El inicio del 2026 vuelve a colocar al Perú frente a una paradoja que arrastra desde hace años: mientras el país mantiene un enorme potencial minero y un claro interés por desarrollar actividad formal, el Estado aún no logra imponer de manera integral el orden, la legalidad y una presencia efectiva en el territorio.

Que el Ingemmet haya recibido 715 petitorios mineros en una sola jornada nacional confirma que el interés por la minería formal sigue vigente. Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) consideramos que esta es una señal positiva, más aún en un contexto regional y global donde la demanda por minerales estratégicos es creciente. 

Sin embargo, también constituye un llamado de atención: este dinamismo no puede evaluarse únicamente en términos de cantidad, sino a la luz de la capacidad del Estado para procesar, fiscalizar y acompañar estos petitorios con criterios técnicos, ambientales y sociales sólidos.

En ese mismo escenario, la reciente extinción de dominio de casi 10 kilos de oro provenientes de la minería ilegal es una noticia que merece ser reconocida. Demuestra que las herramientas legales existen y pueden funcionar cuando hay decisión y coordinación interinstitucional. 

No obstante, estas acciones puntuales no resuelven un problema estructural. La minería ilegal moviliza toneladas de mineral, millones de soles y redes complejas de violencia, corrupción y crimen organizado. 

Es en el territorio donde el Estado peruano muestra su mayor fragilidad. El caso de Pataz, en La Libertad, donde solo cuatro fiscales intentan enfrentar una realidad marcada por asesinatos, enfrentamientos armados y minería ilegal enquistada, resulta alarmante. No se pueden exigir resultados cuando las condiciones son claramente insuficientes. 

Por ello, reiteramos que la minería ilegal no se combate únicamente con operativos esporádicos, sino con presencia permanente del Estado. Mientras esa presencia sea débil, la población seguirá atrapada entre la necesidad económica y la violencia. 

Desde el IIMP insistimos en que no puede haber desarrollo minero sostenible sin institucionalidad fuerte. El Perú necesita un Ingemmet robusto, fiscalías con recursos suficientes, una policía especializada y una política clara que diferencie con firmeza la minería formal de la ilegal. 

Juan Carlos Ortiz, segundo vicepresidente IIMP