El anuncio de Glencore sobre el inicio previsto de la producción de cobre en Coroccohuayco, en el segundo semestre de 2029, renueva las expectativas sobre el desarrollo de proyectos mineros en el Perú. Con una inversión estimada de US$ 1,800 millones, esta iniciativa demuestra el potencial de los proyectos brownfield para ampliar la producción y aprovechar infraestructura existente.

Esta noticia importa más allá de una operación. El Perú tiene 66 proyectos en cartera por US$ 64 mil millones. Convertir ese potencial en inversión efectiva requiere decisiones oportunas, pues cada proyecto que avanza puede traducirse en empleo, proveedores locales, ingresos fiscales y oportunidades para las regiones. La inversión formal necesita reglas claras y un Estado que cumpla su papel de facilitador y garante del cumplimiento de la ley.

Esa capacidad estatal también se pone a prueba frente a la minería ilegal. La destrucción de más de 30 campamentos en la zona de amortiguamiento de Tambopata es una intervención necesaria para proteger el patrimonio natural y recuperar el control del territorio. Pero el operativo no puede ser el punto final. Necesitamos presencia permanente, inteligencia y coordinación para impedir que estas estructuras vuelvan a instalarse. La formalización debe tener una ruta viable y plazos definidos; la ilegalidad, consecuencias efectivas.

La dimensión del problema se evidencia en la estimación del Instituto Peruano de Economía (IPE): las exportaciones de oro ilegal alcanzarían al menos US$ 16 mil millones a fines de año y podrían superar a las de origen legal. No hablamos solo de evasión tributaria. Hablamos de recursos que circulan al margen de la ley, daños ambientales y actividades que debilitan la autoridad del Estado.

El desafío es actuar en todos los frentes con un compromiso por hacer posible la inversión responsable y cerrar espacios a la ilegalidad. El Perú no puede resignarse a ver proyectos formales esperando decisiones, mientras las economías ilícitas amplían su alcance sin control.

Juan Carlos Ortiz, presidente del IIMP