La transición energética de la minería peruana no puede limitarse al reemplazo de fuentes convencionales por energías renovables, sino que requiere garantizar el suministro eléctrico, ampliar la infraestructura de transmisión, transformar las operaciones y establecer una planificación estratégica de largo plazo que articule al Estado y al sector privado.

Esa fue una de las principales conclusiones del panel “Más allá de la descarbonización: el futuro energético de la minería peruana”, desarrollado durante Expomina 2026, en el que también se enfatizó que el reto será cómo atender una demanda energética creciente sin comprometer la continuidad de las operaciones, en un escenario marcado por la electrificación, la incorporación de nuevas tecnologías y la necesidad de reducir emisiones.

Para el superintendente de Proyectos Energéticos de Compañía Minera Poderosa, José Estela, uno de los principales desafíos es asegurar el suministro en operaciones ubicadas en zonas alejadas de los grandes sistemas eléctricos, donde la infraestructura de transmisión constituye una limitación para avanzar hacia nuevas fuentes de energía.

“Los principales desafíos que afrontamos como empresa es garantizar la seguridad del suministro, porque cuando hablamos de transición energética automáticamente pensamos en simplemente cambiar la fuente que nos abastece de energía por fuentes renovables, pero es más que eso”, explicó.

En ese sentido, manifestó que Poderosa, ubicada en la zona norte del país, enfrenta el reto de contar con una infraestructura que le permita conectarse a subestaciones de mayor capacidad, pues actualmente opera conectada a una red de distribución. En ese sentido, sostuvo que la planificación energética debe tener la misma relevancia que la planificación minera.

“Así como la planificación minera es importante, la planificación eléctrica o energética viene a ser tan importante como la planificación minera”, dijo.

El especialista añadió que la seguridad energética es particularmente crítica para una industria que opera de manera continua y cuyos procesos dependen de un suministro estable para actividades como el bombeo, la ventilación, la iluminación, la compresión y el procesamiento. Una interrupción no solo afecta la producción, sino que también puede generar costos significativos asociados a la paralización y posterior puesta en marcha de los equipos.

Frente a ello, consideró necesario diversificar las fuentes de suministro y contar con energía de respaldo, una estrategia en la que las energías renovables también pueden cumplir un papel relevante por sus costos y por su contribución a la reducción de emisiones.

Desde Compañía Minera Antapaccay, el superintendente de Servicios a las Personas, Giancarlo Guzmán planteó que la transición energética implica una transformación que va más allá de incorporar nuevas tecnologías, pues demanda modificar procesos, métricas y capacidades dentro de las propias operaciones.

“Es transformar toda la operación, y al transformar toda la operación, transformar personas, transformar procesos, transformar métricas, y eso es lo que realmente impacta en una nueva gestión”, indicó.

Asimismo, explicó que los proyectos de transformación energética requieren la participación coordinada de distintas áreas de la compañía, entre ellas seguridad, rescate, energía, gestión vial y recursos humanos. En el caso de Antapaccay, señaló que las iniciativas fueron impulsadas por la propia empresa, tanto desde el punto de vista financiero como tecnológico y operacional, con el objetivo de transformar sus operaciones y alcanzar los resultados esperados.

“La inversión y la necesidad de cambiar y transformar nuestras operaciones fue nuestra, con la finalidad de tener los resultados que ustedes han visto”, sostuvo.

Planificación nacional

La dimensión de la transición energética también fue abordada desde una perspectiva de política pública. La Clean Energy Officer de la Embajada Británica en Lima, Mariluz Álvarez manifestó que el debate debe partir de una transición energética justa, sustentada en estándares internacionales que permitan mejorar la planificación y fortalecer la resiliencia frente a los cambios que se avecinan.

En esa línea, destacó la necesidad de que los distintos actores participen a lo largo de toda la cadena de suministro y vinculó este proceso con la importancia creciente de los minerales críticos.

“Es clave que participemos a lo largo de toda la cadena de suministro para poder resolver ello. Creo que también algo que conecta muchísimo la minería con la energía son los minerales críticos que tenemos hoy en día”, enfatizó.

Además, consideró que el país necesita reformas y normas que otorguen mayor claridad y reduzcan los riesgos para las inversiones, complementadas con mecanismos de cooperación internacional que permitan aprovechar mejor las capacidades existentes.

“Unas reformas o unas normativas claras (...) son importantes para reducir los riesgos, tener un poco más de seguridad y también confiabilidad”, señaló.

Desde una perspectiva estratégica, el director del Instituto de Investigación del Centro de Altos Estudios Nacionales, Carlos González planteó que la seguridad energética debe ser entendida como parte de la seguridad nacional y no únicamente como una necesidad operativa de las empresas.

Sostuvo que alcanzar una mayor soberanía energética requiere una coordinación permanente entre el sector público y privado, especialmente en un contexto internacional en el que la demanda por minerales vinculados a la transición energética continuará creciendo.

“No se trata solamente de un nivel operativo, es un nivel estratégico nacional, implica necesariamente el trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público, ya no a modo de una app para hacer un proyecto, sino a modo de construcción de estrategia y planeamiento conjunto”, mencionó.

En ese contexto, señaló que el Perú tiene una posición estratégica por sus recursos minerales y su ubicación frente al Pacífico, pero que para aprovechar esta oportunidad necesita una visión de largo plazo que permita anticipar las necesidades energéticas y productivas del país.

Igualmente, consideró que el Estado debe asumir un papel central en la planificación, pero trabajando de manera articulada con las empresas y evitando que las decisiones se construyan únicamente desde una perspectiva burocrática.

“El principal garante de toda la seguridad, la seguridad multidimensional, la seguridad energética, la seguridad económica, financiera, es el Estado, y, de hecho, es ahí donde debería estar el foco de construcción, impulsar, proponer a que sea este el espacio de planificación central”, aseveró.

El panel concluyó con una coincidencia: el futuro energético de la minería peruana dependerá no solo de la incorporación de fuentes renovables y tecnologías de menor emisión, sino también de la capacidad del país para anticipar la demanda, desarrollar infraestructura, diversificar su matriz y establecer mecanismos de coordinación que permitan convertir la transición energética en una oportunidad de competitividad y desarrollo nacional.