El Perú cuenta actualmente con 16 proyectos mineros que tienen una fecha definida de ejecución, pero solo cuatro corresponden a nuevas operaciones o proyectos greenfield, mientras que los 12 restantes son ampliaciones o reposiciones, una composición que refleja el desafío que enfrenta el país para incorporar nuevos yacimientos a su producción minera, señaló el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo.

En el Jueves Minero del 17 de septiembre, sostuvo que esta conformación de la cartera muestra las dificultades que enfrenta el país para elevar de manera sostenida la producción minera, debido a que el desarrollo de nuevos yacimientos debe superar condiciones regulatorias, sociales e institucionales complejas antes de llegar a las etapas de construcción y operación.

Añadió que el avance de proyectos que ya han alcanzado etapas maduras también puede influir en las decisiones de inversión de compañías internacionales, que evalúan no solo la disponibilidad de recursos minerales, sino también las condiciones existentes para desarrollar negocios en cada país.

En ese contexto, destacó el avance de Tía María como una señal para otras iniciativas que se encuentran en cartera y planteó reforzar las entidades que participan en la evaluación de los proyectos, entre ellas la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

“Necesitamos mucha voluntad política, liderazgo para tener procedimientos más ágiles, para que las entidades a cargo de estas opiniones técnicas, la ANA, el Senace, cuenten con todos los fortalecimientos necesarios”, afirmó.

Sobre la ANA, destacó el proceso de reorganización emprendido por la entidad y sostuvo que el objetivo debe ser contar con una institución con mayor capacidad para atender los procedimientos relacionados con el agua, considerando que estos involucran no solo a la minería, sino también a sectores como transportes y energía.

En otro momento, señaló que la agilización de procedimientos debe ir acompañada de una mayor capacidad institucional para que las entidades públicas cumplan su función y contribuyan al desarrollo sostenible de los proyectos.

En esa línea, mencionó al Ministerio del Ambiente (Minam), Ministerio de Energía y Minas (Minem), Senace, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y otras entidades vinculadas a la evaluación ambiental y al trabajo con comunidades.

“Cómo empujamos a las entidades públicas, el Minam, el Minem, el Senace, la OEFA, a todas las organizaciones también vinculadas a los temas ambientales y de trabajo con comunidades, cómo las orientamos a que su trabajo sea sacar adelante los proyectos de manera sostenible”, planteó.

Gallardo también identificó una agenda pendiente para mejorar la capacidad del Estado de convertir los recursos generados por la actividad minera, como el canon, en desarrollo efectivo en los territorios, así como para fortalecer su presencia y cerrar brechas.

“Hay una agenda pendiente también para el desarrollo, para convertir estos recursos en desarrollo, como son el canon, y que haya mayor presencia en ese sentido del Estado en esos territorios y que haya más condiciones de desarrollo que hagan más viable el desarrollo de proyectos mineros”, explicó.

El costo de la demora

 Además de la tramitología y los largos plazos de los procedimientos, Gallardo identificó a la minería ilegal y la conflictividad social entre los factores que afectan el avance de las inversiones. Advirtió que la minería ilegal ya no se limita a espacios donde no existen operaciones formales, sino que también puede afectar directamente a proyectos mineros.

“Hay minería ilegal, que creo que es la principal amenaza hoy, no solo está donde no hay proyectos mineros formales, sino que se enfrentan los proyectos mineros formales, impactan en el desarrollo de los proyectos”, manifestó.

Durante su intervención, sostuvo que esta actividad también ocupa espacios de importancia ambiental o cultural y puede retrasar proyectos en distintas regiones. Mencionó, entre otros casos, situaciones vinculadas con Pataz y Las Bambas, así como proyectos como Conga, Haquira,

Los Chancas y Michiquillay.

Agregó que el IPE ha identificado 23 proyectos mineros que permanecen retrasados por factores que no dependen directamente de las empresas, entre ellos la tramitología, los conflictos sociales y la minería ilegal. Según explicó, se trata de iniciativas que debieron iniciar operaciones durante los últimos 15 años y cuya falta de ejecución también representa recursos que el país no ha podido generar mediante exportaciones, canon, regalías e impuestos.

Trazabilidad y control

Frente al avance de la minería ilegal, planteó que el Estado debe fortalecer los mecanismos de trazabilidad del oro y de los insumos utilizados por esta actividad, además de desarrollar una estrategia que permita enfrentar el comercio ilegal de minerales y mejorar la capacidad de inteligencia y fiscalización.

En ese sentido, sostuvo que una primera medida debería ser evitar una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y avanzar hacia mecanismos que permitan distinguir a quienes buscan incorporarse efectivamente a la formalidad de quienes utilizan este registro para continuar operando al margen de las obligaciones correspondientes.

El gerente general del IPE también señaló que la respuesta frente a la minería ilegal debe incorporar acciones de desarrollo territorial, presencia efectiva del Estado y programas que permitan generar alternativas económicas en las zonas donde esta actividad se ha expandido.

Gallardo sostuvo finalmente que el Perú enfrenta una oportunidad ante la creciente demanda internacional de cobre, pero advirtió que esta no debe darse por garantizada debido a que los cambios tecnológicos pueden modificar las necesidades de minerales y generar alternativas a los recursos actualmente demandados.

“Hay que aprovechar y subirnos al tren, digamos, del desarrollo como se viene y que involucra mucha demanda de cobre porque son recursos que tenemos. Entonces ahí estamos, ¿no? Hay que aprovecharlo lo antes que se pueda”, finalizó.

Como panelistas participaron en el Jueves Minero la directora del IIMP y gerenta general Legal y de Relaciones Institucionales de Nexa Resources Perú, Magaly Bardales; el exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho y la secretaria general LATAM de la Alianza Minera de América Latina, Adriana Aurazo. La moderación estuvo a cargo del director del IIMP, Edgardo Orderique.