Un rechazo unánime, expresaron las instituciones públicas y privadas representativas del sector minero, frente a un nuevo atentado perpetrado la madrugada del 8 de mayo, contra una torre de alta tensión ubicada en Santa Rosa de Zancobamba, distrito de Chugay, en Pataz (La Libertad), que proveía de electricidad a las operaciones de Compañía Minera Poderosa.  

La empresa informó que ha sufrido constantes ataques, los cuales cobraron la vida de 17 personas. En suma, la operación fue afectada por la voladura de 15 torres de alta tensión, una subestación eléctrica, una línea de transmisión y una tubería de fuerza de la central hidroeléctrica. 

Al respecto, el Ministerio de Energía y Minas expresó su condena al accionar delictivo que viene atentando contra infraestructura eléctrica e informó que están revisando procedimientos y el marco legal para contribuir a la reducción de la actividad minera ilegal, que viene generando graves daños a la sociedad y el entorno ambiental.

Asimismo, hizo un llamado a la población y autoridades a confiar en la labor de las fuerzas del orden, que trabajan en la identificación y captura de los criminales que atentan contra la paz social en el país.

Por su parte, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, manifestó nuevamente su rechazo a las acciones de criminalidad y extrema violencia que continúan perpetrando las organizaciones vinculadas a la minería ilegal, ante la inacción del Estado peruano.

“Estos no son hechos aislados, en el país se viene sufriendo atentados contra la vida y la salud de las personas, y ataques sistemáticos a la infraestructura, invasiones de terrenos y propiedad privada. Estos actos criminales en escalada a manos de los mineros ilegales buscan desestabilizar la economía formal en el país”, señaló la organización.

A su turno, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú manifestó su más enérgica condena ante el reciente ataque terrorista perpetrado contra Compañía Minera Poderosa, un acto que refleja la creciente amenaza del crimen organizado en nuestro país.

“Nos solidarizamos plenamente con la empresa e instamos al gobierno a que tome medidas para combatir la delincuencia, que ha cobrado un alto precio en vidas humanas y ha generado inestabilidad en la industria en diversas regiones del país”, remarcó.