El 2025 cerró con una noticia que confirma el papel clave de la minería en la economía del país. Las exportaciones mineras del Perú alcanzaron un récord histórico de más de US$ 61 mil millones. Este resultado refleja tanto el buen momento de los mercados internacionales como la capacidad del país para sostener una industria competitiva que continúa siendo el principal motor de nuestras ventas al exterior y una fuente fundamental de divisas, empleo e inversión.

Este logro, sin embargo, también invita a mirar con atención los desafíos que enfrenta el sector. El crecimiento de la minería formal, que opera con estándares ambientales, laborales y sociales, contrasta con la persistencia de actividades ilegales que generan graves daños ambientales y debilitan la institucionalidad en los territorios donde operan.

Se estima que la minería ilegal ha provocado la pérdida de más de 100 mil hectáreas de bosques y la contaminación de múltiples fuentes de agua. Solo en el río Nanay, en Loreto, se calcula el uso de 1.4 toneladas de mercurio al año por dragas ilegales, de acuerdo con información del Ministerio del Ambiente.

En ese contexto, la reciente sentencia contra seis personas por el delito de minería ilegal agravada constituye una señal importante desde el sistema de justicia. Sancionar estas prácticas contribuye a reforzar el principio de legalidad que debe regir toda actividad económica. 

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú consideramos igualmente importante aclarar algunos mitos que suelen aparecer en el debate público. Uno de los más extendidos sostiene que la minería informal genera desarrollo en los territorios donde opera, sin embargo, un estudio reciente de Videnza Instituto revela que los distritos con fuerte presencia de minería no formal no presentan mejoras significativas en indicadores como ingresos, acceso a educación o esperanza de vida. 

La diferencia con la minería formal es clara. Cuando esta actividad se desarrolla dentro del marco de la ley, contribuye al progreso de las regiones a través del canon, las regalías, la generación de empleo formal, la inversión social y el impulso de cadenas productivas locales. Con reglas claras y supervisión efectiva, la pequeña minería también puede convertirse en una herramienta para reducir brechas y promover crecimiento.

Juan Carlos Ortiz, segundo vicepresidente del IIMP