Las recientes discusiones en torno al sector minero vuelven a poner sobre la mesa tres temas fundamentales para el futuro del país: la inclusión de más mujeres en la industria, la creciente preocupación por la trazabilidad del oro y el debate sobre el rol del Estado frente a la pequeña minería y minería artesanal.

El anuncio del Ministerio de Energía y Minas de impulsar mayores oportunidades para las mujeres en minería representa una señal positiva que debe traducirse en acciones concretas. La minería moderna necesita más diversidad, más talento y espacios donde prevalezcan la meritocracia y la igualdad de oportunidades. 

Sin embargo, este avance convive con una realidad preocupante. Mientras el precio internacional del oro continúa en niveles históricamente altos, la producción formal aurífera del Perú sigue cayendo. Esta situación obliga a preguntarnos quién está aprovechando realmente este auge y pone nuevamente en evidencia los serios problemas de trazabilidad y control que enfrenta el país.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú advertimos que el contraste entre menores niveles de producción formal y mayores exportaciones genera legítimas preocupaciones sobre el origen del mineral que ingresa al circuito comercial. La minería ilegal continúa expandiéndose en distintas regiones y aprovecha las debilidades institucionales para infiltrar oro de procedencia ilícita en cadenas formales de comercialización.

En ese contexto, preocupa seriamente que desde el Congreso se insista en propuestas como la creación de un denominado “Banco de Oro del Perú”, iniciativa que podría convertirse en un grave riesgo para el país si antes no existen mecanismos sólidos de trazabilidad, fiscalización y control efectivo del origen del mineral.

La pequeña minería y la minería artesanal requieren apoyo técnico, financiamiento y acompañamiento para avanzar hacia la formalidad. Pero la formalización no puede convertirse en una categoría indefinida ni en un mecanismo que debilite la legalidad. 

En ese sentido, sostenemos que el futuro del sector pasa por consolidar una minería moderna, inclusiva y transparente, capaz de generar oportunidades y desarrollo sostenible para el país. Pero ello, solo será posible si fortalecemos la institucionalidad, mejoramos la capacidad de supervisión y defendemos con firmeza la trazabilidad y la legalidad en toda la cadena de valor minera.

Juan Carlos Ortiz, presidente del IIMP