La no ejecución entre 2008 y 2022 de 23 proyectos mineros debido a la conflictividad y la tramitología, imposibilitó el aumento del crecimiento promedio anual de la economía de 3.9% a 4.7% en el referido periodo, con lo que 1.7 millones de personas habrían salido de la pobreza.

Así lo detalla el estudio ¿Qué estamos perdiendo como país? El impacto económico de los conflictos sociales y la tramitología en la minería, presentado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), que también estima que esta situación significó pérdidas por S/ 698 mil millones para la economía peruana y S/ 123 mil millones en recaudación fiscal. 

Además, se impidió la creación de hasta 541 mil empleos anuales durante la fase de producción y de hasta 125 mil puestos por año durante la fase de inversión minera. 

Asimismo, el estudio revela que la conflictividad social entre 2021 e inicios de 2023 obligó a 11 principales unidades mineras a detener sus operaciones, ocasionando pérdidas por S/ 7,000 millones en términos de menor PBI. Con ello, el ritmo de crecimiento económico fue 1.1 puntos porcentuales menos. 

Igualmente, la recaudación fiscal podría haber aumentado en S/ 1,800 millones, equivalente al 5.2% del total aportado por el sector minero durante dicho periodo.

La investigación evaluó el costo de los retrasos asociados a la tramitología administrativa que enfrentan los proyectos mineros, identificándose que los principales cuellos de botella están relacionados a los instrumentos de gestión ambiental y el proceso de consulta previa, en las fases de inversión y preparación de la cadena productiva.

Se estima que las demoras por la tramitología pueden extender el cumplimiento de los procesos administrativos en hasta 6 a 7 años, más del doble del tiempo normativo de 2 a 3 años. 

“En promedio, el retraso de cuatro años para un proyecto minero representativo del sector puede generar pérdidas para la economía por S/ 12,044 millones y de ingresos fiscales por S/ 2,066 millones. Además, se pierden 8,500 empleos por año durante la etapa de inversión y 7,400 empleos por año durante la fase de producción”, indica.

El estudio del IPE fue encargado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Descargue el estudio aquí: https://t.ly/8-WcE