El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, al referirse a los retos que el país enfrenta para captar inversiones responsables en un escenario de competencia regional creciente, denunció la existencia de minería ilegal en la zona del proyecto de oro Minas Conga (Cajamarca), que lleva más de diez años detenido.

En ese sentido, alertó que la falta de minería formal en áreas con alto potencial no solo representa una pérdida económica para el Estado, sino que permite que actividades ilegales contaminen el medio ambiente y causen violencia social.  

Asimismo, advirtió que los ríos que nacen en la zona de Conga estarían siendo contaminados con mercurio, insumo utilizado por los mineros ilegales para la extracción de oro. 

“Es una situación macabra”, remarcó, tras recordar que en su momento se argumentó que el proyecto no debía ejecutarse para proteger la agricultura y los recursos hídricos.

Minas Conga de propiedad de Newmont Corp., está valorado en aproximadamente US$ 4,800 millones. Su desarrollo se detuvo poco después de obtener los permisos medioambientales en 2010, tras una fuerte oposición encabezada por el entonces presidente regional, Gregorio Santos, quien posteriormente fue hallado culpable por los delitos de lavado de activos y colusión agravada en su gestión en Cajamarca.  

En otro momento, Álvarez remarcó que el proyecto Tía María constituye actualmente una iniciativa emblemática para el Gobierno, no solo por su impacto económico, sino porque representa una señal clara a favor de la inversión minera formal. 

“Tía María es un proyecto emblemático para el Perú y no podemos dejar que suceda lo ocurrido con Conga. Allí donde la minería legal, la que cumple estándares, no se desarrolla, y cede su espacio a la minería ilegal, que contamina y que ejerce violencia social y física contra las mismas comunidades que se opusieron a la minería”, puntualizó.

En ese contexto, durante un diálogo con periodistas de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, indicó que las comunidades y poblados cercanos al proyecto Tía María ya han expresado su disposición a facilitar la licencia social y se han pronunciado a favor en los procesos de consulta previa.