El estudio de la Alianza Minera de América Latina (ALMA) estima que las exportaciones de oro de origen ilegal del país podrían haber superado los US$ 12,000 millones en 2025.

Lima, 09 de setiembre de 2026.- Perú concentra alrededor del 44% del oro ilícito exportado desde América del Sur, según el Diagnóstico regional sobre la actual situación de la extracción ilegal de minerales, elaborado por la Alianza Minera de América Latina (ALMA).

El documento estima que el país habría exportado entre 105 y 115 toneladas de oro ilegal en 2025, por un valor superior a los US$ 12,000 millones, una cifra prácticamente equivalente al valor del oro legal exportado.

Un fenómeno creciente

El diagnóstico advierte que la magnitud del fenómeno viene aumentando en paralelo con el valor internacional del oro. Según las estimaciones recogidas, Perú habría exportado unas 77 toneladas de oro de origen ilegal en 2023, valorizadas en US$ 4,833 millones. En 2024, la cifra habría alcanzado cerca de 92 toneladas, por unos US$ 7,000 millones, mientras que para 2025 se proyectó un volumen de entre 105 y 115 toneladas.

El informe precisa que estas cifras corresponden a estimaciones del Instituto Peruano de Economía y no constituyen estadísticas oficiales. De hecho, una de las principales conclusiones del diagnóstico es que Perú carece de una serie oficial sobre superficie afectada o producción ilícita con metodología pública.

“El país concentra una parte decisiva de la extracción ilícita de oro de la región”, señala el documento al analizar el caso peruano.

Mercurio y territorio

El problema también se extiende a la cadena de suministro de insumos utilizados para la extracción ilegal. El diagnóstico identifica a Perú como el principal destino del mercurio traficado desde México y estima que entre 44 y 50 toneladas anuales serían consumidas por operaciones de extracción ilegal en Madre de Dios. En junio de 2025, la autoridad aduanera peruana interceptó aproximadamente cuatro toneladas de mercurio en el puerto del Callao.

El informe advierte que la respuesta no puede concentrarse únicamente en las zonas de extracción. Entre sus hallazgos transversales identifica a la intermediación y comercialización como uno de los principales puntos ciegos de la regulación, debido a que mineral de origen difuso puede ingresar a cadenas formales con apariencia de legalidad.

Un vacío de información

La falta de estadísticas comparables constituye otro de los problemas señalados por ALMA. El diagnóstico decidió no construir una cifra regional única debido a las diferencias en la calidad y metodología de las estimaciones disponibles.

“Sin una vara de medición común, ningún gobierno de la región puede saber si el fenómeno crece, se estabiliza o retrocede”, sostiene el documento.

Para ALMA, establecer un sistema regional de medición con una metodología compartida permitiría contar con una línea de base común y evaluar de manera objetiva la evolución de la extracción ilegal en los distintos países.

El diagnóstico también recoge las posiciones de tres actores vinculados al debate peruano sobre la formalización: el exministro de Energía y Minas Rómulo Mucho, la excongresista Diana Gonzales y el excongresista Edward Málaga Trillo.

Los tres coinciden en que el mecanismo vigente de formalización no cumple su función, aunque plantean soluciones diferentes. Entre las propuestas figuran una formalización asistida y controlada, sistemas de trazabilidad, centros de acopio y comercialización legal, una mayor fiscalización de plantas de beneficio y rutas logísticas, y el fortalecimiento de la persecución penal y financiera contra las redes criminales.

El análisis culmina que la magnitud del problema exige diferenciar las realidades de cada país y evitar respuestas uniformes frente a fenómenos que presentan características distintas. En el caso peruano, plantea combinar la formalización condicionada con trazabilidad, control de insumos y una acción estatal sostenida.