seguridad nacional, a la estabilidad económica y política, a la institucionalidad pública y a la salud pública”, sostiene.

Estado presente

El diagnóstico sostiene que combatir la extracción ilegal no significa renunciar a la actividad minera formal, sino fortalecer las condiciones que permiten diferenciarla y protegerla de las economías criminales.

“La legalidad que este diagnóstico defiende no es la mera existencia de un título; es la combinación de título, trazabilidad, fiscalización sostenida y consentimiento de las comunidades afectadas”, señala el documento.

El estudio propone intervenir en los distintos puntos de la cadena que permiten sostener la extracción ilegal, desde el abastecimiento de insumos hasta la comercialización del mineral. También plantea establecer criterios comunes entre los países de la región para medir la magnitud del problema y evaluar los resultados de las políticas aplicadas.

El documento concluye que ninguna de estas medidas requiere abandonar la minería, sino reforzar la capacidad del Estado para garantizar que la actividad se desarrolle bajo reglas claras y verificables.