Hace tan solo unas semanas la Contraloría General de la República informaba que a fines diciembre de 2022, se reportaban más de 1,800 obras públicas paralizadas en todo el Perú, en los tres niveles de gobierno, por un monto de inversión superior a los S/ 21 mil millones, algo realmente preocupante en un país con enormes brechas sociales como el nuestro.

Un indicador más, que no solo refleja los problemas en la ejecución presupuestal asignada a los gobiernos cada año, sino también el deterioro de la gestión pública –con procesos lentos y burocráticos– que se ha ido acentuando en los últimos años y afecta a miles de peruanos, especialmente a los más pobres. 

Un panorama conocido, que ya no genera sorpresa, sino indignación. Y es justamente este escenario el que debemos transformar como peruanos, con propuestas sólidas, claras y sostenibles, con las que el sector minero también puede contribuir enormemente. 

Dada la amplia experiencia de la industria en temas de planificación a largo plazo y gestión de grandes inversiones, hemos desarrollado un intangible de capacidades que sería de mucha utilidad para la gestión pública y, por supuesto, para lograr el desarrollo territorial.

La propuesta es construir una figura público-privada con las empresas mineras, de manera que, como una agencia de desarrollo, transfiramos conocimiento para tener una planificación territorial robusta, una priorización de proyectos y una ejecución eficiente y transparente. 

Consideramos que las múltiples crisis que han desatado una convulsión social en el país, tienen que ver de algún modo con estos temas estructurales de fondo que no hemos logrado solucionar, y que han producido lógicamente una gran insatisfacción en un sector de la población peruana.

A la fecha se siguen produciendo actos vandálicos −los cuales rechazamos tajantemente− en diversas regiones, incluidas zonas mineras, como el reciente caso de un convoy de camiones, proveedor de la minera Antapaccay, que fue atacado por presuntos huelguistas el último fin de semana en la ruta Espinar-Arequipa, causándole daños graves a uno de los transportistas. 

A esta problemática se suman otros retos que nos toca resolver como la corrupción, la informalidad, el centralismo, la conflictividad social y la presencia de economías criminales como la minería ilegal o el narcotráfico, que generan inestabilidad en el país y desconfianza en los inversionistas.

En síntesis, lo que proponemos es la generación de agencias de desarrollo conformadas por representantes de las diferentes instancias de gobierno, las empresas mineras y la sociedad civil, con el propósito de elaborar planes de desarrollo territorial concertados, fortalecer la gestión pública y comunicar y escuchar a la ciudadanía.

Estas instancias no van a contratar ni ejecutar la obra pública, sino serán una suerte de asistencia técnica para lograr mayor madurez en la gestión gubernamental, para ayudar al progreso de los distintos territorios a nivel nacional.

Juan Carlos Ortiz, segundo vicepresidente IIMP